La Fiscalía recurrirá los casos de bebés robados que archive el juez
El Ministerio Público sostiene que las denuncias en las que se aprecien indicios de delito no han prescrito
MATEO BALÍN |
Las Fiscalías Provinciales batallarán para que las denuncias por robo de bebés, acaecidas en hospitales de toda España entre los años 50 y 90, lleguen hasta las últimas consecuencias penales. La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de coordinar la acción del Ministerio Público, ha ordenado que los fiscales recurran el archivo de aquellas causas que lleguen a los juzgados y que el juez considere que no procede tramitar porque han prescrito. La Fiscalía de Cádiz ha sido la primera en aplicar esta orden después de sufrir el primer revés judicial. Fue por el caso de la desaparición de un bebé en el Hospital Zamacola de Cádiz, en febrero de 1979, en el que el juez Sergio Escalona, titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, decidió el «sobreseimiento libre y archivo de la causa» al considerar que los indicios de delito denunciados habían caducado. Ello, sin ni siquiera investigar el asunto.
En esta denuncia de Francisca Pinto, una mujer de Arcos de la Frontera a la que dijeron que su bebé había fallecido un día después de dar a luz, el juez decretó el archivo porque consideraba que hay aplicar el Código Penal de 1995 y que el delito prescribe una vez que el menor desaparecido es mayor de edad. Es más, el magistrado considera a los supuestos autores de la desaparición como un particular que actúa de forma independiente y no como un grupo organizado. De la misma forma, rechaza la posibilidad de que el delito investigado sea secuestro ilegal de menores, una figura cuya responsabilidad penal se mantiene indefinidamente y no prescribe.
Acusación
El recurso de la Fiscalía de Cádiz ante la Audiencia Provincial rebate los aspectos jurídicos que defiende el juez. La fiscal jefe de la provincia, Ángeles Ayuso, una de las primeras en investigar los casos de bebés robados en España, considera que el plazo de responsabilidad penal que el juez limita a la mayoría de edad del afectado es más amplio. Considera que los posibles autores que aún viven son funcionarios -personal sanitario público- cuyas penas de inhabilitación son más largas. Otro debate de fondo es considerar si el secuestro ilegal de los bebés, un fenómeno sistemático en los hospitales españoles durante 40 años, se puede considerar un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, una figura delictiva que no prescribe, como defienden muchos juristas, la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares o la ‘plataforma de niños robados’ en el franquismo.
Este argumento jurídico fue usado por el juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.
En la Fiscalía de Cádiz consideran que los casos de robos de bebés podrían ser delitos de detención ilegal de los niños, hoy con 30 y 40 años, cuya responsabilidad penal no habría caducado para los supuestos autores de estas sustracciones. No obstante, otras fuentes policiales y judiciales consideran que la «efectividad jurídica» de estas denuncias es mínima y predicen que su recorrido judicial será corto.
