Zaragoza: Fiscalía sobreseerá en unos días todos los casos de ‘niños robados’
El ministerio público no logra hallar indicios incriminatorios
E. BAYONA
Cinco asuntos ya habían sido rechazados en firme por los tribunales
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza archivará en cuestión de días 22 de las 25 diligencias que tiene abiertas para investigar supuestos episodios de robo y venta de bebés entre los años 40 y 80, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Los otros tres asuntos se encuentran en su fase inicial; de hecho, uno de ellos ha sido incoado esta misma semana.
Cinco de los asuntos que serán sobreseídos ya habían sido resueltos años atrás por resoluciones judiciales firmes. En todos los casos, el archivo decretado por los juzgados de instrucción al no hallar pruebas de la comisión del delito ni poder dirigir las acciones contra personas concretas fue después ratificado por la Audiencia de Zaragoza e incluso, en algunos casos, el Supremo rechazaba posteriormente los recursos de casación que los denunciantes.
Una denuncia presentada por Antonio Barroso, fundador de Anadir –asociación de víctimas de adopciones irregulares–, se encuentra en este bloque.
En el grueso del resto de los casos, este mes concluye el plazo de seis meses que la legislación da a los fiscales para investigar asuntos, ya que Anadir presentó la mayoría de las denuncias en marzo. El investigador solo tiene entonces tres opciones: judicializar el asunto mediante una denuncia que impute hechos precisos a alguien concreto, archivarlo si las pesquisas embarrancan o pedir una prórroga a un superior si ve posibilidades de poder formalizar una acusación.
VÍA MUERTA Las investigaciones de esos 17 presuntos robos y ventas de niños entre los años 40 y 80 en la provincia de Zaragoza se encuentran en la segunda de esas situaciones: a los ocho fiscales encargados de los asuntos les ha resultado imposible acreditar la comisión de delitos y, obviamente, sus supuestas autorías. Eso, a pesar de haber recabado documentación de instituciones, obtenido datos, inscripciones y actas de registros, tomado declaración a denunciantes y testigos y accedido a información de cementerios.
Los denunciantes situaban los supuestos episodios de robo y venta de niños cometidos en centros sanitarios de la provincia de Zaragoza entre los años 1947 y 1986. Sin embargo, los datos que ofrecían para esclarecer lo sucedido presentaban en algunos casos poca consistencia.
De hecho, dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona se llevaron una sorpresa cuando, al entrevistar a una de las mujeres por orden de la Fiscalía de Zaragoza, esta les pidió dejar sin efecto la denuncia: les confesó que en realidad ella no era una niña robada sino un bebé adoptado que ahora, de mayor, quería obtener datos sobre su padre biológico. Otra se animó a ir a Fiscalía «por todo lo visto y escuchado» en los medios.
