La Fiscalía respalda que la Junta actúe de oficio en las exhumaciones
La Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno andaluz excluye la obligatoriedad de obtener el permiso de los familiares
VIRGINIA MARTÍNEZ / GRANADA | ACTUALIZADO 27.07.2012 –
La Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno andaluz para dentro de unos meses excluye la obligatoriedad de obtener el permiso de los familiares.
La Fiscalía avaló ayer la propuesta de incluir en la nueva Ley de Memoria Democrática la posibilidad de que la Junta se persone de oficio en las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil sin la necesidad de obtener el permiso de los familiares. El director general de Memoria Histórica de Andalucía, Luis Naranjo, se reunió con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para examinar la Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno autonómico para dentro de unos meses.
El titular de Memoria Histórica de Andalucía justificó la posibilidad de que la Junta se persone de oficio en las exhumaciones ya que representa en la Comunidad Autónoma al Estado, y «este es el garante último de los derechos de las víctimas».
La Fiscalía Superior respaldó la propuesta, y elaborará en los próximos días un informe no vinculante en el que se pronuncie sobre los aspectos técnicos de la ley y de su reglamento. Naranjo agradeció las aportaciones «valiosas» de la Fiscalía, pero reconoció que no implicarán modificaciones sustanciales del proyecto de ley.
Asimismo, el director general estimó positivamente el apoyo de la Fiscalía, y destacó la necesidad de un marco jurídico sólido que defienda los derechos de las víctimas bajo los principios de «verdad, justicia y reparación». Sin olvidar, no obstante, el techo competencial que suponen la Ley 52/2007 de Memoria Histórica de España y la Ley de Amnistía.
Luis Naranjo reconoció la importante inversión que implican las exhumaciones, pero manifestó que no serían tan caras si para su puesta en marcha se utilizaran recursos públicos ya consolidados, tales como la Facultad de Medicina o el Instituto Geofísico. «No podemos privatizar las víctimas», concluyó.
Además, destacó la importancia de la voluntad y el compromiso políticos para impulsar estos procesos; así como la necesidad de difundir la defensa de los derechos de las víctimas a través del área educativa.
