Afectados por el robo de bebés denunciarán a España por crímenes contra la humanidad
Anuncian que acudirán al Tribunal Europeo de Derecho Humanos porque en nuestro país existen “presiones políticas” para no investigar los posibles delitos
Un tercer análisis de ADN insiste en que el cadáver que enterraron Eduardo y Nuria no es el de su hija, pero su caso ha sido cerrado
· periodismohumano · José Luis Gordillo · (Granada)
Se les ha agotado la paciencia. Representantes de dos de las asociaciones de afectados por el robo de bebés en nuestro país entre 1940 y 1992 han anunciado que denunciarán el reino de España ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo por crímenes contra la humanidad, y ante las “presiones políticas” que dicen se están produciendo para que la justicia nacional no investigue estos posibles delitos. Como caso más flagrante exponen el de los denunciantes pioneros, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, que esta semana han obtenido un tercer análisis de ADN del cadáver del bebé que enterraron en 1990. Como en los dos anteriores, el test acredita que esos restos no pertenecen a su hija, pero su caso ha sido archivado por un juzgado de Granada. y a la luna si hace falta. Y todas las asociaciones estamos en ello”. Con esa contundencia se expresa el abogado granadino Eduardo Raya, el primero que denunció en nuestro país un presunto caso de robo de bebés. Eduardo es a su vez presidente de la asociación Afectados por Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D), pero en su comparecencia pública le secundaron dos representantes de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), Angustias Rodríguez y Celia Maldonado, y además Raya aseguró tener además el apoyo explícito de los otros dos colectivos de nuestro país, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y SOS Bebés Robados, que están en la misma tesitura respecto a acudir al Tribunal Europeo de Derecho Humanos una vez agoten aquí la vía judicial.
“Si no en España, esto va a salir fuera, porque son los crímenes más espeluznantes cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, ya que son “decenas, tal vez centenares de miles”, los damnificados “porque una serie de señores decidieron que nuestros hijos crecieran con quienes ellos dijeran”, explica Raya. Por lo pronto, él ha sido además el primero en presentar una queja formal ante el Parlamento europeo, “y van a venir más” de otros afectados, porque “el reino de España está vulnerando los derechos fundamentales más elementales”. El dictamen del Parlamento no es vinculante, pero otra cosa muy distinta será el Tribunal de Estrasburgo, cuyas decisiones sí son de obligado cumplimiento para los estados.
Según el criterio de los juristas que asesoran a estos colectivos, el robo sistemático de niños, investigados incipientemente por la Audiencia Nacional para el periodo 1940-1955, y con miles de denuncias más presentadas sobre hechos ocurridos hasta 1992, constituyen delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal y en el derecho internacional, por tratarse de un ataque sistemático y organizado contra la población civil, en este caso las madres y sus hijos, con grave sufrimiento para la salud mental o física de quien los padece.
“Son madres que han llorado un entierro y ahora están llorando porque las tumbas están vacías y no saben dónde y cómo se están criando sus hijos”, apostilla Angustias Rodríguez, quien asegura haber hablado los últimos días “con madres que fueron internadas en manicomios para que dejaran de preguntar” y con “hijos que incluso han sido desheredados por empeñarse en buscar a sus padres verdaderos”. Ella misma busca a su hermana, nacida en 1963 en Loja (Granada), pero cuya tumba no ha logrado encontrar en ningún cementerio de la provincia. No existe la menor referencia de ese entierro. Algo parecido a lo que le sucede a Celia Maldonado, cuyo hermano nació en 1967 y fue dado por muerto tras el parto, pero ahora, al querer desenterrarlo, se encuentran con que no está en el nicho que les dijeron, sino que presuntamente se encontraría en una fosa común cuya apertura se le niega por estar los cuerpos “todos revueltos” y ser “demasiado costosa” su identificación.
Hasta ahora, el caso paradigmático ha sido el de Eduardo y Gloria no sólo por constituir la denuncia pionera en España, sino porque, al haber ocurrido los hechos en 1990, acumularon suficientes pruebas como para que la causa fuera asumida en primera instancia por la propia Fiscalía. De hecho, Raya revela que, de los cinco médicos involucrados, tres siguen ejerciendo y otros dos se han jubilado “con todos los honores”, a pesar de que uno de ellos ya fue condenado por la Audiencia de Granada en 1993 por la adopción irregular de un recién nacido.
Antes incluso de acudir a la justicia, Eduardo y Gloria consiguieron desenterrar el cadáver de la que creían su hija y hacerse pruebas de ADN con los laboratorios Tecnogen y Genómica, los cuales dictaminaron que los restos no podían pertenecer a una hija suya. Sin embargo, posteriormente el Instituto Nacional de Toxicología dijo no poder encontrar ADN en esos restos. “Y lo dijo cuarenta días antes de que se le enviaran las muestras, de lo cual se deduce que el resultado estaba predeterminado”, denuncian. Esta misma semana Eduardo y Gloria han recibido un tercer análisis, esta vez del laboratorio Labgenetics, sobre las mismas muestras que se mandaron a Toxicología, unos cabellos, y “sorprendentemente se nos informa que esos pelos están en bastante buen estado, habiéndose podido extraer ADN mitocondrial, y que en base al mismo se puede concluir que dichos restos no pertenecen a una hija nuestra”.
Raya apunta directamente al departamento toxicológico dependiente del Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruíz Gallardón, porque hasta ahora en los dos únicos casos que se ha pronunciado fueron los de Albacete y Zaragoza, para decir que los restos desenterrados se correspondían con los hijos de los denunciantes, pero en cambio en el resto de exhumaciones practicadas por el presunto robo de bebés, más de una veintena ya, siempre argumentan que no hallan ADN. “Lo encuentran de dinosaurios del jurásico, del hombre de Orce o de los antiguos egipcios, pero no de enterramientos de hace unas décadas”, lamenta son sorna.
Por eso, “yo aquí veo presión política para no investigar”, para que el Estado no asuma la responsabilidad patrimonial “descomunal” derivada de posibles delitos cometidos en centros públicos, como son los hospitales, y para que “no se airee el descrédito que supone la relación de hasta primer grado de algunos implicados con políticos de primera fila de nuestro país”. Preguntado sobre este extremo por los periodistas, Raya apuntó en su comparecencia a la denominada “trama vasca” de robo de bebés, en la que, según ha publicado la revista Interviú, podría estar involucrado el padre de Jaime Mayor Oreja.
En este sentido, Raya dice expresar la opinión unánime de las asociaciones de afectados al apuntar que el ministro Gallardón “tiene que ponerse las pilas, basta ya de brindis al sol que sólo es palabrería, puro teatro. Dice que nos prestará apoyo psicológico y que ha creado cien oficinas, y yo no he visto ninguna, porque lo que quiere es lavarse la cara”.
En su caso particular, Eduardo y Gloria denuncian que tanto la jueza como la Fiscalía de Granada “están obsesionadas con el archivo de la causa”, y por eso lo han hecho en base a una “prueba falsa” que “milagrosamente, veinte años después, el Hospital Clínico se sacó de la manga”. Se trata de un trozo de hígado conservado en parafina que dijeron pertenecía a su hija, y al cual las instancias judiciales han otorgado credibilidad a pesar de que el propio Instituto de Toxicología dice que es de “un niño con hepatitis”, no de un bebé, y en contra además del criterio del director del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Barcelona, doctor Bruguera, que tras analizarlo ha dictaminado que en ningún caso puede pertenecer a un recién nacido de corta edad.
Por éstas y muchas otras “irregularidades” que ha detectado en su expediente, Eduardo y Gloria han recurrido el archivo de su causa ante la Audiencia de Granada, y además han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el departamento de Policía Nacional de Granada. “Me siento presionado y amenazado, se me ha imputado en un delito de falsedad documental de otro señor, que yo no he cometido” y curiosamente “ha sido el mismo grupo policial y el mismo juzgado” que llevaba el caso del presunto robo de su hija. Eduardo ya ha demostrado que no tenía nada que ver con ese otro delito, pero “se me ha infligido un daño moral y económico, la policía tenía datos míos que no debía poseer, me siento investigado y amenazado, porque son demasiados errores policiales ya”, sospecha.
Raya pidió la imputación de 15 personas, pero ni siquiera han sido interrogadas. “¿Cuántas pruebas necesitan para tomar declaración a los médicos y demás personal sanitario? ¿Por qué tanto miedo a interrogarlos, con la multitud de contradicciones que se recogen en el expediente? ¿Hemos de encontrar nosotros a nuestra hija y ponerla encima de la mesa de la juez para que continúe la investigación o ni tan siquiera así se atrevería a interrogar a los médicos y matronas intervinientes?”, concluye.
