El Fiscal General del Estado ha decidido que el robo de niños durante el franquismo y la democracia no es producto de un plan sistemático

Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, ha decidido que el robo de al menos doscientos sesenta y un niños durante el franquismo y la democracia no es producto de un plan sistemático nacional y por tanto lo remite a las fiscalías provinciales.

Esta nueva decisión de Conde Pumpido ha puesto en marcha todas las alertas, sobre todo tras el amargo recuerdo de la inutilidad de una ley como la de Memoria Histórica que obligó a las familias a recorrer azarosos caminos para que las audiencias provinciales les permitieran, o no, rescatar a sus deudos de las fosas comunes.

Porque puede ser cierto que no hubiese un plan sistemático a nivel nacional para robar recién nacidos -dato este que en el franquismo y con los hijos de las presas republicanas sería muy discutible- pero no es menos cierto que se produjo en todas las provincias y que los métodos empleados para arrebatar el bebe a su madre biológica eran muy similares, por no decir idénticos.

Conde Pumpido remite a los fiscales provinciales la denuncia que la organización de afectados por adopciones irregulares, ANADIR, le entregó la semana pasada, aportando testimonios escalofriantes que prueban como de forma sostenida en el tiempo, y en determinadas maternidades de este país, se arrebató sus hijos a madres humildes y con pocos estudios.

La mayoría de los casos se produjeron en Madrid y Andalucía. Según la denuncia, en esta red de tráfico de recién nacidos estaban implicados ginecólogos, algunos con nombre y apellidos, comadronas, monjas y sepultureros. Amparaban su delito tras una repugnante pantalla de caridad, puesto que los bebes siempre eran entregados a familias pudientes, con una acendrada fe católica, y que les asegurarían una educación.

El delito perseguible, la realidad que prueba la denuncia, es que en determinados hospitales se montaron redes, perfectamente organizadas, que se lucraron vendiendo niños a parejas estériles, robándoselo a su madre con el falso testimonio de que su hijo había muerto y que no debía verlo por su mal estado.

Otro dato inquietante de la decisión de Conde Pumpido es el que no se pronuncie sobre la prescripción de tan abyectos delitos, dejando la interpretación al criterio de los fiscales provinciales. Así, podría suceder que a un niño andaluz se le considere secuestrado al nacer -delito sin prescripción-, mientras que otro valenciano, en las mismas circunstancias, se le considerase beneficiario de un acto de caridad cristiana, por lo que el posible delito -de haberlo- habría prescrito.

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