Ha quedado sentado jurídicamente que no es posible esclarecer la verdad ni restituir la Memoria Histórica por vía penal

 

 

ANTONIO PAPELL. @APAPELL La sentencia absolutoria que exonera a Garzón de toda responsabilidad en el caso de los crímenes franquistas contiene diversos elementos polémicos –la alucinante instrucción llevada a cabo por el juez Luciano Varela, la pertinencia de encausar al magistrado por este asunto, la controvertida doctrina sobre el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y sobre el verdadero valor legal de las amnistías, etc.– pero a su vez resuelve, quizá definitivamente, la vidriosa cuestión de las fosas de los asesinados republicanos durante y después de la guerra civil.

Con la citada sentencia, ha quedado sentado jurídicamente que no es posible esclarecer la verdad ni restituir la Memoria Histórica por vía penal. En nuestro ordenamiento, no puede haber investigación judicial si no hay persona viva a la que investigar. Y es problemática la consideración de aquellos crímenes como genocidio, una figura penal relativamente moderna, para justificar la imprescriptibilidad. Más acertado parece hacer caso al párrafo de la sentencia que dice que «la búsqueda de la verdad (en este caso) es una pretensión tan legítima como necesaria, pero corresponde al Estado y no al juez». Este aserto, que tanto tiempo después ya no produce escándalo, equivale a afirmar que los rescoldos de la guerra civil deben ser ya apagados por la Historia y no por el Derecho.

Como se recordará, la ley 52/2007 de 26 de diciembre, llamada de la Memoria Histórica (en realidad, tiene un nombre larguísimo), fue una norma en cierto modo insuficiente, ya que, como denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica –ARMH–, el preámbulo de la ley afirmaba que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar, con lo que se negaba tanto que los delitos del franquismo fueron delitos contra la humanidad cuanto el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. La insatisfacción de catorce asociaciones memorialistas, incluida la ARMH, con el proyecto de ley que se tramitaba, las llevó a denunciar cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, dando lugar al caso del que acaba de responder Garzón.

El Supremo ha cegado así definitivamente –parece– la vía judicial, por lo que sería lógico que el Gobierno, que en varios asuntos relevantes ha adoptado un rostro progresista, se decidiera a dar impulso al mandato contenido en la ley que insta al Estado a ayudar a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. El imperativo ético, que sigue enhiesto y que responde a la exquisitez de nuestro modelo de civilización, se convierte en este caso en una tarea histórica y arqueológica que debe servir para cerrar los últimos vestigios de aquella inhumana confrontación civil que nos ha servido de amargo referente a las generaciones posteriores para evitar a toda costa cuanto pudiera hacernos recaer en aquella irrepetible tragedia. Es de justicia histórica que quienes padecieron la increíble afrenta de ver cómo sus deudos eran asesinados en las cunetas y enterrados en la clandestinidad puedan rendirles con honor el último tributo. Y éste es un compromiso que todos nos implica, por respeto a los valores humanitarios que negaron los verdugos

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2012/02/29/garzon-fosas-memoria-historica/748392.html