Entrevista a Máximo Castex

 

Uno de los abogados de la querella explica cómo el avance de la justicia argentina contra los crímenes de lesa humanidad permitió que la causa se lleve adelante en nuestro país.

Qué significó el testimonio brindado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría para el desarrollo de la causa?

-Marca un hito histórico en la evolución de la investigación. En primer lugar, sirvió para ratificar las resoluciones que el ex magistrado adoptó al intentar investigar los crímenes franquistas en España antes de ser inhabilitado, y que fueron incorporadas al proceso penal argentino. Por otra parte, su palabra también vino a demostrar que la justicia española no está investigando estos crímenes franquistas. Al contrario de lo que ha reiterado en dos ocasiones la Fiscalía General española en respuesta a los dos exhortos remitidos por la justicia argentina. Garzón refutó esto punto por punto, algo que nosotros, como abogados querellantes, ya habíamos formulado mediante un extenso escrito presentado en noviembre pasado, en el que desmentíamos el informe de la Fiscalía. A eso hay que sumar el trabajo realizado por Amnistía Internacional de España en mayo de 2012, que con una investigación muy detallada y precisa probó la existencia de crímenes de lesa humanidad cometido por el franquismo.

-Un tema que el magistrado resaltó ante Servini es que esta investigación sea la única abierta en el mundo sobre estos hechos, que incluyen desapariciones, asesinatos y robos de criaturas en cautiverio.

-Me gustaría explicar algo antes. En realidad, esta causa podría haberse abierto en cualquier país del mundo. No hay que olvidarse del principio de jurisdicción universal: todos los países no sólo pueden, sino que deben juzgar aquellos crímenes internacionales graves. Ahora, esto lleva a preguntarnos: ¿por qué en Argentina y no en otro país? Es necesario repasar las circunstancias que han obrado a favor de que el proceso ocurra en la Argentina. En 2010, año en que aquí se presentó una querella por la represión franquista, el contexto jurídico argentino imperante y el recorrido que había hecho la jurisprudencia, impulsada por las asociaciones de derechos humanos, avanzando contra la impunidad de los graves crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina, ya se mostraba muy favorable al enjuiciamiento de los graves crímenes que se denunciaban. No resultaba extraño, entonces, que en un país en el que se están llevando a cabo cientos de juicios, en los que hay más de 200 condenados por dichos crímenes, la justicia respondiera el llamado de víctimas de ese mismo tipo de crímenes. Aunque esas víctimas pertenecieran a otro Estado. Eso explicó el hecho de haber podido atenderse en nuestro territorio un reclamo de justicia universal.

-¿Es complicado el trabajo, teniendo en cuenta las distancias, y que los familiares de las víctimas directas estén en Europa?

-No es fácil, pero seguimos adelante. Se trata de un reparto de tareas. En cuanto a la presentación de las víctimas que quieren ser parte querellante en la causa, los abogados en España, Ana Mesutti y Carlos Slepoy, se reúnen con las víctimas españolas, preparan la documentación y nos la remiten a Buenos Aires. El paso siguiente es revisar esa documentación en nuestro país, tarea que hace un equipo que integro junto a Beinusz Szmukler, David Baigún, Ricardo Huñis, Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano. Revisamos y  preparamos los escritos, para sumarlos a la causa. En los últimos días, las presiones del gobierno español para que la causa cayera fueron evidentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actuales funcionarios del presidente Mariano Rajoy son amigos o familiares de imputados directos. En realidad, las presiones se vienen ejerciendo desde mucho tiempo antes. El gobierno español les ha impedido a las víctimas denunciar los hechos durante la dictadura franquista y continúa impidiéndolo, insólitamente, en democracia. De esta forma las re-victimiza, impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos, con la evidente intención de que desistan en los reclamos. Hasta Garzón fue acusado de prevaricato, enjuiciado, condenado e inhabilitado para ejercer como juez. Otra prueba de esas presiones fue la intervención del ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación, para impedir las videoconferencias que debían realizarse desde Madrid, con la palabra de los damnificados directos. Por otro lado, somos conscientes de que algunos de los imputados tienen fuertes vinculaciones tanto con sectores del poder público español como del privado. Y que, llegado el caso, pueden gozar de su protección. Si en su momento, con la causa avanzada, España niega la extradición de eventuales culpables, se convertirá en un país que refugia a represores, torturadores y apropiadores de niños, con el descrédito que ello genera en el ámbito internacional.

-¿Cuál es la evaluación que hacen del trabajo de la justicia argentina hasta ahora?

-Hay que aclarar que en un principio, Servini desestimó la querella, debido a una recomendación del fiscal basada en el supuesto infundado de que la justicia española ya estaba investigando los hechos denunciados. Los denunciantes apelamos eso, e hicimos lo mismo en una resolución de la jueza que no admitía como parte querellante a una persona que no fuera ni padre, ni hijo ni cónyuge de un asesinado o un secuestrado. Frente a esos reclamos, la Cámara Federal de Apelaciones nos dio la razón, bajo el principio de acceso a la justicia en casos de graves crímenes internacionales. Sorteadas esas instancias, puedo decir que la actuación de Servini fue realmente positiva, ya que hasta la fecha ordenó una serie de medidas muy importantes.

-¿Cuáles?

-Dispuso el libramiento de dos exhortos dirigidos al Gobierno español, en los que se requirió información muy concreta sobre diversos puntos. Solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un viaje a fin de recibir personalmente declaraciones testimoniales de víctimas y/o testigos. Pero cuando ese viaje se frustró, no se quedó ahí, sino que tomó audiencias testimoniales a un grupo de ciudadanos españoles que viajaron especialmente a Argentina. También ordenó declaraciones testimoniales de doce víctimas mediante el sistema de videoconferencias, dispuso y recibió la declaración testimonial de Garzón, y por último, anticipó que fijará nuevas fechas durante el mes de junio para tomar las videoconferencias que fueron suspendidas.

–La causa tiene por ahora nueve imputados. ¿Podrían ser llamados a declaración indagatoria?

–Por supuesto, pero después de los testimonios por videoconferencia que fueron suspendidos. Si los imputados no se presentan al juzgado, se solicitará la emisión de órdenes internacionales de detención conforme al Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que rige entre España y nuestro país. «

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