Vecinos sostienen que fueron provocados por las asociaciones de la memoria, mientras que IU y PSOE piden al PP que penalice a sus ediles

 

DANIEL GARCÍA-MORENO | ÁVILA.

La Asociación por la Memoria Viva, la Asociación de Familiares de Republicanos Desaparecidos (Afarede), el Foro por la Memoria de Ávila y el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera presentaron ayer una denuncia en la Guardia Civil de Arenas de San Pedro contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Poyales del Hoyo (Ávila) por los altercados registrados el domingo en un acto de protesta convocado por el traslado de los restos de nueve víctimas de la Guerra Civil a una fosa en el cementerio municipal.

La denuncia, firmada por 17 personas, acusa al alcalde, Antonio Cerro, y, en su ausencia, a los cuatro miembros del Partido Popular que integran el equipo de Gobierno de «jalear» a los vecinos, quienes, «animados por los denunciados», llegaron a «amenazar, proferir insultos» y hasta a «empujar» al cerca del centenar de personas que se dieron cita en la plaza de El Moral convocados por las asociaciones en defensa de la memoria histórica, informa Ical. Las asociaciones han pedido a la Fiscalía que actúe de oficio ante lo que consideran «un ultraje».

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la actuación del alcalde de Poyales del Hoyo de devolver a una fosa común los restos no debe tener «justificación ni amparo», recoge la agencia Europa Press. «No es comprensible que una institución municipal niegue derechos fundamentales como el de una sepultura digna y borre los nombres de seis hombres y cuatro mujeres que fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer, sufriendo sus familias el peor acto terrorista».

Delito

Por estos motivos, la ARMH espera que los dirigentes del Partido Popular tomen medidas para reconducir la situación y que el alcalde de Poyales, Antonio Cerro, «repare el error cometido por el edil popular, que podría haber cometido un delito». El colectivo explicó que el artículo 526 considera delictiva la «falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violar los sepulcros o sepulturas, profanar un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruirlos, alterarlos o dañarlos», y se está analizando si el modo y la acción llevada a cabo podrían suponer la vulneración del artículo 510, que considera delictivos los actos que «provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias».

La ARMH recordó que en el nicho, cuyos gastos fueron sufragados por las familias de las tres primeras mujeres exhumadas, se encontraban los restos de Virtudes de la Puente Pérez, de 53 años; Pilar Espinosa Carrasco, de 43; Valeriana Granada, de 26 años, embarazada (exhumadas el 24 de octubre de 2002); Régulo Martín Plaza, de 36; Francisco Martín Vélez, de 69; Ceferino Gómez Díaz, de 82; Tomasa De la Peña García, de 62; Benjamín Gómez De la Peña, de 24 (hijo de los dos anteriores); Tomás Retamal Sánchez, de 32, y Emilio García Hornillos, de 34 (exhumados en mayo de 2010).

Por su parte, el portavoz de IU en las Cortes, José María González, hizo un llamamiento a «la racionalidad» y solicitó a Juan Vicente Herrera, como presidente del Partido Popular en Castilla y León que «tome medidas». El senador y secretario de Organización del PSOE de Ávila, José María Burgos, responsabilizó al PP de los incidentes porque «integrantes» de este partido «propiciaron el ambiente previo».

Mientras, los vecinos consideran que «la polémica no debió salir del círculo del pueblo», que «lo vivido ha sido tenso y desagradable» y argumentan que son «un pueblo tranquilo y tolerante» pero, apostillan que fueron «a provocar». Por su parte, el regidor, Antonio Cerro, declaró que el traslado de los restos a una fosa común se debió a «razones humanitarias».

Como medida provisional, la Delegación del Gobierno mantiene la presencia de agentes de la Guardia Civil en el pueblo para evitar nuevos altercados.

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110809/avila/piden-fiscal-investigue-oficio-20110809.html