El Gobierno concluye que es «imposible» exhumar a los republicanos enterrados con Franco
Una comisión de expertos decidirá si los restos del dictador deben permanecer en el Valle de los Caídos
NATALIA JUNQUERA – Madrid –
El Gobierno no exhumará los restos de los republicanos fusilados y enterrados junto a su verdugo, en el Valle de los Caídos, tal y como le habían solicitado 11 familias. «Es imposible de abordar en términos científicos», explicó este miércoles por la tarde el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la comisión constitucional del Congreso. Los forenses que el Ejecutivo envió al mausoleo a examinar el estado de los restos se ven incapaces de cumplir el deseo de esos familiares , tal y como adelantó EL PAÍS el pasado 14 de octubre. Los huesos están mezclados y muy deteriorados por filtraciones de agua y tierra. En el Valle de los Caídos yacen 33.847 personas, 21.317 de ellas con nombre y apellidos.
El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, ha convocado a las familias afectadas este jueves por la tarde para explicarles personalmente la decisión y mostrarles el informe final de los forenses. Fausto Canales, hijo y sobrino de dos republicanos fusilados por falangistas, arrojados a una fosa común y trasladados después sin consentimiento de la familia al Valle de los Caídos insiste: «Tienen que rescatarlos de ese lugar inenarrable. Cueste lo que cueste».
Rubalcaba ha invitado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a consensuar «cuanto antes» qué hacer en el Valle de los Caídos para convertirlo en un monumento «de reconciliación». El Gobierno tiene previsto aprobar un real decreto para constituir una comisión de expertos de distintas disciplinas, en la que ya trabaja el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, para que sean ellos los que decidan qué hacer en el monumento, y sobre todo, con los restos del dictador.
El vicepresidente del Gobierno ha anunciado que a partir del jueves estará disponible en internet el mapa de fosas del franquismo elaborado por el Ejecutivo con los datos que le han facilitado las comunidades autónomas. Ninguna gobernada por el PP ha proporcionado información al respecto. En estos casos han sido las asociaciones de víctimas las que lo han hecho. El rastro de la barbarie tiene más de 2.000 enterramientos comunes por toda España. «Ningún ser humano debería estar enterrado en una cuneta», ha declarado Rubalcaba en el Congreso. El Gobierno ya ha concluido el protocolo de exhumaciones, que marca las pautas científicas a seguir y que espera consensuar con las comunidades autónomas.
El vicepresidente ha hecho además balance del cumplimiento de la ley de memoria histórica, a petición propia, en la comisión constitucional. Así, ha recordado que desde la aprobación de la ley, se han concedido más de 25 millones de euros a proyectos de reparación a las víctimas y la nacionalidad española a 187.609 descendientes de represaliados en el exilio, la mayoría residentes en Latinoamérica. Además, se han eliminado de calles y edificios públicos 570 vestigios del franquismo, aunque aún quedan algunos por el «elevado coste» que supone retirarlos. Joan Ridao, de ERC, le afeó que en Cantabria, «su tierra natal» aún había calles «al generalísimo Franco». Jorge Fernández Díaz, aseguró que la ley había «dividido profundamente a los españoles». Rubalcaba le contestó que los tres años desde su aprobación demostraban que no era así.
