La asociación Anadir ha contabilizado ya 370 presuntos casos de bebés sustraídos en hospitales y clínicas de Euskadi

JUANMA VELASCO | SAN SEBASTIÁN.

El número de afectados por los supuestos casos de robos de niños en hospitales del País Vasco durante el franquismo y los primeros años de la democracia ha superado «todas las expectativas». De hecho, sólo a la reunión celebrada el pasado viernes en San Sebastián acudieron 200 personas, cita en la que pudieron comprobar que «no están solos» en sus sospechas. La agrupación Anadir -Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares- tiene contabilizados ya 370 presuntos casos en Euskadi: 200 en Guipúzcoa, 120 en Vizcaya y 50 en Álava.

Muchas de estas familias llevarán su sospecha ante los tribunales, pero antes han comenzado con la recopilación de documentos en los que acreditar su denuncia: historiales clínicos en los hospitales, legajos de aborto, partidas de nacimiento, certificados y actas de defunción… Una tarea nada sencilla y que no siempre termina con el escrito buscado. Desde Anadir aseguran que todavía se encuentran numerosas trabas para revisar y disponer de algunos pliegos y expedientes en los registros civiles, por lo que piden al Gobierno vasco que colabore y facilite «el acceso a todos los documentos», reclama Flor Díaz, delegada de Anadir en Euskadi.

En concreto, según Anadir, los afectados tienen dificultades a la hora de conseguir determinados certificados antiguos. «Hay lugares en los que las carpetas de legajos de aborto están metidas en cajas, no están clasificadas y no hay manera de encontrar nada en ellas», explica Díaz. Incluso, los propios empleados de los registros han permitido a algunas familias acceder al sótano para enseñar «el desbarajuste de algunos documentos». Ayer, sin ir más lejos, «una afectada llamó a la asociación para comunicar que en el registro civil de San Sebastián habían encontrado una caja con los legajos de aborto de toda la década de los setenta que antes no aparecía», detalla la responsable de la asociación en la comunidad autónoma.

Desde Anadir explican que las familias llevan muchos tiempo reclamando estos documentos para poder seguir adelante con su investigación. «Si en los registros civiles no tienen empleados para clasificar toda esa información, en la asociación hay afectados que se ofrecen voluntarios para hacer el trabajo», añade la delegada de Anadir.

Según explica Flor Díaz, el acceso a los legajos de aborto es muy importante. «Un ginecólogo nos dijo que se investigara en estos documentos, que ahí estaba la clave. Cuando un niño muere antes de las 24 horas se registra como feto en una carpeta que se llama legajo de aborto. Como ese niño no queda registrado ni como nacido ni como muerto, ese bebé quedaba libre y podía nacer otra vez, nacer en otro vientre, en otra familia o de padres desconocidos… Es algo que se deberían investigar».

Pruebas de ADN

Ayer mismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitaron a la Administración que se comprometa y ponga los medios necesarios para que se agilicen las investigaciones sobre las denuncias por el robo de niños. En un comunicado conjunto, anunciaron que reclamarán a los ministerios de Justicia e Interior un «pronunciamiento claro y contundente» sobre estos casos ya que, dicen, es necesario «esclarecer estos lamentables e inhumanos hechos y poner ante la Justicia a los responsables criminales de tales atrocidades». Según el SUP y AUGC, falta información, asesoramiento, medios, transparencia y mecanismos que coordinen y organicen la investigación. «No podemos ignorar la gravedad de los hechos denunciados, ni mirar a otro lado cuando estamos hablando de posibles miles de casos de niños y niñas robados impunemente», señalan.

La asociación para la recuperación de la memoria histórica reclama a su vez que «la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse también a los casos de niños robados durante el franquismo». De esta manera, las administraciones estarían obligadas a colaborar con los afectados de igual forma que se presta ayuda para localizar, exhumar e identificar a las víctimas que sufrieron la dictadura y que fueron enterradas en fosas comunes.

La asociación Anadir promueve entre los afectados pruebas de ADN de cara a comprobar si existen coincidencias en la base de datos de personas que buscan a sus familiares en todo el Estado. «La prueba cuesta 106 euros», explica Flor Díaz.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110323/pvasco-espana/afectados-robo-ninos-piden-20110323.html