Juristas nombrados por el PP dicen que en Valencia no es obligatorio retirar escudos franquistas

BELÉN TOLEDO Valencia

Los escudos franquistas que llenan todavía las ciudades españolas sólo reflejan «un cambio histórico» y no suponen una «exaltación» de la dictadura. En consecuencia, los ayuntamientos no están obligados a retirarlos de las calles. Esta es la insólita interpretación de la Ley de Memoria Histórica que ha hecho el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu, en respuesta a una pregunta formulada por el Consistorio de Valencia.

El Consell está formado por seis juristas que deben ser, según la normativa, de reconocido prestigio. Tres de ellos fueron designados directamente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana presidido por Francisco Camps y los otros tres por el Parlamento autonómico, ambas instituciones controladas por el PP. A pesar de ello, dos consejeros mostraron su disconformidad con la tesis del dictamen a través de sendos votos particulares.

El Ayuntamiento de Valencia pidió a este órgano asesoramiento el pasado junio después de que el PSOE -por enésima vez le pidiera que retirase los escudos franquistas que quedan en colegios y placas de calles, entre otros símbolos fascistas. Cuatro meses después, el Consell emitió un informe favorable a los intereses del equipo de Gobierno local.

El águila, «del Renacimiento»

El dictamen reconoce que la Ley de Memoria Histórica ordena a las administraciones «la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura». El informe admite, además, que la insignia franquista representa «unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un Estado democrático».

Sin embargo, el Consell llega a la conclusión de que el escudo y el resto de símbolos ideados por la dictadura «exteriorizan gráficamente el cambio histórico» de la República al franquismo, pero «no son, por sí mismos, una exaltación». Para respaldar esta conclusión, aparentemente contradictoria con lo afirmado más arriba, los juristas autores del informe analizan uno a uno algunos de los elementos que componen el escudo franquista con el objetivo de mostrar que algunos de ellos (el águila y el yugo y las flechas) ya habían sido utilizados en el Renacimiento.

Varios juristas consultados opinan que se trata de un dictamen técnicamente enclenque y políticamente interesado. «Es una interpretación sibilina y rebuscada de la norma para desviarla de su finalidad. En el fondo quieren justificar una etapa histórica», en palabras del abogado especialista en derechos humanos Juan Ramón Juániz.

«En el propio dictamen hay una contradicción tremenda, un salto en el vacío», opina José María Tomás i Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial. «El Consell Jurídic pretende adaptar la Ley de Memoria Histórica a la petición que le hace el ayuntamiento continúa y para eso ignora los criterios técnicos que se deben usar para interpretar una ley, como son la atención a su espíritu y finalidad, o la realidad social a la que va dirigida». El jurista reprocha también al Consell que analice por separado los elementos del escudo para darles un aire neutral. «El conjunto de los elementos es el que determina la identidad del símbolo», afirma.

En esta misma línea se pronunció Ana María Castellano, una de las juristas del Consellque votó en contra del dictamen. Castellano defiende la retirada de todos los escudos franquistas, «porque esos símbolos siguen teniendo un vigor y una fuerza estremecedora dentro de la sociedad actual, siguen presentes para millones de personas y tienen un significado concreto que no se puede alterar como si fueran palabras vacías».

La función del Consell Jurídic se limita al asesoramiento jurídico de las instituciones valencianas, por lo que este dictamen no es vinculante ni sienta ningún tipo de jurisprudencia en la interpretación de la ley. No obstante, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia (GPRMH) ya ha mostrado su preocupación por que pueda servir de ejemplo a aquellos políticos que se resisten a retirar los símbolos franquistas del espacio público.

De momento, el texto ya ha servido para dar soporte al Ayuntamiento de Valencia en su sistemática negativa a retirar cualquier símbolo de la dictadura de los muchos que quedan en la ciudad. No han derogado, por ejemplo, el título de alcalde honorario concedido a Franco en 1939. Aducen que el galardonado está muerto y, por tanto, no es necesario ocuparse del tema.

Además, quedan decenas de calles con nombres de dirigentes de la dictadura (una de las calles más conocidas, la Barón de Cárcer, homenajea al primer alcalde franquista). También hay un barrio dedicado a falangistas que participaron en el golpe de Estado de 1936. Además, existen símbolos en varias iglesias católicas. El más significativo está en el templo de la Santa Cruz, donde una imagen de Franco adorna el retablo como un personaje más. En reiteradas ocasiones, desde el ayuntamiento se ha señalado que la memoria histórica «no es una prioridad».

Hasta el momento, numerosas administraciones han cumplido la Ley de Memoria Histórica y se han retirado decenas de escudos franquistas. El último fue el del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, el 14 de enero. Antes, fue retirado el que presidía la fachada de la Casa das Artes en Vigo, el que adornaba el edificio de Capitanía en Barcelona y el de la Capitanía General de Valladolid, entre muchos otros. En la propia ciudad de Valencia, el Ministerio de Defensa ha retirado los escudos de tres edificios de su propiedad.

El ‘aguilucho’, libre de culpa

«Parece que las víctimas del franquismo son víctimas de segunda». Con esta frase, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso, mostraba su indignación por el dictamen del máximo órgano consultivo valenciano. El Consell Jurídic Consultiu afirma que los ayuntamientos no están obligados a retirar los escudos franquistas de las calles porque reflejan un «cambio histórico» y no una «exaltación» de la dictadura. «Llegan a dar soporte a los razonamientos con que la ultraderecha defiende la simbología franquista», se lamentó Alonso. Se sorprenden, sobre todo, de que el Consell pretenda restar peso político al escudo analizando sus elementos por separado, con afirmaciones como que el águila y el yugo y las flechas ya se usaron en el Renacimiento. «Es como decirle a una víctima del nazismo que no debe ofenderse por la esvástica porque ya se usaba en Oriente. O imponer a las víctimas de ETA que vivan bajo el escudo de la banda porque, total, sólo es una serpiente y un hacha de leñador», dice Alonso. Para rebatir los argumentos del Consell basta una lectura del Decreto de 1938 por el que el bando sublevado establece sus nuevos símbolos y hace del escudo el reflejo de su ideología totalitarista. La dictadura rompe con la tradición heráldica de los últimos cuatro siglos y decide recuperar el escudo de los Reyes Católicos para mostrar que el nuevo régimen es «radicalmente distinto al que ha venido a sustituir», dice el decreto. Le añaden, además, nuevos elementos puramente franquistas, como el lema «Una, Grande, Libre», inventado por la Falange.

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