IU pide la modificación de la Ley de Registros Civiles para poder inscribir a todas las vÃctimas del franquismo
El grupo parlamentario de IULV-CA lo demandará en el Parlamento andaluz
SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –
El grupo parlamentario de IULV-CA demandará en el Parlamento andaluz, a través de una proposición no de Ley, que el Gobierno andaluz inste al Ejecutivo central a la modificación de la Ley de Registros Civiles, a fin de que se posibilite la inscripción de todas las vÃctimas de franquismo.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación de izquierdas pide que se faculte a los ayuntamientos para inscribir en el Registro Civil a todos aquellos vecinos censados en la población, en los momentos de su muerte, y que no tengan familiares que pudieran hacerlo, asà como a aquellos funcionarios, empleados o cargos polÃticos de la Corporación Municipal.
Asimismo, demanda que se facilite a las familias la inscripción en los Registros Civiles de las vÃctimas del franquismo, previa la presentación de documentación oficial, disponiendo para ello de asesoramiento jurÃdico gratuito. También solicita IULV-CA que se agilice la inscripción «de oficio» por parte de los Juzgados pertinentes cuando exista documentación oficial de la época que asà lo manifieste.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario explica que con la frase: «¡Tráigame dos testigos presenciales!» suele contestar un alto porcentaje de juzgados a las solicitudes de inscripción de vÃctimas (desaparecidos y asesinados) del franquismo por parte de los únicos que legalmente pueden hacerlo, los familiares.
«Ello provoca múltiples viajes al lugar de nacimiento o vecindad de la vÃctima, los recursos a la negativa de inscripción, los interminables plazos en las respuestas y, en definitiva, la demora en solucionar un viejo problema no resuelto pese a la restitución democrática con todos sus derechos y valores», asegura IULV-CA.
En esta lÃnea, el grupo parlamentario argumenta que «está constatado que a los pocos dÃas del golpe de estado se dictaron órdenes precisas para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los asesinados con la clara intención de dejar el menor rastro posible del genocidio que estaban cometiendo».
No fue hasta 1978, según explica la formación, cuando el Gobierno de la UCD aprobó una Ley de Pensiones de Guerra, para lo cual habÃa que demostrar la desaparición del familiar por el que se querÃa cobrar la pensión. «O sea, que la prueba recaÃa sobre la familia de la vÃctima y no sobre el Estado responsable de aquellos hechos, que era realmente quien contaba con la información», añade.
IULV-CA considera que el uso del Registro Civil, como fuente documental, es «esencial» en cualquier proceso de investigación de la represión, para asà poder cuantificarla, pero también para poder ponerles nombre a las vÃctimas. En su opinión, el proceso de Recuperación de la Memoria Histórica impulsada por la sociedad civil ya ha puesto de relieve «la falsedad de los datos que han sustentado la interesada equiparación de vÃctimas de la guerra».
«Pero todavÃa, 72 años después de la masacre y 30 de las primeras elecciones democráticas, ningún Gobierno ha favorecido la modificación de la Ley que regula la inscripción en dichos Registros Civiles, pese a que todos los grupos parlamentarios conocen esta situación por diferentes iniciativas impulsadas por las asociaciones», concluye la formación.