El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se reúne con los familiares en la capital hispalense para oír sus testimonios

 

Juan Miguel Baquero

No quieren ir más allá en el tiempo del proceso jurisdiccional emprendido por las nacionaes vencedoras de la II Guerra Mundial.

«En este país nunca ha habido política de memoria. El trabajo lo han hecho asociaciones y familiares. En Andalucía hay 614 fosas comunes y se han abierto unas 30». Es uno de los testimonios que han escuchado este viernes en Sevilla los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un encuentro con los familiares de víctimas del franquismo han tenido acceso al desgarrador testimonio de tantos crímenes sin resolver.

Entre los asistentes, Paco Marín, de 90 años. Su padre, Manuel Marín Rodríguez, fue fusilado en las tapias del cementerio de Sevilla. Sigue enterrado en una de las fosas comunes. O Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, cuyo abuelo, Isidro Fernández Cordero, fue asesinado el 4 de septiembre de 1936 en el muro del cementerio de Hinojos (Huelva), y sigue también bajo una fosa común.

“Los españoles hemos tenido muy mala suerte. Durante la Guerra Civil, la política de no intervención provocó que sólo interviniesen Italia y Alemania ayudando a los fascistas. Después, con la victoria de las potencias democráticas en la II Guerra Mundial parecía que se iba a producir un giro en el rumbo de la historia, pero se acaba alcanzando un pacto con la dictadura que sepulta estas ilusiones”, expresaba Rosa Baras durante su intervención. Un infortunio histórico bajo el peso de decisiones políticas internacionales que parece reiterarse con el mandato bajo el que trabaja la delegación de Naciones Unidas encabezada por la Defensora del Pueblo de Bosnia y Herzegovina, Jasminka Dzumhur.

La comisión trata tan sólo desapariciones forzadas a partir de 1945, fecha de celebración del Proceso de Núremberg en que se juzgó a los principales dirigentes nazis capturados. Entonces, ¿y todo aquello que sucedió antes? El grueso de la cruel represión a sangre y fuego en España fue sobre todo en los primeros años, desde julio de 1936. Según la ONU, si abren la fecha, si atiende peticiones más allá en el tiempo del proceso jurisdiccional emprendido por las naciones aliadas vencedoras de la II Guerra Mundial, se correría el peligro de una avalancha de denuncias que pudieran llegar desde casi cualquier punto de Europa y colapsara el sistema de trabajo.

El inesperado jarro de agua fría caló entre los familiares de las víctimas, repuestos sin embargo por la trascendencia del encuentro, una oportunidad histórica esperada durante décadas y generaciones. Jasminka Dzumhur terció no obstante con una invitación a que se presenten denuncias personales de todas las víctimas mediante los formularios que Naciones Unidas posee para este fin. Siempre habrá tiempo, dijo, de estudiar alguna excepción para el caso español, aunque lo cierto es que ahora quedarían excluidas de la investigación. Si la intermediación de la ONU sirve para algo, si el Gobierno de España acaba por atender sus peticiones, se habrá abierto el melón… Mientras, como dijo otro de las intervinientes, “este es el único país del mundo donde no se ha hecho Justicia y Naciones Unidas no se puede desentender de una de las grandes masacres ocurridas durante el siglo XX”.

De hecho, han manifestado que su mandato es ser el canal de comunicación con el Gobierno de España para pedirle que este haga su trabajo. “Con la información que tenemos, le preguntaremos por qué no han hecho nada y por qué no se puede acceder a los archivos sobre estos casos. De esta misión queremos obtener los conceptos y obstáculos clave que impiden que pueda conseguir la reparación moral, como por ejemplo con la construcción de memoriales para que las futuras generaciones conozcan lo que pasó. Esperemos que la apertura que muestra el Gobierno de Andalucía ayude a cambiar la situación”, ha aseverado uno de los ponentes de la ONU.

Han exaltado en este sentido, el papel de la Junta de Andalucía para implicarse con este problema, si bien han reconocido la barrera que supone la ley de amnistía. Eso sí, han recordado que está en contra del derecho internacional. “Es un crimen contra la humanidad y no se puede evitar que desde otro país se investigue”, ha puntualizado otro de los intervinientes.

http://www.eldiario.es/andalucia/Enviados-ONU-escuchan-familiares-franquismo_0_179882782.html