Goldatu se presentó en Bilbao. Entre sus peticiones figura derogar la Ley de Amnistía

 

 

UNAI MORÁN – Bilbao –

Han pasado ya varias décadas, pero consideran que el franquismo continúa instalado en determinados estamentos de la sociedad actual, que no se ha hecho justicia con quienes lo ampararon y por ello exigen responsabilidades. Son casi un centenar de personas, por ahora, que han decidido unir su indignación en torno a Goldatu, la nueva asociación de presos y represaliados de la dictadura que ayer se presentó en Bilbao como avance de una «lucha por la memoria y contra la impunidad», según Josu Ibargutxi, uno de los fundadores.

La misma localidad guipuzcoana que acogió la proclamación de la Segunda República ha sido el embrión de un grupo que, desde Eibar, pretende abrirse al conjunto de Euskadi para recoger el testimonio de quienes padecieron, sobre todo, la represión del tardofranquismo entre los años sesenta y la Transición. «Se trata de obtener el relato de quienes sufrieron en persona aquella época de la dictadura y continúan vivos», según Ibargutxi, para construir una narración «verídica» de lo ocurrido y romper la «amnesia» que impera, a su juicio, como «se ha demostrado con el caso del juez Baltasar Garzón». «En cuanto ha intentado remover la cuestión no han tardado en callarle la boca desde la propia Justicia», señala.

Más de una quinta parte de los 9.000 condenados por el Tribunal de Orden Público entre 1963 y 1977 eran vascos. Algunos de ellos son los que han dado luz a Goldatu. El propio Ibargutxi fue uno de los protagonistas de la fuga de la cárcel de Segovia que en 1976 protagonizaron casi una treintena de presos políticos vascos y catalanes. Entre los fundadores de la asociación figuran, además, algunos de quienes fueron condenados en el conocido como proceso de Burgos, que en 1970 se inició contra 16 miembros de ETA. Además, hay otras víctimas de la dictadura que sufrieron torturas e incluso recibieron disparos en alguno de los casos.

Más allá de recabar testimonios, el colectivo pretende que se depuren también las responsabilidades «políticas y penales» de quienes mantuvieron la dictadura «a sangre y fuego».

En opinión de sus promotores, parte del franquismo permanece «instalado en el aparato del Estado, sobre todo entre la judicatura», gracias al paso que se dio, «con total impunidad», de un Estado dictatorial a otro democrático.

Como punto de partida, han fijado un decálogo de propuestas, entre las que se recogen la anulación de las pensiones a los «jerarcas» de la dictadura, la ilegalización de todas las organizaciones fascistas, la denuncia de la represiva política penitenciaria actual e incluso la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, porque «los verdaderos amnistiados fueron los franquistas», al negarse el carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad.

 

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