El comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón

Aunque ningún cable revelado por WikiLeaks hace referencia a la investigación de los crímenes franquistas que abrió Baltasar Garzón en 2008 y a pesar de las declaraciones del propio juez sobre la independencia de la justicia española frente a las presiones de la embajada estadounidense, esta claro que había una conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y altos cargos de la justicia española para evitar la libertad de acción de Garzón en asuntos que tuvieran que ver con crímenes contra la humanidad y la aplicación del concepto de justicia universal.

No cabe duda que Washington estaba preocupada sobre todo por su investigación de torturas en la base militar de Guantánamo y que les importó un bledo los 114,000 desaparecidos españoles exterminados por el régimen de Franco, aunque si empiezas a excavar rápidamente aparecen los restos de responsabilidad estadounidense por facilitar el genocidio de «los rojos».

¿Pero qué puedes esperar de un super país? Se trata de una Real politik que no debe extrañar a nadie que conozca lo más mínimo la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón y su juicio pendiente en el Tribunal Supremo.

Si fue difícil creer en su momento que Falange, responsable de la ejecución sistemática de miles de personas durante el golpe de estado de 1936, puede ejercer tanto poder en el marco jurídico actual, junto a un «sindicato» ultraderechista que tiene el mal gusto de llamarse Manos Limpias, ahora se entienden mejor los múltiples autos de Javier Zaragoza en contra de la investigación del franquismo desde su primer momento.

La presión metida a Garzón por abrir su investigación histórica era extraordinaria, totalmente incoherente con la previa aplicación de la justicia universal por el magistrado y otros jueces de la Audiencia Nacional y, al final, acabó resultando un aborto de la justicia a tan sólo un mes después de abrirse la investigación. Todos sabemos qué pasó a continuación. Animado por los argumentos utilizados por Zaragoza y la votación en contra de la investigación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Falange y Manos Limpias denunciaron a Garzón por prevaricación.

Si la increíble revelación de que el propio juez Luciano Varela ayudó a los querellantes a elaborar sus denuncias contra Garzón no fue suficiente para archivar el caso, la revelación de WikiLeaks en la que se ven claramente determinadas «manos sucias» de la justicia española debería ser motivo no solo para la anulación de la suspensión de Garzón, sino también la inmediata dimisión de Zaragoza y Conde-Pumpido. Mientras haya un claro consenso de los expertos de la justicia internacional en que Garzón no fue culpable de prevaricar, sería más que injusto que ellos siguieran en sus cargos después de haber puesto los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia de la justicia española y la libertad de Garzón.

Aunque no sabemos si la denuncia y la suspensión de Garzón forma parte de la conspiración en su contra llevada a cabo por los diplomáticos estadounidenses y determinados fiscales y jueces españoles, ahora la única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a sus traidores y restaurar en su cargo al ejemplar defensor mundial de los derechos humanos.

Scott Boehm es investigador en The Spanish Civil War Memory Project de la Universidad de California-San Diego.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/359332/las-manos-sucias-de-la-justicia-espanola