«Un juez debe librarse de la tentación de convertirse en un activista político»
Entrevista a José Antonio Martín Pallín, autor de «¿Para qué servimos los jueces?»
nuevatribuna.es | Isabel G. Caballero 16.12.2010
Acaba de publicar un libro, ¿Para qué servimos los jueces?, en el que hace un profundo análisis del mundo de la magistratura. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Supremo asegura en esta entrevista que el Alto Tribunal «puede quedar desprestigiado con el caso Garzón» y advierte de que el «impacto» de verle en el banquillo «tardará mucho tiempo en borrarse».
Nueva Tribuna: Voy a tomar el título de su libro, presentado hace pocos días en Madrid, para pedirle una primera reflexión general: ¿Para qué sirven los jueces?
José Antonio Martín Pallín: Los jueces son indispensables en un Estado de Derecho. Sin ellos no podría funcionar y por tanto servimos lo mismo que los parlamentarios al poder legislativo o los ministros al poder ejecutivo.
NT: ¿En su opinión, cuál es el modelo de juez que necesita la democracia española?
A.M.P: La democracia española y todas las democracias. Tiene que ser un juez conocedor del derecho pero sobre todo consciente de que el Estado de Derecho no es el Estado de las Leyes. La época de Montesquieu ya pasó y estoy convencido de que Mostesquieu ahora habría rectificado porque era una persona muy inteligente. El Estado de Derecho consiste en la ley más los valores y los principios que contiene la Constitución y, además, nos dice claramente que tenemos que interpretarla a través de los derechos humanos, de los principios y garantías, etc., etc. Ese es el modelo de juez demócrata en el que yo creo. Además tiene que tener una cierta capacidad pedagógica y una cierta capacidad de razonar para que la persona, tanto al que le da la razón como al que no, entiendan (no quiere decir esto que compartan) porqué se les da o no la razón.
NT: En un artículo suyo publicado recientemente, usted dice que el juez debería ser un “actor político”. ¿A qué se refiere?
A.M.P: Efectivamente. Si consideramos como actor político las sentencias que restringen derechos o conceden derechos o incluso anulan resoluciones o actos del Consejo de Ministros y pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad de las leyes elaboradas por el Parlamento es incuestionable que ese juez es un actor político. Ahora bien, ese juez debe liberarse de la tentación de convertirse en un activista político, tiene que tener la suficiente contención para saber que su misión es esa pero no debe convertirse en protagonista y considerar que siempre la ultima palabra la tiene él. Hay un momento en que hay que autorestringirse y no ser un activista político.
NT: ¿Cree que la opinión pública española tiene una buena percepción del trabajo de los jueces?
A.M.P: Bueno, las encuestas son desoladoras. No nos colocan en un buen sitio…
NT: Junto con la clase política…
A.M.P: Exactamente, sí.
NT: También se ha mostrado crítico con el sistema de selección de jueces por estar –según sus palabras- “profundamente equivocado”.
A.M.P: Sí, sí, por supuesto, es una reliquia. Si no fuese tan importante porque se están seleccionando a personas que son un poder del Estado resultaría casi cómico. Esto es lo más parecido a un bingo, se sacan unas bolas de un bombo y te tiene que salir el 7, el 14 y el 25 y coincidir que en ese momento los tengas metidos en la memoria. Eso te exige un esfuerzo absurdo y desperdiciar la vida durante 4, 5 o 6 años para después enfrentarte a la práctica que es la que te va a dar una percepción de la realidad. Pues hagamos al revés, empecemos por la experiencia (bueno, primero por la titulación), hagamos prácticas, hagamos exámenes complementarios e incluso no estaría mal un test psicológico. Es el sistema que tienen todos los países, nosotros somos la última reliquia, no hay ningún país que tenga un sistema como el nuestro. Es el auténtico disparate de convertir a los opositores en concursantes de televisión.
NT: ¿Ha inspirado en parte su libro lo ocurrido con el juez Baltasar Garzón?
A.M.P: No exactamente. Hay un solo capítulo dedicado a la jurisdicción universal y ahí sí está presente la personalidad del juez Garzón, pero no solamente en mi libro sino en todo el mundo, en todos los lugares a los que voy me preguntan por el juez Garzón.
NT: ¿Qué va a suponer para la justicia española que Garzón se siente en el banquillo por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo?
A.M.P: Pues nada bueno. Va a ser un impacto que va a tardar mucho tiempo en borrarse y sobre todo si han decidido afrontar el tema pues en mi opinión se debe afrontar en toda su dimensión, es decir, convirtiéndolo en un juicio con la trascendencia mundial que tiene y debería dedicarse una parte importante al contraste de las dos teorías que se sostienen, la teoría que sostiene la sala de que la Ley de Amnistía y la ley de Memoria Histórica impiden actuar así al juez Garzón, y la opinión de juristas de muchísimo prestigio internacional que, dadas las características de los hechos, creen que esto se puede llevar adelante. Parece mentira que se sustraiga este debate en un juicio en el que un juez se está jugando su carrera.
NT: Lo dice porque ayer mismo el Supremo notificó que denegaba las pruebas testimoniales solicitadas por la defensa de Garzón.
A.M.P: Efectivamente.
NT: Y sobre la Ley de Amnistía, ¿tendría que derogarse?
A.M.P: No es que lo crea yo, nos lo dice el Comité de Derechos Humanos que se encarga de evaluar el grado de cumplimiento que los países hacen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. España se ha sometido voluntariamente a ese Pacto y tiene que someterse a las recomendaciones del Comité que nos dijo en su momento que pusiésemos la doble instancia penal. España lo aceptó, y ahora nos recomienda que deroguemos la Ley de Amnistía, no por un capricho, sino porque está en contra del artículo 15.2 del Pacto Internacional.
NT: ¿Pero jurídicamente sería necesario derogarla?
A.M.P: Lo que no sería necesario es haberla promulgado. Es la única amnistía en el mundo que amnistía a los demócratas. Por poner un ejemplo que entienda la gente: Marcelino Camacho tuvo que ser amnistiado en un procedimiento laboral que tuvieron que poner en marcha para aplicarle la amnistía a todos los sindicalistas que habían sido despedidos o que tenían problemas laborales por su asociacionismo sindical.
NT: El miércoles se presentó en Madrid un libro sobre Garzón coordinado por el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo que llegó a decir que el Supremo es “cómplice” de Manos Limpias y Falange. ¿Qué opina sobre esto?
A.M.P:Yo no digo que cómplice, esa expresión no la comparto, pero incuestionablemente está siguiendo un derrotero que a mí como miembro del Tribunal Supremo y de un país democrático en el que además he dedicado 22 años de mi vida me preocupa profundamente.
NT: Bien, pero ¿cree que el tribunal Supremo puede quedar desprestigiado por todo este asunto?
A.M.P: Efectivamente, las críticas de la comunidad jurídica internacional son evidentes, se han plasmado por escrito y yo las he percibido personalmente en mis viajes. No he visto ni un solo artículo doctrinal (una cosa es que se acuda a los tópicos de que al fin y al cabo es el Tribunal Supremo, en fin, eso está muy bien) pero un artículo doctrinal profundo de que la actuación de Garzón es una prevaricación no lo he oído nunca. El único artículo doctrinal un poco en contra de la tesis de Garzón, pero que en ningún caso dice que es prevaricadora, lo escribe un Catedrático de Penal, y en España hay cuatrocientos catedráticos que podrían escribir esto.
NT: En cualquier caso, este proceso no tiene marcha atrás. Habrá juicio.
A.M.P: Sí, pero primero se abre un trámite de recusación de los magistrados. [Se refiere a la recusación de cinco magistrados que tiene previsto hacer la defensa de Garzón en la causa de la Memoria Histórica].
NT: Cree que el Supremo tiene deliberadamente detenido el proceso contra Garzón
A.M.P: Es que es increíble que un juicio que no tiene nada que investigar haya tardado dos años.
NT: Con todo lo que ha supuesto la causa de la Memoria Histórica, hay quien mantiene que la judicatura ha sido el único estamento que no se ha democratizado tras la Dictadura, ¿qué opina de ello?
A.M.P: En realidad, la judicatura no tiene porque democratizarse. A nosotros no nos elige el pueblo y nuestra legitimación procede del imperio de la ley elaborada por los representantes del pueblo. En definitiva, podría perfectamente (hay muchos ejemplos a la largo de la historia del mundo), haberse incorporado lo que era una perspectiva ideológica proclive al fascismo porque muchos se refugian en la palabra franquismo como si Franco fuese el creador de una doctrina política, y no creó ninguna, es puro fascismo corporativo, y entonces se podrían haber adaptado perfectamente a la Constitución. Hay resistencias, a lo más que se ha llegado es a admitir que la Constitución es pura matemática, es decir que ocho vale más que siete.
NT: Sí, pero muchos magistrados juraron los principios del Movimiento…
A.M.P: Pues yo no los juré de milagro, porque fui a un sitio donde la sala de gobierno no estaba, y me dijeron: si no te importa te damos posesión del acta en secretaría. Fue una causalidad.
