La Ley de Memoria Democrática permitirá a la Junta de AndalucÃa actuar de oficio en las exhumaciones de fosas, entre otras cuestiones
Se trata de un primer paso para que el Estado asuma su responsabilidad
Se trata de un primer paso para que el Estado (en este caso el gobierno de una Comunidad Autónoma) asuma su responsabilidad y revierta la delegación de la exhumación de fosas por parte de los poderes públicos en asociaciones ciudadanas de memoria histórica, en aplicación del programa de IU en AndalucÃa
La Junta de AndalucÃa trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un elemento para garantizar los derechos de las vÃctimas franquistas, un instrumento que permitirÃa el Gobierno andaluz, entre otras cosas, exhumar de oficio en aquellos casos en los que la familia no lo pida, como el de GarcÃa Lorca.
Asà lo ha explicado a la prensa el director general de Memoria Democrática dela Junta, Luis Naranjo, que se reunió ayer con asociaciones de Granada dedicadas a la recuperación de la memoria histórica.
Naranjo ha adelantado quela Juntade AndalucÃa trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un instrumento para devolver los derechos a las vÃctimas y sus familias.
Ha apuntado que la aprobación de la ley permitirá ala Junta actuar de oficio en la investigación y exhumación de aquellos casos en los que los familiares de las vÃctimas no formalicen la petición, una vÃa que posibilitarÃa -por ejemplo- buscar los restos de Federico GarcÃa Lorca.
«Ningún paÃs democrático mantiene a las vÃctimas de sus dictaduras en las cunetas mientras lucen los sÃmbolos de esas dictaduras en plazas y calles, es una anomalÃa democrática que pretendemos eliminar», ha recordado Luis Naranjo.
Naranjo ha definido la futura Ley como el instrumento jurÃdico necesario para quela Juntaimpulse la reposición de los derechos de las vÃctimas y sus familiares, y ha apostado por dedicar recursos públicos a la exhumación de fosas comunes, la colaboración institucional en las pruebas de ADN o el uso de georradares públicos en las investigaciones.
«Somos garantes de la recuperación de las vÃctimas en atención a sus derechos y los de sus familias, y la nueva dirección general tiene como objetivo dar a conocer lo ocurrido entre 1931 y 1978 para contar desde el punto de vista cultural el relato veraz de esos años y ofrecer a los andaluces su memoria colectiva».
La Juntamaterializará el próximo año esa apuesta por la memoria con la apertura en Granada de una oficina de carácter regional destinada a ayudar a los familiares de las vÃctimas en sus procesos de exhumación y búsqueda de fosas comunes.
«La nominación de todas las vÃctimas del franquismo servirá para fortalecer nuestra democracia», ha apuntado el director general. Naranjo ha recalcado que la búsqueda de los restos de Federico GarcÃa Lorca representa una cuestión «compleja» que se enmarca en un proceso que, ha adelantado, no será inminente.
«Los restos de Lorca están con muchÃsimos fusilados, por lo que hay que ampliar el foco y trabajar para recuperar los cientos de cadáveres que hay, una actuación que podrÃamos hacer de oficio con el futuro marco jurÃdico».
Izquierda Unida comienza de esta manera a sentar las bases para «el cumplimiento de un marco legal internacional que vela por los derechos de las vÃctimas y que en nuestra tierra se cerró en falso conla Ley52/2007, junto con la negativa dela Juntade AndalucÃa de dar un paso adelante en la consecución de verdad, justicia y reparación para las vÃctimas de la dictadura franquista y de los primeros momentos del postfranquismo», tal y cómo especificaba en su programa de gobierno para AndalucÃa.
Las propuestas del programa de IULV-CA se centraban, en lo relativo a la memoria histórica en:
· Aplicación de la normativa internacional al respecto de desapariciones forzadas y de los derechos de las vÃctimas.
· Presentación de una Ley de Memoria Democrática para AndalucÃa en la lÃnea de la presentada en el Parlamento Andaluz por IULV-CA en marzo de 2011.
· Impulsar desde las Instituciones democráticas de AndalucÃa la modificación del marco legal estatal en las lÃneas marcadas por el Derecho Internacional.
· Derogación del protocolo de exhumaciones dela Juntade AndalucÃa a favor de la aplicación de los protocolos internacionales (Protocolo de Estambul).
· Eliminación de los residuos de la dictadura (simbologÃas, privilegios, nombramientos honorÃficos…). Entre otras cuestiones es fundamental la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas a través de las cuales se llevó a cabo la represión.
· Atención especial en el currÃculo educativo y en la polÃtica cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente especialmente en lo concerniente a la lucha democrática.
· Intervención dela Juntade AndalucÃa en la localización de las personas desaparecidas.
· Puesta en conocimiento de las autoridades judiciales de las desapariciones producidas e intervención de oficio dela FiscalÃa, para en primer lugar defender los derechos de las vÃctimas y en segundo para el enjuiciamiento de las personas responsables que pudieran continuar vivas.
· Dignificación adecuada de las vÃctimas de la guerra, dictadura y transición. En ello hacer una mención especial a tres andaluces: Blas Infante, GarcÃa Caparrós y Verdejo.
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