Argentina avanza en investigación de crÃmenes franquistas
Con base en el principio de justicia universal, se consolida en Argentina la causa
BUENOS AIRES, abr (IPS) – Con base en el principio de justicia universal, se consolida en Argentina la causa por crÃmenes cometidos durante la guerra civil en España (1936-1939) y la consecutiva dictadura del general Francisco Franco, que culminó con su muerte en 1975.
La inhabilitación del juez español Baltasar Garzón tras investigar las desapariciones durante esas casi cuatro décadas, delitos presuntamente prescritos por la ley de amnistÃa de 1977, allanó el camino para que la justicia argentina siguiera la causa por estos crÃmenes, mientras crecen las denuncias y avanzan los procedimientos.
«Para nosotros, en España, las puertas están cerradas porque allà dicen que son delitos comunes, amnistiados y prescritos», dijo a IPS una de las querellantes del proceso que comenzó en Argentina en diciembre de 2011, Inés GarcÃa Holgado.
Dos tÃos abuelos de GarcÃa, Luis y ElÃas GarcÃa Holgado, fueron fusilados en 1936 y 1937 respectivamente, y un tÃo, Vicente GarcÃa Holgado, está desaparecido. «Para España esto es para los libros de historia, no lo van a investigar ni a juzgar», añadió.
ElÃas era alcalde y diputado provincial en Salamanca y, tras ser sometido a un proceso sumarÃsimo por presunta rebelión, fue fusilado. Luis era administrador del correo en Hervás, de donde fue secuestrado tras el golpe militar para ser fusilado.
GarcÃa Holgado, que es argentina, confÃa en que por el principio de justicia universal, la acción prospere en este paÃs. «Tengo mucha esperanza. Si lo logramos, Argentina será el primer paÃs latinoamericano que aplica este principio», adelantó.
El principio de justicia universal establece la aplicación extraterritorial de la ley penal cuando se trata de crÃmenes de terrorismo, lesa humanidad y genocidio que, según la legislación penal internacional, no prescriben ni pueden ser amnistiados.
Bajo este principio los tribunales penales nacionales pueden encausar a extranjeros por delitos de ese tipo cometidos en el exterior, aunque muchas legislaciones locales requieren que exista una conexión explicita de las vÃctimas y los querellantes con el paÃs que abre la causa.
Al presentar la denuncia, en abril de 2010, GarcÃa Holgado lo hizo junto a DarÃo Rivas, un español de 91 años que desde los nueve vive en Argentina. Rivas denunció el fusilamiento de su padre, Severino Rivas, en 1936. Sus restos fueron hallados en 2005 en una fosa común.
Enseguida se sumaron otros cuatro familiares de vÃctimas del régimen de Franco, algunos sobrevivientes ellos mismos de la represión de la dictadura franquista, que dio paso a un periodo de transición, las primeras elecciones libres en España en 1977 y la redacción de una Constitución democrática, vigente desde el año siguiente.
Pero fue a partir de la decisión judicial argentina de solicitar un pedido de información a los tribunales de España, en diciembre, que el número de denunciantes comenzó a multiplicarse.
El abogado argentino Carlos Slepoy, representante de algunos de los familiares, informó a IPS que «ya son 20 los casos denunciados en Argentina y esperamos 55 más, pero con el tiempo pueden ser cientos», vaticinó.
Slepoy explicó que algunas de las vÃctimas directas de la etapa final del régimen, detenidos por ser militantes de partidos polÃticos o sindicalistas, comenzaron a llegar a Buenos Aires este mes para declarar ante la justicia y consigo traen poderes de representación de otras vÃctimas por los mismos u otros casos.
En este sentido, GarcÃa Holgado comentó que desde Argentina brindan asesoramiento a sobrevivientes y familiares de vÃctimas para que sepan dónde y cómo obtener documentos que prueben los delitos y puedan asà presentar la querella.
La jueza federal MarÃa Servini, a cargo del caso GarcÃa Holgado, envió en diciembre un exhorto a España para que respondan si allà se investigan esos crÃmenes, y para que envÃen nombres de militares involucrados, de fusilados, desaparecidos, niños apropiados y de empresas que utilizaron a detenidos como mano de obra forzada.
Organismos de derechos humanos en España aportaron al ahora suspendido juez Garzón, pruebas de que se produjeron al menos 114.000 desapariciones forzadas durante el régimen franquista y hubo 30.000 casos de menores apropiados.
Servini pidió saber «si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación fÃsica» entre 1936 y 1977.
España aún no respondió a ese exhorto, explicó Slepoy, pero esperan que lo haga pronto. «Probablemente va a dar una respuesta dilatoria, que es lo que hacen los gobiernos cuando no quieren contestar», denunció el abogado.
El principio de justicia universal fue aplicado en España por Garzón cuando indagó los crÃmenes impunes de las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990), en acciones que contaron con el apoyo del abogado Slepoy.
Ahora, la justicia universal se intenta aplicar a la inversa: desde Argentina contra los delitos de lesa humanidad amnistiados en España.
Argentina declaró inconstitucionales las leyes e indultos que permitieron liberar de proceso a militares que habrÃan hecho desaparecer a unos 30.000 opositores durante la dictadura, luego de un gran movimiento para que esos delitos fuesen juzgados en España.
Removidas esas trabas judiciales, comenzaron decenas de juicios contra excomandantes y militares de menor graduación que actuaron en la represión, y también contra civiles que intervinieron en secuestros, torturas y desapariciones.
Algo similar ocurrió en Chile. En 1998, Garzón pidió la detención en Londres del exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) y dio inicio asà a un proceso que derivó en su enjuiciamiento en Chile, si bien el militar no llegó a ser condenado en vida.
Pero cuando Garzón comenzó a investigar los delitos del régimen de Franco, la organización ultraderechista Manos Limpias lo denunció por prevaricación, bajo el argumento de que se trataba de delitos amnistiados desde 1977, en la primera de las tres causas acogidas casi en paralelo contra él por el Tribunal Supremo de Justicia.
El 27 de febrero, ese tribunal lo absolvió en esta causa de haber incurrido en prevaricación, el delito consistente en tomar una decisión errada a sabiendas, si bien lo cuestionó por haber interpretado erróneamente la ley.
Pero 18 dÃas antes, el máximo tribunal ya habÃa expulsado de la carrera judicial al incomodo Garzón, al inhabilitarlo por 11 años por un caso de escuchas en uno de los mayores procesos de corrupción de la democracia española, protagonizado por dirigentes del derechista Partido Popular, en el poder desde diciembre.
Para Slepoy los argumentos que se esgrimen en España acerca de que las personas involucradas en estos crÃmenes ya murieron, no es cierto. «Son trabas de los gobiernos para mostrar una presunta imposibilidad de juzgar esos delitos», sentenció.
«La cultura de la impunidad es tan grande que hace aparecer a la ley de amnistÃa como algo inamovible, como ocurrÃa en Argentina, pero yo confÃo en que España va hacia un proceso similar al que vivió este paÃs», adelantó el letrado.
El abogado también confirmó que se están preparando listados de nombres de declarantes en España, para que la jueza entreviste en la embajada argentina cuando viaje en junio a ese paÃs, para sumar nuevos casos a la pesquisa.(FIN/2012)