El alcalde de Las Palmas amenaza con despedir a un familiar de los fusilados de San Lorenzo
Desde la Plataforma denuncian que este trabajador ya ha sufrido represalias
THALÍA RODRÍGUEZ
Desde la Plataforma denuncian que este trabajador ya ha sufrido represalias. Entre ellas, se ha visto relegado a realizar tareas diferentes de las que venía efectuando desde hace años.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria amenazó, durante la reunión celebrada la pasada semana, con despedir a uno de los miembros de la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo que, actualmente, forma parte de la plantilla del Ayuntamiento, según denuncian desde la propia plataforma. La guerra entre el colectivo social y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la exhumación de una fosa común situada en el cementerio de Las Palmas, continúa abierta.
Tras múltiples ruedas de prensa, peticiones y escritos, el miércoles pasado por fin tuvo lugar una reunión entre la Plataforma y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.
Una cita marcada por las últimas declaraciones del regidor en las que afirmaba que los familiares no tienen derecho a invocar a la Ley de Memoria Histórica, y en las que les acusaba de estar “confundidos” al ampararse en el Artículo 11 de dicho texto legal, ya que, según explicó, ese precepto se refiere a las personas que “no saben dónde están enterrados sus antepasados”. Según Cardona, en en el caso de los reopresaliados republicanos de San Lorenzo la fosa está perfectamente localizada, ya que estas personas “fueron enterradas e identificadas siguiendo las costumbres de la época”.
La reunión celebrada en el Ayuntamiento capitalino, que prometía ser un paso adelante importante para resolver las diferencias que la actual administración popular del consistorio capitalino sostiene con la Plataforma, solo sirvió para caldear aún más el ambiente.
Hace menos de un mes, el Ayuntamiento capitalino denegó la solicitud presentada por la Plataforma para exhumar los cuerpos de más de 60 represaliados por militares y falangistas tras el golpe de estado de 1936. Según portavoces de la Plataforma, la reunión fue una jugada del consistorio para lavar su imagen ante la opinión pública tras las críticas recibidas por negarse a la apertura de la fosa.
Los asistentes a la reunión denuncian que recibieron un trato denigrante por parte del alcalde, que “dedicó el 80% de la reunión a insultar a un miembro de la Plataforma por sus escritos publicados en varios medios de comunicación y en su blog”.
Según los denunciantes, el alcalde amenazó con despedir a uno de los miembros de la plataforma que actualmente forma parte de la plantilla del Ayuntamiento.
Desde la Plataforma denuncian que este trabajador ya ha sufrido represalias. Entre ellas, se ha visto relegado a realizar tareas diferentes de las que venía efectuando desde hace años en el ámbito sociocultural.
“Se reunió con nosotros para echarnos un rapapolvo”, asegura un portavoz. Desde la Plataforma se sintieron atacados en la reunión. Denuncian que el alcalde vetó las intervenciones de la portavoz de la Plataforma que acudió a la cita.
A la salida se difundió que las negociaciones iban por buen camino y que el Ayuntamiento había propuesto crear una comisión de seguimiento para la exhumación. Información que choca frontalmente con la aportada por la Plataforma, que afirma que “rompen al 100% todas las negociaciones entabladas con el alcalde”. “No estamos dispuestos a aguantar insultos fascistas de nadie”, afirman. A día de hoy, la información sigue publicada en la página web del consistorio capitalino.
Desestimada la demanda presentada por la Plataforma en la suplicaban al juez que constatara la muerte violenta de los represaliados a partir de la correspondiente prueba pericial y que se procediera a identificarlos y entregarlos a sus familiares para darles sepultura y roto cualquier tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde la Plataforma señalan que están estudiando otras vías para lograr su objetivo. Principalmente jurídicas. “Hemos presentado denuncias a la Unión Europea y nos hemos unido a la querella argentina contra el Estado español”, aseguran.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que la reunión transcurrió sin incidentes, aunque afirman que «las puertas siguen abiertas para continuar con las negociaciones». Todo indica que todavía queda un largo camino para que algunas heridas terminen de cicatrizar.
