Garzón alega que la Ley de AmnistÃa no puede aplicarse en crÃmenes contra la humanidad
El juez ha defendido ante el Tribunal Supremo su «obligación» de investigar las denuncias sobre los crÃmenes del franquismo
31 Enero 2012
«Los crÃmenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener carácter polÃtico de ningún tipo, son crÃmenes contra la humanidad», ha asegurado el magistrado durante su declaración en el juicio que se sigue contra él por investigar los crÃmenes del franquismo. «Hice lo que tenÃa que hacer. Los jueces no estamos para ideologÃas, cada uno tendrá la suya. Aquà no hubo ideologÃas», ha subrayado.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido ante el Tribunal Supremo su «obligación» de investigar las denuncias sobre los crÃmenes del franquismo que recibió en su juzgado y que obedecÃan a «un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas». Ha comparado esta causa con la instrucción tramitada por el magistrado Ismael Moreno sobre «criminales de guerra nazis», en la cual la FiscalÃa no se ha opuesto a abrir una investigación.
Garzón ha asegurado ante el Tribunal Supremo que su decisión de declararse competente para investigar los crÃmenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo no fue «una cuestión de ideologÃa». «Hice lo que tenÃa que hacer. Los jueces no estamos para ideologÃas, cada uno tendrá la suya. Aquà no hubo ideologÃas», ha afirmado.
En su declaración ante el tribunal que le juzga por un delito de prevaricación, el magistrado ha mantenido que aceptó investigar estos hechos en aplicación de la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó al ‘caso Scilingo’ y a partir del mismo criterio que le permitió dictar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
«No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno de los procedimientos en los que correspondÃa esta decisión procesal. Hice exactamente igual, ni más ni menos», ha mantenido el juez a preguntas de su abogado, Gonzalo MartÃnez-Fresneda.
Constituyen un delito permanente de desapariciones forzadas
«Los crÃmenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener carácter polÃtico de ningún tipo, son crÃmenes contra la humanidad»
Garzón ha mantenido su convicción de que los crÃmenes cometidos en España entre 1936 y 1951 constituyen un delito permanente de desapariciones forzadas en un contexto de crÃmenes contra la humanidad y conexo al delito contra Altos Organismos de la Nación, lo que justificaba la competencia de la Audiencia Nacional.
AsÃ, ha recalcado que en ningún momento sorteó la Ley de AmnistÃa, como estableció la mayorÃa de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque los «efectos» de este tipo de delitos permanecen en el tiempo». «Los crÃmenes de la naturaleza que se denunciaron no pueden tener carácter polÃtico de ningún tipo, son crÃmenes contra la humanidad», ha defendido.
«Me correspondió un asunto en reparto automático y a partir de ahà hice lo que creà que tenÃa que hacer acomodándome a las normas legales en vigor y a las internacionales», ha señalado antes de recordar que en las causas sobre las dictaduras argentina y chilena la FiscalÃa presentó «recursos durÃsimos» y luego «cambió de oposición y mantuvo la acusación».
«No habÃa ningún dato de censo sobre desaparecidos»
En este contexto, ha señalado que antes de aceptar la investigación y en una fase de diligencias a prevención solicitó a varias instituciones un censo oficial de desaparecidos, aunque sólo el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, le facilitó los datos que habÃa reclamado.
«Un organismo me mandaba a otro. Ningún organismo contribuyó, sólo el alcalde de Madrid», ha señalado Garzón al explicar que tuvo que dirigirse «en cadena» a los Ministerios de Interior y Defensa, a la Conferencia Episcopal y a los Archivos Histórico Nacional, de la Guerra Civil y General de la Administración para llegar la conclusión de que «no habÃa ningún dato de censo» sobre desaparecidos.
AndalucÃa, PaÃs Vasco y Cataluña también le suministraron los datos que necesitaba
Garzón, que ha añadido después que los Gobiernos de AndalucÃa, PaÃs Vasco y Cataluña también le suministraron los datos que necesitaba, ha explicado que precisaba de estos listados para dirimir si era competente para asumir la causa. Lo hizo el 16 de octubre de 2008 tras haber recibido de las Asociaciones de Memoria Histórica un listado global en el que referÃan la existencia de 114.000 casos de «desaparecidos sin vinculación con la confrontación de la Guerra Civil, durante, al margen y después de la misma».
Tras ello, solicitó a la PolicÃa Judicial que desarrollara «una investigación» para poder acreditar que los principales responsables del Alzamiento Nacional y de Falange, a los que se atribuÃan las desapariciones, estaban muertos. Según ha explicado, esa constatación hizo «decaer la competencia por el delito contra Altos Organismos de la Nación», por lo que el 16 de diciembre de 2008 acordó ceder la competencia a los juzgados territoriales».
En este punto, ha recordado que unos juzgados «dejaron en suspenso la tramitación, otros la aceptaron y al menos dos, los de Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), plantearon cuestión de competencia» que elevó al Tribunal Supremo».
Investigación sobre Paracuellos
«no habÃa nada en ese caso que adujera o se refiriera a delitos contra Altos Organismos de la Nación»
Garzón, que también ha defendido durante su intervención el derecho a la «verdad, la justicia y la reparación» de todas las vÃctimas, ha rechazado que esta causa sea similar a las querellas que le presentaron en su juzgado por los asesinatos que tuvieron lugar en Paracuellos del Jarama (Madrid) durante la Guerra Civil.
Según ha explicado, no estimó la competencia porque «no habÃa nada en ese caso que adujera o se refiriera a delitos contra Altos Organismos de la Nación». En todo caso, la investigación correspondÃa, según ha defendido, «al juzgado donde se habÃan producido los hechos». «Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado», ha recalcado.