En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país

 

843 procesados, 266 condenas, cerca de 500 detenidos, 1.200 cuerpos recuperados en 27 años, 505 identificados y una búsqueda abierta. Son los datos de la reparación de las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país. Observando cómo han gestionado  su propio proceso, son muchos los motivos que tienen para confiar.

Familiares de víctimas del franquismo apelaron a la justicia universal desde Buenos Aires (Argentina) cuando las autoridades judiciales españolas suspendieron temporalmente al juez que trató de esclarecer los asesinatos de sus ascendientes. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de enero tras la denuncia por prevaricación que interpuso contra él Manos Limpias. El sindicado ultraderechista le acusó de no tener competencia en la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, considerados de lesa humanidad por organismos internacionales.

El pasado 3 de diciembre, la hija de Franco nombró Caballero de Honor de la fundación que defiende el nombre de su padre a Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. La Fundación Francisco Franco otorgó la misma distinción a José Utrera Molina, dos veces ministro en el franquismo y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia.

Ante el contexto de acontecimientos desfavorables para las víctimas y sus familiares, en el que ven lejos la satisfacción de sus demandas de justicia, es inevitable que éstas dirijan su mirada hacia Argentina y busquen en el país andino la vía para obtener la reparación que no hallan en España.

Una fosa común en la provincia de Tucumán.-AP

El proceso, que comenzó el pasado 14 de abril de 2010 con la denuncia  presentada en un juzgado bonaerense, prosigue y ahora España deberá faciliar a la jueza que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini de Cubría, los datos de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de Falange hasta el 15 de julio de 1977. El exhorto fue enviado el pasado 13 de diciembre desde el ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos al Gobierno español.

Pero la perspectiva judicial argentina no es la única en la que se fijan víctimas, familiares y asociaciones de derechos humanos en España. El proceso integral y judicializado de recuperación e identificación de desaparecidos que se está llevando a cabo en ese país supone el paradigma de actuación que se espera de un estado democrático.

ARGENTINA HACE SUS DEBERES

Por ejemplo, desde el pasado abril, el Código Penal argentino considera crimen de Estado la desaparición forzada en la que participen fuerzas policiales y, el Gobierno, a través de convenios firmados con asociaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha formalizado e institucionalizado la búsqueda e identificación de los desaparecidos.

El estado argentino tardó casi dos décadas en asumir la tarea de la reparación, pero una vez adoptada esa responsabilidad en 2003, tras derogar las leyes de amnistía , comenzó un proceso de normalización que afecta a los juicios que aún se están celebrando contra los responsables del ultimo régimen militar (1976- 1983).

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”, señaló Luis Fondebrider, antropólogo forense y miembro del EAAF, la semana pasada en Madrid, durante la jornada de balance de 27 años de trabajo del equipo.

Hasta la fecha, un total de 843 personas han sido procesas en juicios que se desarollan en diferentes regiones del país. De ellas, 449 irán a juicio y hay 593 cumpliendo condenas preventivas. Desde 1984, se contabilizan un total de 266 condenas firmes. Todo, según los datos del ministerio Fiscal argentino publicados el pasado 23 de diciembre.

“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”

Todas estos pasos vienen a profundizar la idea de la normalización de los procesos que reparan a las víctimas de las dictaduras. En Argentina, estos mecanismos se desarrollan en un clima de aceptación por parte de una sociedad “que no niega lo que sucedió en su pasado reciente”, explicó Mercedes Salado, integrante del EAAF.

FORENSES INTERNACIONALES

En 1984 surge el Equipo Argentino de Antropología Forense para dar respuesta a la desconfianza que la población tenía hacia los cauces oficiales. A lo largo de estos años, este organismo no gubernamental ha trabajado en exhumaciones en Timor Oriental, Bosnia, Croacia, Sudáfrica, Angola, Etiopia, Kenia, México, Honduras y Guatemala entre otros muchos. Trabajan bajo peticion de Comisiones de la Verdad, de organismos internacionales, estados o agrupaciones de familiares de víctimas.

La identificación de dos españoles asesinados en centros clandestinos de detención fue posible gracias a la labor de esta ONG. En  diciembre de 2009 se identificó al primero de ellos, Manuel Coley Robles, y al segundo, Urbano López  le devolvieron su nombre el pasado mes de septiembre. Ambos formaban parte del Habeas Corpus (requerimiento a las autoridades para llevar al detenido ante el juez)  presentado, en 1983,  por el cónsul general de España en Argentina a favor de los españoles involucrados en casos de detenciones forzadas.

El Equipo, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Justicia español y argentino, recabó en 2008 50 muestras de sangre de españoles que creían tener familiares entre los desaparecidos durante la dictadura de Videla. Estas muestras, que se recogieron a traves de los cinco consulados de Argentina en España,  se sumaron a las miles que ya integran el banco de ADN necesario para identificar los restos humanos que se van recuperando en los procesos de exhumación.

Salado recordó que en España no han intervenido ya que aquí ya existen  “muchos profesionales haciendo una importante labor”. Pero hubo una exhumación en la que si jugaron un papel activo: la de la única fosa que se ha abierto en España por orden judicial, en Benavente (Zamora). “Fuimos tan solo para explicar que aquello era algo normal, que nosotros lo hacíamos siempre de ese modo y que no pasaba nada por ello“, rememoró.

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/27/argentina-presiona-a-la-justicia-espanola/