La campaña «Rostros de la infamia» trata de deslegitimar la condena contra el exdictador

 

«Hay sectores interesados en la anulación de la condena a Ríos Montt», dice en conversación con eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala y señalado por la campaña

En la misma se critica a defensores de los derechos humanos como la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, a los que llama «oenegeros mercenarios»

«El cumplimiento de la sentencia contra Ríos Montt depende de la presión social y mediática», advierte Sandino Asturias

Rostros de la infamia. Así se titula una de las campañas que estos días impulsan sectores conservadores guatemaltecos con la intención de desprestigiar a defensores clave de los derechos humanos en el país y de cuestionar la sentencia que condena  al exdictador Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad.

El texto, un intento de estigmatizar a personalidades como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú o a la propia jueza Yasmín Barrios -que ha llevado el proceso contra el exdictador- acaba de ser denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos. En él se califica a las personas partidarias del juicio de “seudo-guatemaltecas” y “traidoras de la paz” que se mueven por “venganzas ideológicas y por ser oenegeros mercenarios a la caza de unos dólares o euros”.

Además, se afirma que esos “rostros de la infamia” no deben ser olvidados ni por “las generaciones presentes ni por las futuras, a quienes les corresponderá dar su castigo a estos traidores de la paz. Porque Dios, la Patria y la Historia así lo demandarán”.

Entre las personas señaladas como “infames” hay jueces, abogados defensores de los derechos humanos, activistas especializados en derechos humanos -entre los que destaca, por su proyección internacional, Rigoberta Menchú- e incluso embajadores.

El texto asegura que existe un plan destinado a “destruir el pilar político, económico, y social” y a fomentar un “control ideológico”.

Tras el juicio ya surgieron las previsibles reacciones de los poderes conservadores del país, y en concreto del poder empresarial y del gobierno. La patronal guatemalteca ha pedido a la Corte Constitucional que anule la sentencia contra Ríos Montt y el presidente ha insistido en que la condena no es definitiva.

Estos días además algunos defensores de los derechos humanos y periodistas que han dado cobertura al juicio contra Ríos Montt han recibido amenazas y presiones.

En conversación con eldiario.es, Sandino Asturias, otro de los señalados en el documento “Rostros de la infamia”, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, hijo de un célebre guerrillero y nieto del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, considera que este tipo de campañas pretenden dividir el país y cuestionar la sentencia contra Ríos Montt.

“Están haciendo circular el documento “Rostros de la infamia” entre militares, la Fundación contra el Terrorismo, entre los sectores más conservadores. Es una especie de campaña negra. En las últimas páginas del texto atribuyen a los que ellos llaman infames, es decir, a nosotros, una especie de plan de destabilización. En realidad es un plan espejo, porque ese es el plan de ellos”, afirma.

El abuelo de Sandino Asturias, el Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, escribió:

“Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán”.

Esta clara concepción contra la impunidad y en favor de la memoria y la justicia como mecanismos para la paz y la reconciliación es por la que ahora están luchando y trabajando sectores clave de Guatemala.

 

Entrevista a Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala

Pregunta: ¿Hay campañas por tanto para que la sentencia contra Ríos Montt se anule e intentos de estigmatizar a los impulsores del juicio?

Sandino Asturias: Este documento llamado “Rostros de la infamia” da un paso más allá. Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, hijo de un genocida, dijo el día de la sentencia contra Ríos Montt que ‘los comunistas trataron de tomar el poder por las armas, no pudieron; los comunistas trataron de tomar el poder del Congreso y no pudieron; los comunistas tomaron el poder judicial y esta es la consecuencia’. Es decir, para ellos la justicia es parte del conflicto, parte de la guerra y así lo están manejando internamente. Lo que hacen con este panfleto es ponerle cara a ese “enemigo”.

Pregunta: En esta atmósfera y en este contexto del que hablamos, ¿sería posible que se juzgara a otros responsables de las masacres en Guatemala?

S. Asturias: Hay que ver con objetividad las capacidades reales de persecución penal en nuestro sistema de justicia. El caso de Ríos Montt se articula en el año 2000, es decir, se tardan 13 años en juzgar a un genocida. No hay capacidad adecuada para llevar a los tribunales a todos los genocidas que quisiéramos.

Pregunta: ¿Por qué?

S. Asturias: Hay una campaña interesada que busca unificar a todos los sectores conservadores con la intención de tumbar este juicio histórico. Quieren anularlo y quieren generar una unificación de las fuerzas conservadoras y militares. El poder empresarial ya ha dicho que está en contra de la sentencia y que hay que revertirla. Pero al mismo tiempo el avance que se da con este juicio estimulará a muchas organizaciones de víctimas a seguir luchando para llevar a la justicia a los criminales.

El papel del poder empresarial, la oligarquía, los militares y EEUU

Pregunta: Hay un vídeo de 1982 en el que el actual presidente Pérez Molina, apodado entonces el general Tito, dice al periodista estadounidense Allan Nairn que “todas las familias de indígenas están con la guerrilla”, lo que se ha entendido como un intento de justificar las matanzas. Ya como presidente Pérez Molina ha negado que hubo genocidio. ¿Esta negación podría tener relación con su papel en el pasado?

S.A.: Aquí hace 15 años la Comisión de esclarecimiento histórico estableció que en Guatemala hubo genocidio y etnocidio. Que ahora se discuta esto tiene más que ver con una estrategia de impunidad. Estados Unidos, el poder empresarial, la oligarquía y los militares planificaron, ejecutaron, estructuraron esa política de tierra arrasada, de genocidio. Fue una política de común acuerdo. Todos los que se ‘taparon con esa chamarra’, excepto Estados Unidos, están defendiendo lo que hicieron en esa época, como una defensa jurídica.

La importancia de la presión mediática y social

Pregunta: ¿Hasta qué punto esa impunidad sigue marcando la vida actual en Guatemala?

S.A: Nosotros trabajamos con asuntos de seguridad, violencia, justicia y derechos humanos. Y fuimos percibiendo que si no resolvíamos la impunidad del pasado, la impunidad del presente se convertiría en un elemento consustancial de la violencia social. En los años recientes se siguió con la lógica autoritaria y de violencia de decir: “al delincuente hay que matarlo”. La impunidad para perseguir a los supuestos delincuentes generó una cacería de personas, porque no hemos tenido un precedente de justicia histórica que no permita que esos hechos violentos ocurran.

Pregunta: Por eso subrayan ustedes la importancia de este juicio…

S.A: Efectivamente. Este juicio pone un nuevo parámetro de convivencia social donde nadie está por encima de la ley, nadie puede matar a nadie impunemente. Nos alcanzó el pasado, y si no resolvemos el pasado tampoco podemos resolver el presente.

Pregunta: El presidente de Guatemala, Pérez Molina, ha insistido en que la sentencia contra Ríos Montt no es definitiva. ¿Cómo valoran esta actitud y el riesgo de que se suspenda?

S.A: Hay una gran presión. Los poderes militar y empresarial se han unificado intentando revertir la sentencia. Estamos en el punto donde dependiendo de la presión social y mediática esto será sentencia firme o se podrá revertir. Hay una gran presión sobre el Tribunal Constitucional para revertir la decisión pero también hay una gran presión social para que se mantenga. La comunidad internacional juega un rol importante en este proceso pero al final de cuentas ya lo avanzado está avanzado, ya la condena está.

Las presiones contra el juicio

Pregunta: Hay sectores que afirman que hubo presiones del propio gobierno para intervenir en el proceso de juicio. ¿Qué tipo de presiones ha habido exactamente?

S.A: Aquí todo el mundo intentó intervenir en este juicio. Ha intervenido públicamente el poder ejecutivo emitiendo opinión sobre el tema, el poder económico ha emitido opinión públicamente, antes y después de la sentencia. Es decir, sí ha habido una intromisión y presión sobre los tribunales. Hay que reconocer la fuerza que ha tenido el tribunal y el organismo de justicia soportando esa presión y manteniendo la independencia.

Pregunta: ¿Qué les diría a quienes sostienen que la justicia contribuye a la división y a la polarización del país?

S.A: Que es falso, por una razón muy sencilla. El país estaba sometido a la polarización, a la violencia y la conflictividad, no es que ahora hay polarización, violencia y conflictividad. Este proceso ejemplar de justicia más bien nos puede ayudar a establecer los caminos de reconciliación. La paz planteó un camino de justicia, a través del cual el país podrá avanzar hacia la reconciliación real y el desarrollo democrático. Mientras sigamos creyendo que la justicia tiene que estar secuestrada a los intereses militares y de los empresarios, este país no cambiará.

Pregunta: ¿Cómo marca a su entorno la impunidad?

S.A: El modelo planteado aquí de transición pacífica, un modelo para el que se puso a España de ejemplo en algún momento, incluía un mecanismo no muy definido en relación a cómo resolver el pasado. Era evidente que en una negociación de paz no se iba a poder resolver el tema de la violencia del pasado. Por una razón muy sencilla, porque estábamos negociando con ellos.

Pero nunca se dejó de lado el hecho de que el país necesitaba resolver cuestiones de justicia. Un país no puede avanzar mirando hacia otro lado cuando hay 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos en total impunidad. Esta sentencia, para muchos que hemos luchado por esta Guatemala, tiene el sentido de la esperanza, del futuro. Guatemala puede tener un futuro diferente porque hay personas, instituciones, que están hartas de la violencia y la impunidad.

El racismo contra la población indígena

Pregunta: La ejecución de un etnocidio en el pasado, ¿de qué modo influye en la situación actual de la población  indígena?

S.A: Es parte intrínseca. Aquí el racismo es una estructura de dominación y de poder, lo ha sido desde hace 500 años. El 95% de las masacres se han dado en zonas indígenas, las más afectadas por este modelo económico y político. El indígena ha sido históricamente la fuerza barata de trabajo, sin ninguna inclusión social. Las áreas indígenas son las más pobres del país. Y por eso son las zonas donde más rebeldía, actuación y movilización social hay. Las comunidades indígenas se han apropiado de su territorio y son las que están luchando ahora contra los intereses mineros y contra elementos empresariales transnacionales.

Pregunta: ¿Qué papel puede jugar la comunidad indígena en un proceso de cambio?

S.A: Este es un país que ha vivido del racismo, con un poder económico que ha sobreexplotado a la población indígena, y con un pueblo indígena que ahora está levantado socialmente. Los indígenas son el actor principal de respuesta al modelo económico y de exclusión. El actor gubernamental es el elemento que pretende acallar esa protesta por la vía de la represión. En tiempo de la guerra lo hizo con masacres, más de 440 masacres documentadas en la comisión de esclarecimiento histórico, ahora lo hace de otra forma pero también hay represión.

Pero hay un movimiento social que está activo, que defiende su territorio y que me parece que es el punto de inflexión en todos estos procesos, donde la justicia juega un rol muy importante porque es el que va a dirimir cómo vamos a resolver nuestros conflictos en el futuro.

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