El Supremo juzga desde mañana al juez por supuesta prevaricación en la investigación por los desaparecidos de la dictadura

 

23.01.12

Cinco días después de defender su inocencia en el juicio por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón volverá mañana al Tribunal Supremo para sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. Será con el trámite de las cuestiones previas (peticiones de anulación por vulneración de derechos fundamentales o propuestas de nuevas pruebas) y la vista oral se reanudará el 31 de enero con la declaración del imputado.

El segundo peldaño de su particular vía crucis judicial llega por haberse declarado competente para investigar las desapariciones durante el franquismo. Una polémica causa que abrió en su juzgado de la Audiencia Nacional en octubre de 2008 y que se sitúa en el origen de su posterior calvario procesal, que está a punto de finiquitar su carrera como magistrado.

Al igual que en el juicio por las escuchas del caso Gürtel, Garzón se enfrenta a la acusación de haber prevaricado durante la instrucción de los crímenes de la dictadura, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas, la peor de las imputaciones que se le puede atribuir a un togado.

Tanto para el magistrado del Supremo que instruyó la causa contra el juez, Luciano Varela, como para la acusación popular que se querelló contra él, el pseudosindicato Manos Limpias, no hay duda de que Garzón «era consciente de que carecía de competencia» para abrir este proceso y de que «no existían hechos con relevancia penal» que justificaran esta investigación. Dicho de otra manera, sabía que los principales responsables de los hechos habían fallecido (el juez llegó a pedir el certificado de defunción de Franco) y que de haber alguien vivo la Ley de Amnistía de 1977 le amparaba.

Para Manos Limpias, todas las resoluciones dictadas por Garzón en el mes y medio que duró la investigación, una vez que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le quitó la competencia, vulneraron la ley de forma consciente. Por ello reclaman 20 años de inhabilitación, el máximo posible para la prevaricación, y una multa de 21.600 euros.

La prevaricación, según la doctrina del Supremo, se produce cuando la resolución adoptada no cabe en ninguna de las interpretaciones jurídicamente defendibles, es decir, que sea ilógica o extravagante, y son en estos conceptos en los que Garzón centrará su defensa.

Crímenes de lesa humanidad

El juez alega que abrió la causa para dar respuesta judicial a las denuncias presentadas por 22 particulares el 16 de octubre de 2008, día en el que su juzgado se encontraba de guardia. Defendió que se podría tratar de crímenes de lesa humanidad, amparados por tratados universales firmados por España, por lo que la Ley de Amnistía de 1977 quedaba suspendida.

A partir de ahí continuó las diligencias y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas en la que se supone que se encontraba el poeta Federico García Lorca. Además, Garzón apuntó como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista.

La Fiscalía recurrió el auto -siempre estuvo en contra de la causa- y el 28 de noviembre de 2008 la Sala de lo Penal declaró que el juez no tenía competencia.

Desde esa fecha hasta que el Supremo admitió la querella de Manos Limpias apenas pasaron seis meses (mayo de 2009) y un año después el magistrado Luciano Varela abrió juicio oral a Garzón.

Al igual que sucediera con el caso Gürtel, la Sala de lo Penal del Supremo rechazó a más de la mitad de los testigos solicitados por el juez, entre ellos a expertos internacionales que han investigado causas por crímenes de dictaduras. La defensa quería probar que existe debate jurídico sobre la justicia universal, pero el alto tribunal sostuvo que su testimonio no aclararía si ha habido prevaricación.

El calendario testifical del juicio arranca el 31 de enero con Garzón y continúa los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero con los 22 testigos que sí ha admitido el tribunal, todos ellos miembros de asociaciones de la memoria histórica y dos abogados. Para el día 13 quedará la prueba documental y las conclusiones.

http://www.elnortedecastilla.es/v/20120123/espana/garzon-alegara-justicia-universal-20120123.html