Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, presentó un informe ante Servini de Cubría para demostrar impunidad e irregularidades procesales

 

Sé que a mi padre no le he visto desde que tengo dos años; y, por lo tanto, es una persona que ha desaparecido y que ahí hay un delito permanente que se debe investigar. Es lo que yo sé”, declaró Pedro Fausto Canales, el 6 de febrero de este año. Lo escuchaban los miembros del Tribunal Supremo de España, en el marco del juicio que se le realizó al juez Baltasar Garzón por su actuación en la causa que investiga los crímenes del franquismo (1936-1977). Pasaron 35 años del fin de aquel período trágico, pero la injusticia sigue pisando fuerte del otro lado del Atlántico. Eso motivó a Amnistía Internacional –institución que agrupa a más de tres millones de personas en el mundo– a realizar el informe “Casos cerrados. Heridas abiertas”, que presentó ante el gobierno español, el argentino y el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría (ver recuadro), el único que investiga los crímenes internacionales cometidos por el dictador Francisco Franco. “Por el momento no hay indicios de que vaya a cambiar la orientación de impunidad en España”, afirmó a Veintitrés Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional de España. Y agregó: “La Argentina es una esperanza para las víctimas del franquismo, tal como lo fue la Audiencia Nacional en 1996, 1997 y 1998 para los argentinos”.

–¿De qué consta el informe que realizaron?

–Relata el desamparo del las víctimas del franquismo en la Guerra Civil ante la Justicia y las autoridades españolas. Habla de la impunidad y de la indefensión a la que están sometidos. Y desmonta el argumento de que España esta investigando estos crímenes internacionales, que incluyen desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, torturados en escala y trabajo esclavo. El informe demuestra que no hay investigación en España.

–¿Cómo llegaron a esa conclusión?

–Durante un año hemos revisado 21 casos de un total de 47 (N. del R.: no tuvieron acceso a los expedientes de los restantes 26), que llegaron a los juzgados ordinarios una vez que Baltasar Garzón debió inhibirse. Concluimos que de los 21, 17 simplemente han sido archivados sin ninguna investigación. Y de los restantes cuatro, dos jueces dijeron que la competencia era por crímenes internacionales, por lo que no les correspondía a ellos investigar, y los otros dos estaban esperando una decisión del Tribunal Supremo para actuar. Este es un primer núcleo de impunidad de hueso.

–¿Y el segundo núcleo?

–El segundo punto es importante para la jueza Servini de Cubría: los casos abiertos tienen irregularidades procesales además de impunidad. Por ejemplo: en muchos expedientes ni se notificó a los familiares de que se había archivado el caso, por lo que no pudieron apelar.

–¿Estos casos están vinculados al exhorto que había realizado la jueza argentina?

–Sí. En el primer exhorto, la jueza pregunta a la Justicia española si están investigando. La fiscalía le respondió siete meses después que sí, estaban investigando, pero el informe demuestra que no es verdad.

–¿Considera que las omisiones y mentiras en las respuestas a los exhortos son intencionales?

–Lo que podemos decir es que no hay ninguna intención de las autoridades españolas, por ahora, de cumplir con su obligación legal de investigar estos crímenes.

–¿Qué pruebas encontraron?

–En primer lugar, como regla, casi todos los casos fueron archivados de plano, sin que se hubiera practicado ningún tipo de diligencia. De un total de ocho apelaciones, cinco fueron descartadas de plano, sin siquiera considerarlas.

–¿Y con qué argumentos?

–Hay un auto de archivo del juzgado número 10, de Palma de Mallorca, que dice que “no es objeto del proceso penal investigar la desaparición de miles de personas e identificar a las víctimas de la represión, así como tampoco localizar fosas comunes y lugares de enterramiento”. Es decir, el derecho a la verdad, según luego confirma el Tribunal Supremo, no es un derecho que se vislumbre en los tribunales.

–¿Los casos agrupan a varias personas?

–Sí, de hecho, ante el juez Garzón, en 2006, se presentaron 114.000 casos de desaparición forzada entre 1936 y 1951, más que en toda América latina durante el siglo XX. Pero los únicos casos que luego la Audiencia Nacional derivó a los tribunales ordinarios son aquellos en los que había restos identificados o fosas reconocidas. La inmensa mayoría, que no sabe en qué fosas están sus familiares, quedó fuera de la investigación.

–¿Qué responsabilidad le cabe al Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial de España?

–Con su sentencia del 27 de febrero, se cerró la esperanza de verdad, justicia y reparación. Se trata de un fallo que se aparta del derecho internacional y de la propia doctrina de España sobre otros países.

–Como el caso de Garzón, cuando juzgó los crímenes de la última dictadura militar argentina mientras aquí reinaba la impunidad.

–Claro, pero no sólo Garzón. Hubo otros jueces. E incluso, una declaración de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el caso Pinochet, del año 2000. En su sentencia, el Tribunal Supremo sostiene que los delitos no eran considerados crímenes internacionales cuando se cometieron, por lo cual los 114.000 delitos son crímenes comunes y habrían prescripto. Y si no prescribieron, se les puede aplicar la ley de amnistía (del año 1977). Es el colmo del sinsentido jurídico. Y también sostiene que el fallecimiento de las personas responsables no permite investigar los crímenes. De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de investigar para, luego, llegar a una conclusión. Todo esto ha generado que la Argentina sea una esperanza para las víctimas, como lo fue la Audiencia Nacional en 1996, 1997 y 1998 para los argentinos. Eso es la justicia universal. Con este informe queremos demostrar que es un deber de la jueza argentina investigar estos crímenes, porque en España le han cerrado las puertas.

–¿Y por qué cree que sucede eso? ¿Influyó el triunfo de Rajoy?

–Nosotros no vamos a hacer una interpretación de ese tipo. No creo que sea lo más conveniente. Pero es verdad que todos los gobiernos, desde que llegó la democracia a España, nunca han visto la situación de las víctimas de la desaparición forzada desde el punto de vista de los derechos humanos. En el mejor de los casos, lo han visto como algo administrativo. Y me temo que hay un gran interés en una parte de la clase política y del poder judicial de querer pasar las páginas sin leerlas. Y eso es imposible. Porque por más tiempo que haya transcurrido, nadie puede soportar que sus familiares estén en una cuneta. Están los hijos y los hijos de los hijos que siguen con esto.

–Justo en este momento, la relación entre España y la Argentina vive un proceso complejo. ¿Cómo puede repercutir en su país la presentación en la Argentina? ¿Puede tener una deslegitimación política, dado el contexto actual?

–Los contextos políticos siempre son azarosos. Amnistía no tiene nada que decir sobre el conflicto entre el gobierno español y el argentino en relación a Repsol-YPF. No se va a meter. Casi la misma pregunta me hizo el embajador español. Incluso, para que no se malentienda nuestra posición, no vamos a pedir una entrevista con la jueza. Y tampoco la pedimos con el gobierno argentino, aunque le vamos a enviar el informe, porque pensamos que puede malinterpretarse. Nuestra única preocupación son los familiares de crímenes internacionales. Este es un momento puntual, pero hay familiares que llevan 75 años esperando algo de verdad.

–¿Cuáles son los pasos que espera que realice la Justicia argentina?

–La jueza está investigando. Una cosa interesante es que más familiares de víctimas españolas se están incorporando como querellantes. Servini tiene que tomar testimonios a más víctimas y esperar las respuestas del gobierno español a su exhorto de diciembre. Pidió nombres de responsables, si alguno fue juzgado, exhumaciones de fosas, datos muy precisos. Nosotros le estamos diciendo a la jueza: investiga, porque nadie más lo está haciendo ni lo va a hacer.

–¿La sentencia de febrero del Tribunal Supremo, en contra de Garzón, es la señal de que nada prosperará en España?

–Claro. El Tribunal absolvió a Garzón, dice que no prevaricó pero que se equivocó. Pretenden cerrar el amparo judicial a las víctimas del franquismo.

–Usted es profesor universitario en materias relacionadas con derechos humanos, ¿cómo les explica a sus alumnos esta situación de impunidad?

–Con Amnistía hemos estado en Sierra Leona, Liberia, en la Argentina, en Chile, Camboya. Hemos seguidos todos los procesos. En Camboya, el mayor torturador, que atormentó a 16 mil personas, compareció ante la justicia. El Tribunal Supremo de Sudáfrica falló en contra de su gobierno, el 7 de mayo, por no haber investigado los crímenes que Sudáfrica cometió en Zimbabwe. Hay algún otro país, como Rusia, pero la mayoría de los países donde se cometieron crímenes internacionales tuvieron de forma imperfecta, a veces tímida, una verdad oficial, bastante reparación y en algunos casos, algo de justicia. España es la excepción. Es incoherente con la política exterior española y con los propios tribunales. Hay una doble moral. Esto, para el futuro de España, es un desastre. ¿Cómo se estudiará el franquismo en la Guerra Civil dentro de 35 años en las escuelas, si no hay verdad oficial de lo que ocurrió?

–¿Cómo ve el caso argentino? Aquí también llevó su tiempo…

–En el caso argentino hubo dos períodos muy claros. Un momento histórico para la humanidad, el Juicio a las Juntas, y luego una época con la ley de Obediencia Debida y Punto Final, con los indultos, en la que se desanduvo el camino de forma peligrosa, porque se realizó en democracia. Pero después avanzó enormemente. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes, el inicio de los juicios, las investigaciones del Plan Cóndor, del plan sistemático del robo de bebés, todo provocado por una sociedad civil muy movilizada. Se lograron avances que me gustaría ver en mi país. Nosotros todavía estamos en la época anterior a que todo eso sucediera en la Argentina.

 

La esperanza española

A las 11 de la mañana del miércoles 9 de mayo, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) de España, junto a la directora de esa institución en la Argentina, Mariela Belski, presentó el informe “Casos cerrados. Heridas abiertas”, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 de la Capital Federal, a cargo de María Romilda Servini de Cubría, quien investiga estos crímenes de derecho internacional. Quien recibió el escrito fue el secretario judicial de la magistrada, Adolfo Piendibene.

Tras visitar los tribunales de Comodoro Py, los referentes de AI realizaron una conferencia de prensa junto a familiares de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil, donde dieron a conocer algunos detalles del informe. El martes 8 de mayo, Beltrán ya le había entregado el documento a las autoridades españolas, en la embajada, “por acto de cortesía. También lo hablamos con el ministro de Justicia, hace un mes –reveló a Veintitrés–. Pero por el momento no hay indicios de que vaya a cambiar la orientación de impunidad”.

http://veintitres.infonews.com/nota-4712-politica-En-Espana-la-Justicia-nos-cerro-las-puertas.html