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El rey y Kissinger callaron ante el clamor mundial por los últimos asesinatos de Franco

Público, 10/04/2013 | 11 abril 2013

juan-carlos-franco_v660El príncipe no intervino por miedo, según Francia, a que peligrara su llegada al trono

 

 

DANIEL DEL PINO Madrid

El 27 de septiembre de 1975 tres miembros del FRAP y dos de ETA fueron ejecutados. 15 países europeos retiraron a sus embajadores y México llegó a pedir la expulsión de España de Naciones Unidas. Washington justificó los fusilamientos como un tema de carácter interno y vetó una condena en el Consejo de Seguridad de la ONU. El príncipe no intervino por miedo, según Francia, a que peligrara su llegada al trono

El 15 de septiembre de 1975 Henry Kissinger estaba mucho más preocupado del asalto a la embajada de Egipto en Madrid por cuatro palestinos que de la sentencia a muerte a tres integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y la condena a 25 y 30 años de cárcel a otros dos que un tribunal militar franquista había decretado tres días antes por el supuesto asesinato en julio de un policía en Madrid. El día 18 se le recetó el mismo castigo otros cinco presuntos terroristas, lo que provocó una reacción en cadena de los principales países de Europa y Latinoamérica contra lo que veían como una intentona desmedida del régimen por perpetuarse y frenar la transición hacia la democracia. Una semana después cinco fueron ejecutados: José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena, pertenecientes al FRAP, y Juan Paredes Manot (Txiqui), y Ángel Otaegi, a ETA. EEUU trató de venderlo a la comunidad internacional como un asunto única y exclusivamente de carácter interno.

El Consejo de Ministros había aprobado el 27 de agosto una nueva ley antiterrorista que endurecía de forma desmedida las penas ya existentes, aumentaba el radio de acción de las fuerzas del orden permitiendo, por ejemplo, mantener hasta 10 días incomunicados a los detenidos, al mismo tiempo que imponía una censura absurda a los medios de comunicación. Los diplomáticos estadounidenses vieron el golpe de timón franquista como un éxito a tenor de las cifras.

«Durante la primera semana desde la promulgación de la nueva ley antiterrorista el Gobierno de España ha detenido a 39 sospechosos de pertenecer al FRAP, ha cerrado una revista durante cuatro meses [por acciones anteriores a la ley] y secuestrado ejemplares de otras seis, sentenciado a un periodista a dos años de cárcel y aprobado un nuevo decreto que da a la Policía una eminente organización militar», comentaba un cable de la embajada en Madrid el 8 de septiembre.

En ese mensaje, clasificado como confidencial, al Departamento de Estado y las legaciones en París, Bruselas, Bonn, Roma y Londres, se habla con cierta sorna de que se estaban escuchando «algunas historias sobre que la Guardia Civil (vista como el principal villano por la oposición) habría estado haciendo redadas aleatorias, rodeando gente, sobre todo jóvenes, pegándoles en ocasiones, y dejando en libertad después a la mayoría». Desde el despacho de Kissinger no sale un sólo cable refiriéndose a los condenados a muerte durante esos días aunque la historia ha demostrado que para EEUU ese tipo de comportamiento siempre fueron temas menores.

No lo eran, sin embargo, ni para los países europeos ni para algunos países latinoamericanos tal y como se puede ver en los cables desclasificados de Kissinger compilados por WikiLeaks . Una de las herramientas novedosas que la organización de Julian Assange ha puesto a disposición de los usuarios de su Biblioteca Pública de la Diplomacia de EEUU (PlusD) es un generador de gráficos que calcula el promedio en el que aparecen determinadas palabras clave entre 1973 y 1976.

El siguiente gráfico está configurado por defecto para los términos ‘Nixon’ y ‘Watergate’ pero si se cambian por ‘Spain’ se puede ver cómo en esos años el pico máximo de cables diplomáticos sobre España se produce entre el 23 y el 30 de septiembre de 1975, coincidiendo con los fusilamientos. Esos días el flujo de menciones a nuestro país supera con creces a los de la fecha oficial de la muerte de Franco y del ascenso al trono de Juan Carlos.

Por tanto, se puede decir que los últimos asesinatos de Franco, desde el punto de vista diplomático, tuvieron mucha más importancia que la que Kissinger quiso darles.

Manifestaciones contra la represión franquista

La Conferencia Episcopal emitió un comunicado el mismo día en el que se conoció la segunda ronda de condenas en el que mostraba su repulsa por «el asesinato de agentes de las fuerzas del orden que cumplían con su obligación» aunque remarcaba que «la conciencia cristiana no puede admitir un uso legal de la fuerza por encima de lo necesario» ya que «el exceso de fuerza en la represión del terrorismo» era sinónimo de «violencia».

Francia advirtió a EEUU de que el silencio del rey entorno a las ejecuciones le costaría caro tanto dentro como fuera de España

El 19 de septiembre empezó a moverse la opinión pública francesa, mayoritariamente «socialistas, comunistas e izquierdistas de todo tipo pidiendo clemencia», según un cable de la embajada en París que aseguraba que algunos gaullistas habían «escrito personalmente a Franco pidiendo la conmutación de las penas». Hasta el día 22 el Departamento de Estado no reaccionaría. Pero lo hizo reenviando ese mismo cable a su embajador ante la ONU en Nueva York.

Los ánimos empezaron a caldearse en muchas partes de Europa. En Frankfurt, la embajada de EEUU comunica a Kissinger que se habían registrado varios ataques contra la legación española. La ciudad alemana se echaría a la calle contra Franco el 22 en una gran manifestación encabezada por Daniel Cohn-Bendit, hoy europarlamentario conocido popularmente por sus ataques contra el sistema capitalista y las recetas austericidas de Angela Merkel.

Un día después en Madrid tenía lugar uno de los actos de protesta más simbólicos contra la represión franquista. Personalidades de la talla de Yves Montand, Costa Gavras, Michel Foucalt y Regis Debray convocaron una rueda de prensa en una cafetería de la capital para presentar un manifiesto contra las ejecuciones redactado por André Malraux, Jean Paul Sartre, Pierre Mendes-France, Louis Aragon y Francmis Jacob. El evento no tuvo lugar y «Montand, sus amigos y los corresponsales extranjeros fueron detenidos […] Algunos fueron esposados y llevados en autobuses de la Policía hasta la comisaría».

Esto obligó al Ministerio de Exteriores francés, que hasta el momento estaba llevando una línea demasiado suave, a mostrar su preocupación al embajador de EEUU en París por «la vuelta a las tácticas represivas» del franquismo. En ese cable, del 25 de septiembre, el oficial francés de Quai D’Orsay subraya que está en contra de todo tipo de terrorismo pero que «la respuesta arbitraria» de Franco estaba creando «muchos más problemas que soluciones». Francia creía que las ejecuciones podrían provocar que el dictador se mostrara menos dispuesto a dejar el poder y ponían «al príncipe Juan Carlos en una situación imposible». «Al no poder disociarse de las acciones de Franco sin poner en peligro los acuerdos para su sucesión, su silencio está predestinado a manchar su imagen tanto dentro como fuera».

Los portavoces de Occidente

El tono diplomático iría aumentando en los días precedentes a que el Consejo de Ministros confirmara las sentencias a cinco de los presos y conmutara la pena a otros cinco. La Asamblea de la Otan aprobó un borrador de resolución criticando duramente al régimen y el Parlamento Europeo llamó a congelar las relaciones con España. El 26 de septiembre Franco decretó los fusilamientos y 15 gobiernos europeos retiraron a sus embajadores de Madrid. Estados como Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Suecia, Suiza, Noruega, Portugal, Grecia, las dos Alemanias, Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía o Polonia censuraron la actitud del régimen franquista. Hubo manifestaciones, ataques a los consulados y embajadas, amenazas y boicot a los transportes españoles.

El embajador de EEUU en Estocolmo fue demoledor con el silencio de Kissinger sobre los asesinatos franquistas

Entre los más críticos estuvo el primer ministro de Suecia, Ole Palme, que calificó a los ministros de Franco como «asesinos del diablo» y exigió a EEUU una respuesta contundente, cosa que nunca llegaría. Precisamente de Suecia sale también la declaración más crítica de un diplomático estadounidense hacia Kissinger. El 9 de octubre, Robert Strausz-Hupé, comienza una misiva al secretario de Estado diciendo que «la lógica explícita de nuestras relaciones con España es que las alianzas occidentales necesitan sus bases [militares]; la implícita es que España forma parte de los países de Occidente. Con el consentimiento de nuestros aliados hemos actuado de manera rutinaria como intermediadores entre España y la Otan. Si no hubiera sido por la resistencia de algunos de nuestros aliados, habríamos asegurado ya un nexo más estrecho entre España y la Otan, si no su plena integración».

«Como los portavoces del consenso político-moral de Occidente, tenemos que posicionarnos cuando un país que profesa esa adhesión a los valores occidentales los viola de manera tan patente. El modo en que los terroristas españoles fueron juzgados -por una corte marcial- no se corresponde con ninguna noción de lo que debe ser un proceso justo. Deberíamos decirlo -sobria y tranquilamente- pero deberíamos», continuó.

«España necesita mucha ayuda. La historia nunca se repite del mismo modo. Soy lo suficientemente viejo, sin embargo, como para recordar la Guerra Civil española. Aquello partió en dos a Occidente y fue la chispa de la II Guerra Mundial y deterioró la voluntad de lucha de Francia. No estoy anticipando que Occidente vaya a ser tan poco previsor e inútil como hace 40 años. Pero éste es el momento de ejercer nuestra influencia […] Podemos declarar nuestras preocupaciones sobre la deriva de la Justicia en España y llamar al régimen a aplicar la salvaguardia y limitaciones del proceso legal que caracteriza a los sistemas políticos occidentales. Esa limitación podría ayudar a salvar España de otro conflicto desgarrador», sentenció. Strausz-Hupé no sólo no tuvo respuesta sino que además vería más tarde cómo el jefe de la diplomacia de su país tenía planes totalmente contrarios.

Uno de los argumentos utilizados por los estados europeos para criticar la actitud de Kissinger fue que EEUU estaba más pendiente de renovar su acuerdo militar sobre las bases españolas que de los derechos humanos.

El intento mexicano

México se alzó como el país de habla hispana más virulento contra Franco aunque el tiro de su presidente, Luis Echeverría, le saldría por la culata. Desde finales de septiembre había comenzado a promover una resolución de Naciones Unidas por la que reclamaba la expulsión de España de la ONU en la reunión del Consejo de Seguridad que tendría lugar en octubre. Aquello no salió adelante después de numerosas consultas porque el secretario general Olof Rydbeck estimó que no era el lugar apropiado. Echeverría, que fue duramente atacado por los españoles por cargar a sus espaldas sus propios episodios de represión, sepultó además sus opciones a liderar la ONU.

Stabler no tocó el malestar por las ejecuciones con Arias Navarro en una reunión el 8 de octubre

El congresista Fortney H. Stark comparó la actitud de Echeverría según refleja un cable del Departamento de Estado con «la hipocresía de Pinochet, el Shah de Irán y el presidente Park de Corea». Asimismo, animaba a Echeverría «mostrar la misma preocupación por los derechos humanos en México». Quizá Stark no sabía la relación que tenía su país con los dos primeros personajes de su comparación.

Después sería Suecia la que intentó una declaración conjunta contra España pero EEUU hizo valer su peso y modificó una mención específica al régimen de Franco por una crítica general a las violaciones de los derechos humanos.

La Comunidad Europea terminó por suspender el 15 de octubre la negociación sobre un nuevo acuerdo comercial con España. Para entonces todos los embajadores habían regresado ya a Madrid y las declaraciones que hacieron a algunos de ellos a su homólogo estadounidense, Wells Stabler, dejan entrever la hipocresía de muchos de los países que se alzaron contra Franco. Por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas de Berlín no acarreaba la paralización de los acuerdos comerciales.

Entre medias del revuelo, el presidente del Gobierno franquista, Carlos Arias Navarro, se reunió con Stabler el 8 de octubre y no hubo ni una mención a las ejecuciones. El diplomático de Kissinger sacaría el tema con el ministro de Exteriores Cortina aunque no siguió al pie de la letra los consejos del viejo Strausz-Hupé. Stabler le dejó caer la preocupación de la opinión pública estadounidense, acostumbrada a que los juicios siguieran un «proceso justo». El 10 de octubre Cortina le envió un informe detallado sobre los cargos contra los asesinados, el proceso seguido y las leyes que se aplicaron que también llegaría a otras cancillerías.

El diplomático se lo reenvió a Kissinger concluyendo que «el memorando es persuasivo a la hora de explicar que España ha seguido su legislación al pie de la letra, lo es menos a la hora de responder a la cuestión sobre si su ley antiterrorista y los procedimientos que sigue garantizan un proceso justo».

La respuesta es no. Así describió Flor Baena a Público en una entrevista en 2010 la última vez que vio a su hermano Xosé en la cárcel de Carabanchel antes de ser ejecutado: «Le vimos entre rejas, a través de un cristal. Se le veían perfectamente las heridas. Estaba muy golpeado, con las uñas arrancadas. Le habían metido palillos en los dedos hasta que confesara. Nos reconoció que no sabía lo que había firmado y que era inocente»

http://www.publico.es/internacional/453415/el-rey-y-kissinger-callaron-ante-el-clamor-mundial-por-los-ultimos-asesinatos-de-franco