El Gobierno se resiste a firmar la convención de la ONU contra crÃmenes de guerra
Mantiene el blindaje que impide la investigación de los delitos del franquismo, al sentenciar que la Ley de AmnistÃa sólo puede derogarse por el Parlamento
ANDRÉS MUÑIZ Madrid
Mantiene el blindaje que impide la investigación de los delitos del franquismo, al sentenciar que la Ley de AmnistÃa sólo puede derogarse por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal.
La persecución judicial en España de los crÃmenes del franquismo seguirá, de momento, siendo una quimera, de acuerdo a los planes del Gobierno. Por un lado, el Ejecutivo se resiste, amparándose en dudas jurÃdicas, a firmar la Convención de la ONU que declara que los crÃmenes de guerra no prescriben, y por otro, destaca que la Ley de AmnistÃa de 1977 sólo es derogable por el Parlamento y no por ningún juez o tribunal.
El Gobierno expone su postura, que no deja resquicio alguno a la investigación de esos delitos, en la respuesta escrita que le ha enviado al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien trasladó al Gobierno la perplejidad de los paÃses más avanzados en materia de derechos humanos por el hecho de que España no haya iniciado el proceso de adhesión a la Convención contra la imprescriptibilidad de crÃmenes de guerra y de lesa humanidad.
Asimismo, el parlamentario destacaba en su pregunta al Gobierno que asociaciones y ong’s como AmnistÃa Internacional habÃan manifestado preocupación por la lentitud y archivo de numerosos casos de desapariciones forzosas y crÃmenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, sobre todo desde que el Tribunal Supremo estableciese en febrero de 2012 la inhibición de la Audiencia Nacional en favor de juzgados territoriales.
El Gobierno alega dudas jurÃdicas sobre la Convención para no comprometerse a adherirse
El Gobierno reconoce que la firma y ratificación de la Convención de la ONU sobre crÃmenes de guerra fue un compromiso de la pasada legislatura, dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el «análisis jurÃdico» de la firma del texto, alega el Ejecutivo, «ha suscitado la posibilidad de que ciertas medidas pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal». El resultado: de momento no hay decisión sobre la adhesión a la convención.
En cuanto a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la Ley de AmnistÃa de 1977, el Gobierno señala que fue una medida adoptada por las fuerzas democráticas, en el marco de la transición «de la dictadura a la democracia», y «un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles». Rechaza que pueda calificarse como una «auto-amnistÃa o amnistÃa unilateral articulada desde un poder dictatorial», por el hecho de que se aprobó tras las primeras elecciones democráticas del 77
El Ejecutivo prosigue argumentando que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley, de la que añade: «Tuvo un sentido de reconciliación al exigir que todas las fuerzas polÃticas cedieran algo a fin de lograr el abandono pacÃfico del franquismo para acoger un Estado Social y Democrático de Derecho». «La Ley de AmnistÃa fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento, ya que ningún juez o tribunal podrÃa cuestionar la legitimidad del proceso».
A continuación, el Gobierno dice que la obligación de perseguir delitos contra la humanidad que recoge el Estatuto de Roma, firmado por España en 2000, se refiere a los delitos cometidos tras su entrada en vigor, y lo mismo alega sobre el Pacto de Derechos Civiles y PolÃticos ratificado por España en 1977. Es decir, que no se refieren a los crÃmenes del franquismo.
El Ejecutivo admite que el Comité que vela por la vigencia de este último Pacto ha hecho observaciones a España sobre la derogación de la Ley de AmnistÃa, pero el Gobierno lo solventa diciendo que son «recomendaciones pero no denuncias de incumplimiento».
Respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Ejecutivo afirma que el derecho penal español tiene delitos con el mismo contenido. Pero nuevamente advierte que, como esta Convención entró en vigor en diciembre de 2010, sólo tiene competencia sobre desapariciones forzadas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, que los crÃmenes del franquismo seguirÃan quedando fuera.
Llamazares: No es sorprendente que las vÃctimas hayan ido a pedir justicia a un tribunal argentino
En su pregunta, Llamazares consideraba que no era sorprendente que, a la vista de la lentitud e inactividad de los juzgados españoles, «las vÃctimas hayan interpuesto una querella ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correcional Federal número 1 de Buenos Aires» para investigar los crÃmenes y desapariciones forzosas cometidos en España entre 1936 y 1977.
El diputado de IU se quejaba además de la interpretación restrictiva que el Poder Judicial hace de la Ley de AmnistÃa, impidiendo que no obstaculice el cumplimiento del deber de España de investigar esos crÃmenes.
