La Justicia argentina tomará declaración a doce víctimas del franquismo
La jueza María Romilda Servini de Cubría está a cargo de la causa
La Justicia argentina tomará testimonio en las próximas semanas a 12 víctimas de la dictadura franquista que viven en España, dentro de la causa abierta en 2010 por delitos de «genocidio y/o lesa humanidad» cometidos tras el alzamiento militar de 1936, según informó la agencia Efe.
En un comunicado, los letrados Carlos Slepoy, Ana Messuti y Máximo Castex señalan que, a partir del 25 de abril, la magistrada María Romilda Servini de Cubría tomará declaración por videoconferencia en las dependencias consulares argentinas en Madrid a doce de las personas que se presentaron como querellantes.
VIDEOCONFERENCIA
Los testimonios de las víctimas «posibilitarán citar a declaración indagatoria a los imputados bajo apercibimiento de requerir su detención. Todo ello en el marco del sistema penal argentino, el principio de Justicia Universal y el Tratado de extradición y asistencia judicial concertado con España».
De esta manera, la Justicia argentina da un paso más en la causa abierta en 2010 por los delitos cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
En diciembre de 2011, Servini pidió a España nombres y domicilios de los ministros del Gobierno y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar encabezado por Francisco Franco que dio origen a la Guerra Civil, y el 15 de junio de 1977, una decisión celebrada por organismos humanitarios de Buenos Aires y Madrid.
MÁS DE 150 DEMANDAS EN LOS TRIBUNALES PORTEÑOS
Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires, «más de 150», según los abogados de los querellantes, figuran las de Darío Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo (septiembre de 1975), e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Numerosas víctimas se sumaron a la causa después de que el juez español Baltasar Garzón, que trató de investigar estos hechos, fuera inhabilitado para ejercer por el Tribunal Supremo, por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de una red de corrupción y sus abogados defensores.
