El Ejército brasileño impide que se haga justicia por la dictadura
El Gobierno aprueba una Comisión de la Verdad descafeinada que garantiza la impunidad
NAZARET CASTRO 23/09/2011
Después de casi dos años de negociaciones, el Congreso brasileño aprobó el miércoles el proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crÃmenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados entre 1946 y 1988. Este periodo incluye la dictadura militar, que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Según el texto propuesto por el Ejecutivo, pendiente todavÃa del trámite en el Senado y de la sanción final de la presidenta, Dilma Rousseff, la comisión pretende «examinar y esclarecer las graves violaciones de derechos humanos» cometidas en ese periodo, para «promover la reconciliación nacional».
Pero para las vÃctimas de la dictadura, y la izquierda del paÃs, esta comisión nace descafeinada y desvirtuada, debido sobre todo a la presión de los militares y de la derecha.
La Ley de AmnistÃa, de 1979, prevalece sobre la nueva comisión
Las vÃctimas creen que la comisión contribuirá a investigar los crÃmenes, pero no servirá para depurar responsabilidades penales. La razón es que, por encima de esta comisión, prevalece la Ley de AmnistÃa, aprobada en 1979 bajo la égida de los militares, que garantiza la impunidad a quienes cometieron crÃmenes polÃticos durante el régimen.
Asà lo garantiza el fallo del Tribunal Supremo Federal que, el 10 de abril de 2010, decidió que la ley de 1979 no debe alterarse para permitir el enjuiciamiento de los homicidas y torturadores.
El miedo de los militares
La comisión nace con otros lastres, que satisfacen reivindicaciones del estamento militar, temeroso ante la posibilidad de que la amnistÃa estuviera en juego. Para empezar, los trabajos de la comisión abarcarán 42 años de la historia reciente brasileña y no sólo los 21 que duró el régimen militar. Para los movimientos sociales, esto supone un grave obstáculo para esta comisión, que difÃcilmente podrá profundizar en una investigación tan vasta con sólo siete miembros y en un plazo de sólo dos años. Bajo la presión de los militares, en el texto fundacional de la comisión el término «represión polÃtica», que figuraba en el borrador inicial, ha sido borrado. Los siete miembros de la comisión, nombrados por Rousseff, tendrán la posibilidad de recoger declaraciones de vÃctimas y de intentar localizar los restos mortales de los asesinados.
Entre las vÃctimas reina la decepción con el Gobierno de Dilma Rousseff
La creación de una Comisión de la Verdad aparecÃa ya en el plan de derechos humanos aprobado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en diciembre de 2009, pero su Gobierno se echó atrás ante la firme oposición del Ejército y la proximidad de las elecciones. Cuando venció en los comicios Roussef, exguerrillera que fue torturada por los militares, la izquierda brasileña recobró las esperanzas de recuperar su memoria e indagar en esa historia enterrada desde 1979, cuando se aprobó la Ley de AmnistÃa.
Una esperanza frustrada. Entre las asociaciones de defensa de derechos humanos, como el Grupo Tortura Nunca Más y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos, el clima es de decepción. Creen que el Gobierno está usando el proyecto como «una cortina de humo» para no cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) que, al condenar al Estado brasileño por masacrar a la guerrilla comunista de Araguaia, exigió la responsabilidad penal de los culpables, criticó la amnistÃa y pidió autonomÃa para la Comisión de la Verdad.