Ensañándose con la justicia
En estos dÃas se nos brinda la oportunidad de contemplar un dantesco espectáculo judicial
En estos dÃas se nos brinda la oportunidad de contemplar un dantesco espectáculo judicial, en ese circo en el que se ha convertido el Tribunal Supremo, viendo cómo se enjuicia al protagonista, Baltasar Garzón, por declararse competente para investigar crÃmenes de lesa humanidad.
Y es que el evento es todo un escarnio a la justicia. Esta farsa que se está llevando a cabo no es pequeña, atendiendo a los hechos: las personas desaparecidas por la represión franquista desde el levantamiento armado contra la II República se cifran en unas 113000, de las cuales la mayorÃa morirÃan asesinados en las tapias de los cementerios o en las cunetas, donde posiblemente seguirán olvidados sus huesos. En las últimas décadas, el estado español ha firmado una larga retahÃla de convenios y acuerdos internacionales que le comprometen a investigar los casos de ‘deportaciones, tortura, persecución y desapariciones forzadas’. La lógica del derecho lleva a pensar que esta investigación deberÃa tener lugar, como ya ha ocurrido en Chile, Argentina o Brasil con asesinatos en masa similares… pero aquà eso no está pasando.
Aquà nos topamos con una de las trampas de la ejemplar transición: la Ley de AmnistÃa de 1977. Esta ley, que en aquel momento se creyó que amparaba a los presos por motivos polÃticos, ahora, vista con al perspectiva que dan los años pasados desde entonces, se revela como la coartada que esgrimen las élites de la dictadura para conseguir la impunidad de sus crÃmenes durante sus años en el poder. La amnistÃa ha significado impunidad para el franquismo. Han blindado los crÃmenes de la camarilla de Franco para una investigación, que no ya una condena, de delitos como genocidio, crÃmenes contra la humanidad que no caducan ni son amnistiables en ningún caso. A Franco, incluso en democracia, se le está colocando por encima de los derechos humanos.
No es un asunto menor el por qué se quieren tapar las vergüenzas del régimen de Franco. La legitimidad del sistema vigente radica en sostener la idea de que la transición fue un proceso ejemplar; con la salvedad de que esta afirmación es desmentida ampliamente en el extranjero, donde el rendir cuentas a la justicia por parte de los capitostes de una dictadura es un asunto innegociable. Si una causa judicial es capaz de cuestionar y anular una de las leyes fundamentales de este proceso, se pondrÃa en tela de juicio a la transición entera, pues serÃa la demostración de que aquello no se hizo correctamente, y esto llevarÃa a muchas preguntas interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente: ¿Por qué se toleró durante tantos años esta situación? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la impunidad? ¿Por qué la corona, que capitaneó la transición, amparó esta infamia? ¿Quiénes han estado interesados en sostener esta mentira, y por qué?
No somos pocos los que consideramos que es de justicia absolver al juez Garzón de esos cargos absurdos, para que pueda continuar con la instrucción de la causa de los crÃmenes del franquismo y para que cualquier juez en el ámbito de su competencia pueda investigar lo que sucediera en ese periodo con absoluta libertad. Y si ello requiere anular la AmnistÃa de 1977, que se anule, como se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya que no serÃa admisible que en una democracia una ley pudiera bloquear una investigación sobre derechos humanos. A no ser que este sistema sea la fachada que envuelva unos poderes que tengan poco de democráticos.
Por ello hay que denunciar el ultraje a todas las vÃctimas del franquismo y a sus familiares que supone este juicio polÃtico, realizado para evitar que se investigue el franquismo y los crÃmenes contra la humanidad que se cometieron durante este periodo. Es un juicio contra todos los que denunciamos que la Transición no fue ni mucho menos ejemplar y que en ella se apuntaló la impunidad de los criminales franquistas. Un juicio contra los que nos negamos a aceptar este régimen en el que se rinden tributos a un ministro de la dictadura y se persigue a un juez por querer investigar los crÃmenes del fascismo.
Luis Iglesias
PRE-IR Tarragona
Secretario de Comunicación de IR
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