La colza del franquismo, los desmanes de la corrupción de la dictadura. El fiscal lo tapó todo. Las víctimas llevan 50 años olvidadas

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El Caso Metílico forma parte ya de ese deleznable grupo de tragedias inventadas por el hombre, sólo superadas por las guerras y las grandes catástrofes naturales. La bebida asesina provocó más de mil muertos en el año 1963, según las estimaciones del fiscal Fernando Seoane Rico, aunque las investigaciones judiciales se basaron únicamente en las pruebas obtenidas de la exhumación de cincuenta y un cadáveres, en los que se hallaron restos de alcohol metílico en sangre. Una cifra ridícula a tenor de la magnitud de los hechos y los datos oficiosos, según los cuales millares de desgraciados cayeron fulminados tras ingerir el venenoso licor en Galicia, Canarias, Madrid, Cataluña, País Vasco, Guinea Ecuatorial y el Sáhara español.

Aquella primavera de 1963 algo inexplicable estaba provocando extrañas y masivas muertes en el rural gallego y en la costa canaria, pero nadie era capaz de aventurar su patogenia. En un primer momento se pensó en aneurismas cerebrales o en una epidemia de meningitis. Marineros de Lanzarote fallecían en pocas horas, al igual que decenas de campesinos de O Carballiño (Ourense), pero ni el más avezado de los investigadores había pensado en hermanar ambos episodios. Resultaba difícil amalgamar culturas tan dispares en busca de un anónimo y común asesino. Sin embargo, una etiqueta ofreció una pista inequívoca y certera: “Lago e Hijos, S.L.”. Esta firma acompañaba a los barriles de ron que un mayorista canario había vendido en tabernas de Lanzarote, isla en donde casualmente se intoxicaron y murieron varias personas después de consumir bebidas alcohólicas.

La trama comenzó a hilvanarse. Pronto se supo que Casa Lago, de Vigo, compraba la materia prima de sus licores al industrial ourensano Rogelio Aguiar Fernández, propietario de un almacén de aguardientes, quien, a su vez, adquirió a una empresa de Madrid 75.000 litros de alcohol metílico, altamente tóxico, y cuyo empleo estaba prohibido para “uso de boca”. A partir de ahí la catástrofe fue imparable. El Gobierno de Franco nunca reconoció, siquiera tácitamente, el error cometido al permitir durante años el libre comercio de metanol, y soslayó así cualquier responsabilidad que pudiera salpicar a la Administración franquista.

Cuatro años de intenso trabajo investigador, las declaraciones de 133 testigos, un juicio que se prolongó por espacio de un mes, y un brillantísimo informe del fiscal Fernando Seoane -de siete horas de duración- fueron precisos para aclarar el criminal entuerto. Al final, condenas de 140 años de cárcel e indemnizaciones por importe de 20 millones de pesetas pusieron el colofón a esta historia, en la que once personas no supieron medir las consecuencias de un desmesurado afán de lucro, que las llevó a envenenar el mercado de bebidas alcohólicas sin saber que con ello estaban promocionando también la muerte embotellada.

Ahora, casi 50 años después de aquel proceso -más voluminoso incluso que la Causa General de la Guerra Civil- todavía colea el sufrimiento de los ciegos, la ruina económica y el pánico generalizado en el que se vio sumida la población; y con ellos, un eterno luto y familias rotas por efecto de las bebidas asesinas.

Las amenazas de muerte tampoco faltaron en los días previos al juicio, en diciembre de 1967. Al fiscal del caso le llegaron en forma de misivas anónimas. En ellas se le “ofrecía” la posibilidad de seguir viviendo a cambio de retirar la acusación contra determinados procesados. Pero habían sido muchos años de noches en vela intentando hacer justicia como para dejarlo todo por un simple papel garabateado. “Quien te quiere matar no avisa, va y dispara“, dijo en cierta ocasión el fiscal Fernando Seoane. Y llevaba razón, porque no sólo logró elaborar un escrito de calificación pormenorizado y riguroso, sino que mantuvo la atención de la sala de vistas durante siete horas. Al final, su informe fue corroborado íntegramente por el tribunal.

La pobreza que en 1963 aquejaba al rural gallego no le era ajena a la sociedad en general; y Galicia, que en aquel entonces contaba con una renta per cápita de 12.000 pesetas (la mitad que la media española), se veía impotente, sin medios y desbordada, ante unos acontecimientos que rebasaban, con mucho, la criminalística del momento.

En reiterados escritos remitidos al Tribunal Supremo el fiscal Seoane criticaba la falta de medios técnicos, que perjudicaban la celeridad del proceso. Pero no sólo fueron los inconvenientes materiales: la sombra de una velada responsabilidad planeaba sobre muchos hombres con cartera, y eso originó dilaciones y silencios administrativos, cuando no algún que otro sugerente telegrama desde Madrid que aconsejaba aflojar el nudo.

Para intentar despejar la incógnita, el fiscal solicitó a la Presidencia del Gobierno, por medio del juez instructor del Caso Metílico, información “sobre la inadvertida presencia en el mercado, de bebidas y comestibles elaborados con alcoholes tóxicos, durante los últimos meses de 1962 y primer cuatrimestre de 1963, cuya ingestión dio lugar a numerosos fallecimientos y cegueras en diversas provincias peninsulares y ultramarinas“. También le pidió la identidad de los jefes agronómicos de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, así como el nombre de los funcionarios que tenía a su cargo el Servicio Central de Defensa contra Fraudes. La respuesta fue que ni el juez ni el fiscal tenían competencias para valorar informes realizados por los citados funcionarios. Así, el Gobierno segó el tema de un plumazo.

La sutileza la pusieron los abogados del Estado comunicando al juez que se adentraba en un “derrotero impreciso“, porque los delitos cometidos en el Caso Metílico eran de tal naturaleza que resultaban difíciles de prever antes de llevarse a cabo: “Las actuaciones criminosas de este tipo monstruoso suelen sorprender siempre al hombre normal y a la administración más cuidadosa“, sentenciaron.

Y la investigación tomó otros derroteros. A poco que uno se adentra en el caso se constata la paupérrima entereza de los controles sanitarios existentes en el Ourense de 1963, lo que permitía a los fabricantes de bebidas metílicas encontrarse con unas circunstancias muy favorables para desarrollar su proceso con total impunidad. A pesar de las demagógicas respuestas que en papel de oficio llegaban desde Madrid las condiciones para el fraude eran idóneas. La evidencia y un somero vistazo a los estudios socio-económicos de Ourense desvelaban los peligros latentes: falta de inspección sanitaria y desinformación ciudadana.

Repasando datos referidos a 1963, encontramos que la industria del vino y los licores estaba muy diseminada. Existían alrededor de 20.000 cosecheros y 200 fabricantes de licores embotellados y a granel, los cuales elaboraban sus productos sin inspección sanitaria ni análisis químico. Incluso ni en la capital había inspector farmacéutico. La deficiencia sanitaria no sólo se producía en la industrial del alcohol, sino que tenía su correspondencia con los demás campos de la sanidad pública: Ourense era una de las provincias españolas con menos camas de hospital y también con menos habitantes por médico. Era, asimismo, la provincia que arrojaba el menor porcentaje de afiliados al Seguro Obligatorio de Enfermedad, aunque, curiosamente, la proporción de fallecidos por enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil eran las mayores de España.

A la fuerza, la situación sanitaria tenía que ser deficiente y no es de extrañar que unos industriales sin escrúpulos aprovechasen la coyuntura de esta baja capacidad adquisitiva. Porque ahí radicaba el negocio: ofrecer un producto aparentemente de mejor calidad pero a un precio sin competencia. El precio del alcohol metílico era de 14 pesetas por litro, unas 16 pesetas más barato que el etílico. Pero para comprender el volumen del negocio realizado por el principal encausado, Rogelio Aguiar, es preciso apuntar que este industrial consumió 75.000 litros de metílico entre diciembre de 1962 y abril de 1963; circunstancia a la que hay que añadir que los licores fabricados con este alcohol poseían una graduación mayor que los elaborados con etílico, por lo que los industriales acusados tenían que añadir agua a sus productos para disimular la diferencia. Y un dato aún más escalofriante: una sola copa de licor elaborada con metílico bastaba para matar a una persona.

Muy pronto, el mercado se inundó de bebidas envenenadas: Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Port-Bou, Granada, Melilla, Gijón, Tenerife, Cádiz, Huelva, Zaragoza, Ferrol, Santiago de Compostela, Dakar, el Sáhara, Canarias, Guinea, Alemania… En Madrid se confiscaron 1.452 litros de licor café, ginebra y aguardiente procedentes de “Casa Barral” (un cliente de Rogelio Aguiar), y en Barcelona fueron intervenidos 300 litros de aguardiente que había comprado el Centro Gallego de la Ciudad Condal.

Sin embargo, donde más aceptación tuvo el producto fue en Ourense. Los taberneros de las aldeas, alentados por el bajo precio del aguardiente vendido por Rogelio Aguiar, no vacilaban en comprarlo. Ellos mismos elaboraban el licor café, que también era utilizado por los pequeños cosecheros del Ribeiro para “encabezar” el vino. Tampoco faltó quien rellenó botellas vacías de marcas acreditadas con los licores baratos para venderlos luego a mejor precio. La especulación estaba servida. Unos pocos industriales descubrieron que el metílico era la piedra filosofal que pondría fin a sus penurias económicas, y así el negocio comenzó a extenderse. Alcanzó incluso a empresas del litoral, conserveras, que emplearon vinagre hecho a partir de alcohol metílico para sus especialidades en escabeche (este es un dato relevante, si se tiene en cuenta que en aquella década se asentaba en Galicia el 45% de las fábricas de escabeche de toda España, muchas de ellas abastecidas por “Rosol”, otra de las firmas implicadas en el caso).

Sólo restaba, pues, predisponer al consumidor; crearle la necesidad sin sangrar demasiado su bolsillo. Para eso, las bebidas metílicas salieron al mercado a un precio netamente inferior al de otros licores de la misma especialidad. De este modo estaba asegurado el éxito de consumo entre una población de bajo poder adquisitivo, de la que era inmejorable abanderada la población gallega de los sesenta.

Con el mercado consumiendo alegremente las bebidas metílicas los problemas de salud no tardaron en llegar. El aislamiento de la aldea gallega dificultaba en gran medida una rápida asistencia médica, lo que agravó aún más la situación. En numerosas ocasiones los remedios caseros o las invocaciones a santos “milagreiros” suplían la atención facultativa, y no es extraño que los errores diagnósticos prosperasen. Fueron necesarios sucesivos fallecimientos en el Ayuntamiento de Cea (Ourense) para que el médico dedujese que algo anormal estaba ocurriendo en el pueblo.

Pero a la ignorancia hay que sumar también el exacerbado código moral del rural gallego. Al conocerse el factor desencadenante de los óbitos, muchas familias prefirieron ocultar que sus seres queridos murieron por beber alcohol. Esto privó a la investigación de exhumar decenas, cientos… quizás miles de cadáveres, a los que la vergüenza sepultó con veneno en sus entrañas. Es lo que podríamos denominar: “Culpamorfosis”.

Tras las primeras semanas, los inexplicables y repetidos fallecimientos de Lanzarote y Ourense desembocaron en mayo de 1963 en el nombramiento del magistrado José Cora Rodríguez, como juez especial para instruir el que sería el sumario 1/1963. Los 80 kilos de peso de  los 36.000 folios sirvieron para que, cuatro años más tarde, el instructor llevase al banquillo a once acusados y dos responsables civiles subsidiarios.

Todos tendrían que responder de la muerte constatada de 51 personas y de las lesiones sufridas por otras nueve. Además del fiscal, cinco acusadores privados y 13 abogados defensores expusieron sus tesis al tribunal, e interrogaron a 133 testigos y dos peritos en el juicio, que dio comienzo el 1 de diciembre de 1967.

Tres semanas después, se leyó la sentencia en audiencia pública: los acusados eran condenados a penas de entre 1 y 20 años de prisión por los delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria. La Sala reconoció que los procesados no tuvieron intención de matar o causar lesiones, aunque sí obraron llevados “por un afán desmedido de enriquecimiento, a costa de la comercialización de metílico“.

La última intervención antes del concluir el juicio fue la del abogado de Rogelio Aguiar y de su esposa, María Ferreiro, para quienes se pedían las penas más elevadas. El letrado los exculpó y pidió la libre absolución por entender que los culpables de estos trágicos acontecimientos fueron la sociedad y el Estado, debido a la inexistencia de control en la elaboración de licores. La sala de vistas se llenó de murmullos, que acalló el presidente. La rabia contenida podía adivinarse en la mirada de los familiares de las víctimas. Fue la excusa más desabrida.

Rabia contenida… Quizás la frase que mejor defina esos cuatro años de muertes y cegueras súbitas; de visitas a los mejores médicos; de penurias financieras por salvar vidas y empresas, que se extinguían a cada sorbo de la bebida asesina… Angustia en el corazón de la década “hippie”; pero no había ni mandrágora ni cáñamo, ni tampoco la alucinación se presentaba en forma de aluvión de colores: era una intensa nevada, blanca y persistente. Después, la oscuridad más absoluta. El metanol abrasaba el nervio óptico y luego el hígado y luego el sistema nervioso…

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