Los expertos se asustan ante el caos en la necrópolis del Valle de los Caídos
Miles de republicanos fueron trasladados clandestinamente, sin informar a sus familias, a los enormes columbarios del Valle de los Caídos
Una noche de mayo en Madrid me encontré con un anciano que lloraba junto a la estación de Atocha. Una mujer intentaba consolarlo. A cada palabra de ella, el anciano sollozaba con más fuerza. Yo esperaba el autobús y sentí curiosidad. La curiosidad es un imán que nos impide separarnos del lugar donde ocurre algo interesante. La mujer llevaba una carpeta en la mano. “Al menos tenemos la sentencia”, le decía. El anciano y la mujer eran de Granada y habían llegado esa mañana a Madrid para recoger en el archivo militar central la condena a muerte del padre del hombre que lloraba. Había sido empleado del Banco de España durante la II República y fusilado por los franquistas tras la Guerra Civil. Después de recoger los papeles, le preguntaron al funcionario dónde le habían enterrado y éste les dijo que miraran en el Valle de los Caídos. Fueron allí, pero aquello estaba cerrado y no les dieron razón. Ahora la mujer empujaba al viejo porque si seguía allí llorando perderían el tren de regreso.
Aunque el dolor filtrado a través de los medios de comunicación se queda en cuatro palabras o en una imagen en la pantalla, todavía hoy esa escena se puede repetir. Miles de republicanos fueron desenterrados de los campos de batalla y de las esquinas de los cementerios y trasladados clandestinamente, sin informar a sus familias, a los enormes columbarios del Valle de los Caídos. Cajas con huesos y cráneos fueron almacenados en la cripta sin que en muchos casos se supiera ni su nombre ni el lugar de procedencia. El 30 de septiembre de 2009 una proposición no de ley de los diputados Joan Herrera (ICV) y Uxue Barkos (Nabai), respaldada por el PSOE, ordenó al Gobierno que buscara, identificara y exhumara los restos trasladados a Cuelgamuros si sus familias los reclamaban. En apariencia era una empresa sencilla, pero en la práctica no. El cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica asiste a los familiares, pero la realidad vuelve a dejarles indefensos. ¿Por qué ocurre esto?
Unos años antes de la solemne inauguración del Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959, vigésimo aniversario de “la victoria”, Franco movilizó a todos los gobernadores civiles para que, a través de los alcaldes, aportaran una relación pormenorizada de las fosas en las que reposaban los “héroes y mártires de la Cruzada”. El dictador quería que el gran monumento funerario que había proyectado reuniera al mayor número posible de aquellos valientes. No en vano la obra funeraria, coronada por esa cruz de hormigón de 150 metros, ideada por Juan de Ávalos, era para Franco el mayor homenaje que podía rendir a sus muertos, comenzando por José Antonio Primo de Rivera y acabando por él cuando se muriera. El gasto fue enorme: 2.439 millones de pesetas, más de lo que, según los datos del III Plan de Desarrollo, dedicó a escuelas. Y el beneficio de los constructores José y Juan Banús Masdéu (Construcciones Molán y Empresa San Román), que emplearon a cientos de presos políticos en horadar y barrenar el granito de la sierra de Guadarrama, directamente proporcional al dispendio.
La orden de los gobernadores a los alcaldes de exhumar los restos de los muertos del bando nacional chocó, sin embargo, con el inconveniente de dejar a los republicanos como inquilinos de los cementerios de sus pueblos. Muchas corporaciones objetaron y el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, que no quería líos, resolvió el asunto diciendo que incluyeran en el lote a los paseados republicanos. De ese modo borraban vestigios. Aquellas exhumaciones se realizaron clandestinamente, si bien, cientos de tumbas eran anónimas. Nunca se informó ni se pensó informar a los familiares. Y unas fechas antes de la solemne inauguración de la monumental necrópolis nacional fueron llevadas las primeras cajas con huesos de republicanos. Algunas contenían restos de hasta quince cadáveres juntos. Llegaban de localidades de Lleida, Teruel, Tarragona, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Valencia, Castellón, Guipúzcoa… La investigadora Queral Solé buscó una tumba con milicianos del hospital militar de Lleida y cuando logró los datos sobre el lugar donde fueron enterrados y habló con el propietario del terreno, éste le dijo: “Se los llevaron a todos al Valle de los Caídos en los años sesenta”. Eran un centenar. De toda Lleida fueron traslados unos 2.600 restos, según sus cálculos.
Para muchas familias de republicanos (socialistas, comunistas, liberales) aquello fue “una profanación masiva de tumbas”. Luego se dijo que el dictador pretendía saldar cuentas para siempre con su pasado fratricida. Pero la realidad era que mientras unos, los del bando nacional, fueron documentados, otros, los enemigos demócratas y republicanos, fueron arrojados al osario sin nombre ni apellidos. Eso sí, unos y otros eran apilados según llegaban. El traslado de restos que había comenzado solemnemente con el fundador de la Falange a hombros de notables camisas azules como Girón, Pinilla y otros prebostes estuvo goteando hasta el año 1983 en que Felipe González puso fin a aquellas ceremonias para solaz de los ultras.
La dirección del Patrimonio Nacional, del que depende el Valle de los Caídos, tiene registrados 26.701 entregas de restos. La última de carácter colectivo fue anotada en 1981 y consistió en la entrega de huesos de 297 personas exhumadas en el cementerio de Torremejía (Badajoz). Algunos huesos tenían nombre y apellidos y fueron llevados en bolsas individuales. Otros fueron depositados en recipientes colectivos sin nombre alguno. Durante los años sesenta y setenta se recibieron miles de restos sin documentar. Unos 20.000 franquistas documentados descansan en el megacolumbario, según la Fundación Francisco Franco. Los restantes, hasta un número de 60.000, pertenecen al ejército republicano o a demócratas civiles que fueron fusilados, desenterrados y trasladados.
Para cumplir la petición de algunos familiares de estos últimos de recuperar los vestigios de sus seres queridos, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprovecharon en marzo el cierre de la basílica para auditar el estado de los osarios. Forenses, biólogos y un experto del Ministerio de Justicia examinaron los columbarios en mayo pasado y decidieron cerrar la operación y sellarlos de nuevo hace un mes. El Gobierno asegura que no realizaron exhumación alguna. Su informe señala, según fuentes de Justicia, que la mezcla de huesos complica extraordinariamente las labores de identificación y supone un trabajo muy costoso y prolongado en el tiempo.
Para consuelo del hombre que lloraba junto a la estación de Atocha y alivio de la mujer que le empujaba hacia el tren de vuelta a Granada supe, con la ayuda de algunos militantes históricos del PSOE, que su padre fue fusilado en Aranjuez y que sus restos no fueron llevados al Valle de los Caídos sino dignificados, junto con los de otros ciento ochenta demócratas ultimados en el real sitio, en una tumba colectiva que tiene sus nombres grabados y muchas flores sobre la lápida.
