La familia de Yolanda González espera que Fernández Díaz desvele por fin la relación de su asesino con las fuerzas de Seguridad
Interior convoca una reunión
RAIMUNDO CASTRO | 2 DE JULIO DE 2013
Fue en marzo cuando la Plataforma de Familiares, Amigos y Compañeros de Yolanda González pidió al Ministerio del Interior que investigase y tomase medidas para evitar que su asesino, Emilio Hellín Moro, siga colaborando con las Fuerzas de Seguridad como si no pasara nada. El miércoles próximo, mañana, por fin, la Plataforma ha sido convocada al Ministerio para recibir explicaciones. Y ha sido, casualmente, justo después de que toda la oposición parlamentaria haya presentado una Proposición no de ley en el Congreso exigiéndolo y de que el Parlamento vasco haya adoptado una inusual resolución, por unanimidad, con el voto del PP y de UPyD, junto al de Bildu y el resto de los partidos, reclamándolo.
Yolanda fue asesinada el 1980 por Emilio Hellín, fascista militante de Fuerza Nueva y jefe del Grupo 41 del Batallón Vasco-Español. Hellín fue condenado a 43 años de prisión por este hecho y por un depósito continuado de armas de guerra y explosivos y varios delitos de falsedad de documentos de identidad.
Estando preso, Hellín protagonizó varios intentos de fuga y aprovechando un polémico permiso penitenciario huyó al Paraguay, donde vivió, bajo la protección de la dictadura de Stroesnner, hasta que fue extraditado. El pasado mes de febrero, el diario El País publicó que Hellín había cambiado de identidad y que, en la acualidad, colabora con varios cuerpos policiales en tareas de formación.
El hermano de Yolanda, Asier González Martín, y posiblemente su hermana Amaya, acudirán a la reunión. Recordarán que Hellín no se ha arrepentido. Que nunca ha pedido perdón. Y pedirán una explicación convincente de lo sucedido.
Quieren que se les dé una relación de cuántos trabajos y de qué años ha estado colaborando el asesino con las Fuerzas de Seguridad y que lleve a cabo una depuración de responsabilidades que hasta ahora, inexplicablemente, no se ha producido a pesar de conocer el disparate que supone que un asesino que huyó de la justicia sea ahora, por no ir más lejos, el perito de Andrés Bretón –interviene el próximo día 4 de julio- en el caso del presunto asesinato de sus dos hijos.
Esperan que Interior les desvele qué contratos, cuándo, cómo y dónde realizaron las Fuerzas de Seguridad con ese criminal. Confían en que esa relación acabe entregándose al Parlamento. Y, por supuesto, exigen que se le prohíba, cuando menos, seguir trabajando para los aparatos del Estado que, a su juico, han seguido protegiéndole desde que cometió el asesinato.
En la carta a Jorge Fernández Díaz, entregada en marzo, le recordaban que el diario El País había desvelado, gracias a una investigación periodística, que Emilio Hellín Moro, actualmente Luís Enrique, trabaja desde hace varios años para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y que forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. La misiva añadía: “Como usted y sus antecesores debían saber, Hellín Moro fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Yolanda González Martín en febrero de 1980, joven estudiante y trabajadora que había cumplido 19 años pocos días antes de su muerte y que entre los otros implicados y condenados por este cruel asesinato había miembros activos o en excedencia de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado”.
En consecuencia, la Plataforma solicitó a Fernández Díaz, y de forma extensiva al ministro de Defensa, que de inmediato se pusiera fin a toda colaboración del citado Hellín Moro con sus ministerios y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que diese información pública “de las condiciones en que ha tenido lugar esa colaboración y, muy en particular, que precise en qué fecha tuvo comienzo y en quienes recayó la competencia de las sucesivas contrataciones que han tenido lugar”.
Igualmente, pedían una clara identificación de la responsabilidad política en lo ocurrido, por considerar que no puede tratarse como un error administrativo y que incumbe a la cadena de mando de los cuerpos y fuerzas de Seguridad y de los propios ministerios, en éste y en anteriores mandatos. “Esto debe dar lugar a los correspondientes ceses y dimisiones, así como al reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes la tengan aunque actualmente no ejerzan funciones relevantes en las administraciones públicas”, concluían.
Porque hoy el Ministerio del Interior, la misma Guardia Civil, la policía vasca, la policía catalana y muchos ayuntamientos del Estado español no sólo utilizan los servicios del señor Emilio Hellín, sino que además recomiendan usar sus servicios en casos de espionaje y contraespionaje. Denuncian que la empresa Net Computer Forensics SL, en la que colabora Hellín, está en el caso Malaya, en el caso Bretón, en el caso de espionaje del Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva), donde PSOE y PP se lanzan espías, con Hellín a la cabeza. Hellín, dice la Plataforma, cambió su nombre de pila por el de Luís Enrique y desde su empresa, New Technology Forensics, ha venido asesorando a las FSE desde el 2006, como reveló José María de Irujo en El País en febrero de este año.
La reacción de Interior se produce después de que numerosas instituciones se hayan hecho eco de la reclamación de la Plataforma de Familiares y amigos de Yolanda. Primero, el Congreso está pendiente del debate de una PNL suscrita por 14 partidos –se excluyó el PP- en la que reclaman al Ejecutivo que realice una “investigación oficial y una evaluación detallada” de las razones por las que ha sido posible que un condenado por secuestro y asesinato “haya mantenido contratos y colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La iniciativa también pretende que se determinen las responsabilidades a las que haya lugar y que se tomen todas las medidas necesarias para que no se repita una situación como esta.
Además, el Parlamento vasco, haciendo gala de una actuación unánime sin precedentes hizo una declaración en contra de Hellín firmada por todas las fuerzas políticas. En ella se pidió al Gobierno vasco, en junio, que “realice una investigación sobre las relaciones contractuales y/o de cualquier colaboración que haya podido mantener o mantenga con Ernìlio Hellín Moro o con empresas en las que este participe”. La iniciativa “insta al Gobierno vasco a que revise sus procedimìentos de contratación directa e indirecta a fin de evitar, en la medida de lo posible, que empresas propiedad o dependientes de personas condenadas por hechos como los relatados presten servicios dependiente del Gobierno vasco”.
Había una razón. El pasado l de marzo, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltran de Heredia, confirmaba en el Parlamento casco la participación de cuatro agentes de la Ertzaintza en un curso de 45 horas impartido en Madrid sobre obtención y datos almacenados en dispositivos de telefonía móvil y recuperación de datos borrados impartido por la citada empresa New Technology Forensics, de la que era uno de los instructores Luís Enrique Hellín Moro. “El Parlamento vasco quiere mostrar, a través de la presente declaración institucional, todo su apoyo y solidaridad a la familia de la joven Yolanda González Martín”, se acordó.
La Plataforma también mantuvo un encuentro con responsables de la Consejería de Interior del Gobierno catalán porque se desveló que Hellín preparó a Mossos d´Esquadra. Numerosas fuerzas políticas se han comprometido a averiguar esa relación y a retirar cualquier colaboración con el asesino.
Para rematar, según destaca la Plataforma, Hellín, “el cruel ejecutor de una chica de 19 años”, será perito el próximo día 5 en el juicio que se celebra en Sevilla contra el presunto asesino Bretón. “¿Cual es el valor ético de las palabras de un asesino en el juicio a un encausado por asesinato?”, se preguntan. Y añaden: “Por la defensa de la democracia, de la justicia y de la memoria de Yolanda Gonzalez exigimos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia la retirada inmediata de Emilio Hellín como perito en el juicio contra José Bretón por el asesinato de sus hijos”.
