«Jueces de todo el mundo apoyan la demanda de Garzón en Estrasburgo»
La abogada del juez, asegura que la denuncia pretende defender el derecho a la independencia de toda la judicatura española
NATALIA JUNQUERA – Madrid –
Hellen Duffy, abogada del juez, asegura que la denuncia presentada ante el Tribunal de Derechos Humanos pretende defender el derecho a la independencia judicial del magistrado y de toda la judicatura española
Llevaban seis meses preparando esta denuncia. Hellen Duffy, abogada del juez Baltasar Garzón en la denuncia que ha interpuesto en Estrasburgo contra el Tribunal Supremo, ha explicado a EL PAÍS que el magistrado está siendo «víctima de un proceso penal injustificado» y que el Tribunal Supremo ha vulnerado su derecho a la independencia judicial.
Por eso, añade Duffy, la denuncia no solo sirve para defender los derechos de Garzón, sino de todos los jueces españoles, «que, por miedo a las implicaciones, podrían dejar de tomar las decisiones que tienen que tomar a la hora de atender a las víctimas».
La denuncia presentada en Estrasburgo incorpora las opiniones de jueces de todo el mundo que no solo apoyan la tesis de Garzón, sino que han hecho en sus respectivos países lo mismo que el magistrado español intentó hacer en España: investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante una dictadura al entender que en esos casos no son aplicables las leyes de amnistía pues el delito de genocidio no prescribe. «El juez Garzón intentó presentar estos testimonios como prueba de descargo ante el Supremo, pero se lo impidieron, por eso es probable que la denuncia que hemos interpuesto en Estrasburgo por violación del derecho a la independencia judicial se amplíe a otros supuestos como la vulneración a un proceso penal justo, no arbitrario», explica Duffy.
Entre los peritos aportados a la denuncia que apoyan los argumentos de Garzón, añade la abogada, figuran «juristas y expertos del más alto nivel, como el actual relator de Naciones Unidas contra la tortura o los jueces Guzmán y Zafferoni de Chile y Argentina respectivamente».
A partir de ahora, el Tribunal de Derechos Humanos debe analizar la denuncia y pedir explicaciones al Gobierno de España, explica Duffy.
