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El Jurídic dictamina que Barberá no está obligada a quitar los símbolos de Franco

Levante-EMV.com, | 13 enero 2011

El CJC entiende que «no son una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura»

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana entiende que la Ley de la Memoria Histórica no obliga al Ayuntamiento de Valencia a retirar los símbolos preconstitucionales de los colegios, plazas y calles que todavía hoy los siguen luciendo. A petición del pleno municipal ha dictado un informe de carácter no vinculante según el cual estos símbolos «exteriorizan gráficamente el cambio histórico que supuso, al finalizar la Guerra Civil, el paso de un régimen republicano constitucional a uno dictatorial, pero no son, por sí mismos, una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica».

El pronunciamiento del CJC se produjo después de que el concejal socialista Juan Soto presentara una moción al pleno para que el equipo de gobierno municipal, con la alcaldesa Rita Barberá al frente, retirara, en cumplimiento de la legislación vigente, los símbolos franquistas que aún perduran en instalaciones públicas municipales, entre ellas los colegios Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera; la cruz de los caídos de la Porta de la Mar; o los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas y otras.

La propuesta generó un agrio debate y el rechazo del PP, que dudaba de que la Ley de la Memoria Histórica afectara a estos símbolos. Así pues, propuso como alternativa solicitar un informe al CJC para que aclarara si el Ayuntamiento estaba obligado por esta norma, cuyo artículo 15.1 dice textualmente: «Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

Y aquí está la respuesta, contraria a todo lo que ha sido el devenir de la ley desde su aplicación. De hecho, el Ministerio de Defensa ya ha retirado los escudos de la Capitanía Militar y del Gobierno Militar; y ha quitado la estatua ecuestre de Franco que se guardaba en el cuartel de Santo Domingo para llevarla a un almacén de la base Jaime I de Bétera.

Vínculos con el régimen

En su argumentación, el Consell Jurídic Consultiu confirma hasta en tres ocasiones la identidad de estos símbolos con el régimen de Franco. «Todo escudo o símbolo heráldico -dice en primer lugar- tiene por objeto representar gráficamente determinados valores con una finalidad identitaria de su usuario. En este sentido, la simbología que se incluyó a la sazón en el escudo de España pretendió representar al «nuevo estado» que surgió de la «revolución nacional»».

«Dicha simbología -continúa- es expresiva de unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un estado democrático constitucional como es el español actual».

Y para cerrar explica que «aquellos símbolos exteriorizan gráficamente el cambio histórico que supuso, al finalizar la Guerra Civil, el paso de un régimen republicano constitucional a uno dictatorial».

Sin embargo, y esta es la clave, el CJC determina que estos símbolos «no son por sí mismos una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura a la que se refiere el artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica».

«Por las razones expuestas -concluye-, no puede derivarse de la Ley de la Memoria Histórica la obligación imperativa de retirar los escudos discutidos, máxime cuando, además, el legislador podría haber establecido aquella obligatoriedad si así lo hubiera estimado oportuno, sin supeditarla al condicionante de la exaltación, bastando a tal fin únicamente que se hubiera contenido una descripción expresa de tales escudos, y anudada a ella la determinación clara, inequívoca e incondicional de su sustitución en todo caso».

El Consell Jurídic Consultiu deja abierta, en última instancia, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valencia retire estos símbolos voluntariamente.

Dos votos particulares en contra e indignación del Grupo Socialista

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu contó con dos votos particulares en contra, los de Vicente Cuñat Edo y Ana María Castellano Vilar. Pero sobre todo ha causado una profunda indignación en el Grupo Socialista y en su concejal Juan Soto, impulsor de la moción para la retirada de los símbolos preconstitucionales. Para Soto, este dictamen «es un torpedo a la Ley de la Memoria Histórica» que parte, además, de una «interpretación perversa» de la ley con la que «se intenta separar la simbología de un régimen dictatorial de la represión que se ejerció durante ese régimen», represión, recuerda, que «era una de sus actividades primordiales para subsistir».

«¿Qué escudos presidían las cárceles, las comisarías, las salas de tortura?», se pregunta Soto. «Los mismo que todavía hoy están en los colegios o en las calles», se responde.

El concejal socialista cree que «la Ley de la Memoria Histórica ha pretendido dejar claro todo esto y no se pueden separar una cosa de otra para que siga perviviendo un régimen anacrónico en los colegios de la ciudad».

Desde que se conoció el dictamen del CJC, el Grupo Municipal Socialista puso en marcha una serie de consultas de alto nivel para la posible presentación de un recurso judicial.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/12/rita-barbera-obligada-quitar-simbolos-franco/772967.html