El PP cumplirá la Ley de Memoria Histórica, pero no la usará para enfrentar a los españoles
El Gobierno ha rechazado, sin embargo, recuperar la Oficina de Víctimas y seguir profundizando en su aplicación
El Gobierno cumplirá la Ley de la Memoria Histórica, pero no la utilizará para enfrentar a los españoles, según ha asegurado el PP para justificar su rechazo a una iniciativa socialista que pedía la recuperación de la Oficina de Víctimas y seguir profundizando en la aplicación de esta Ley.
La iniciativa, que ha sido rechazada sólo con los votos del PP, ha sido defendida por el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, quien ha recordado en su intervención que esta ley «no tiene un ánimo vengativo ni supone una vuelta al pasado», sino que, por el contrario, es una «demanda de justicia sobre nuestra historia» y ha detallado que, entre otras cosas, se han realizado casi 6.000 exhumaciones durante la legislatura pasada.
Cree que aún queda mucho por hacer en su aplicación y es por ello por lo que el PSOE ha propuesto la recuperación de la Oficina de Víctimas, cuyas funciones, tras haber sido clausurada a principios de marzo, fueron asumidas por la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, que dirige la subsecretaría de Justicia.
También planteaba mantener el diálogo con las asociaciones involucradas en la Memoria así como el programa de subvenciones a las organizaciones que trabajan este tema, ya que, según ha dicho, los cinco millones de euros que se invirtieron el año pasado «no es demasiado».
El grupo popular, tal como ha justificado el diputado Miguel Ángel Cortés, ha votado en contra por considerar que es innecesaria la proposición, aunque sí ha dejado claro que el Gobierno asume esta ley, pese a tacharla de «sectaria». Y ha asegurado que el Gobierno ha destinado 2,5 millones de euros a la exhumación de cadáveres, una cifra superior al importe que se destinó en 2001, que fue de 2,2 millones.
Sobre la supresión de la Oficina de Víctimas, ha apuntado que sus funciones han sido asumidas por la subsecretaria del Ministerio de Justicia.
Que la ley «no quede en el olvido»
Jordi Xuclá, en representación de CiU, ha presentado una enmienda de adición para que la anulación de las sentencias políticas dictaminadas durante la Guerra Civil y el Franquismo, que de manera global fueron declaradas «fuera del ámbito jurídico» por la Fiscalía General del Estado, lo sean también de manera individualizada.
Según Xuclà, la decisión de la Fiscalía no ha satisfecho del todo a las familias de las víctimas y por ello su enmienda insta al Ministerio Público a que las sentencias se anulen caso por caso.
En nombre de UPyD, su portavoz, Rosa Díez, ha respaldado el contenido de la propuesta salvo la reapertura de la Oficina de Víctimas al opinar que, en un contexto de austeridad, no le parecía oportuno que tuviera una entidad propia cuando su función la ha asumido el Ministerio de Justicia.
Aitor Esteban, del PNV, ha confiado en que la ley «no quede en el olvido» y ha apoyado que se mantenga el programa de subvenciones a las organizaciones de la Memoria Histórica, se mantengan las subvenciones y se recupere la Oficina de Víctimas.
También el diputado de ERC Alfred Bosch ha suscrito la proposición socialista y ha afirmado que consideraba un error «histórico, humano y humanitario» no votar este tipo de iniciativas.
Al final del debate ha habido un encontronazo entre el portavoz del PP y el diputado socialista Txiqui Benegas a cuenta de que el primero ha citado una intervención del parlamentario del PSOE de 1977 en la que daba por superada la dictadura.
Benegas le ha afeado que haya «extrapolado» aquellas palabras al momento actual para justificar su voto en contra.
