AndalucÃa: La negativa de alcaldes frena el plan andaluz de retirar sÃmbolos franquistas
La Junta intenta desde hace un año concluir el catálogo de señas de la dictadura en los municipios
La Junta intenta desde hace un año concluir el catálogo de señas de la dictadura en los municipios. Valderas exige datos por carta a los regidores y ultima la ley que retira subvenciones a los reticentes
El Gobierno andaluz, a través de la dirección general de Memoria Democrática, lleva más de un año intentando concluir el catálogo de sÃmbolos franquistas que aún perduran en el nomenclátor andaluz, en edificios públicos y en otros inmuebles sostenidos con fondos públicos, incluido iglesias. Pero la reticencia o la negativa de muchos ayuntamientos a proporcionar los datos a la Junta ralentizan el proyecto, cuyo objetivo último es la retirada definitiva de cualquier vestigio del fascismo en espacios públicos de AndalucÃa. Desde el 2012 se han retirado más de un millar de estos sÃmbolos, pero aún se conservan «varios centenares» entre elementos arquitectónicos y nombres de calles.
En los últimos dÃas, la dirección general de Memoria Democrática, dependiente de la ConsejerÃa de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha remitido un nuevo requerimiento por carta a todos los alcaldes andaluces solicitando el listado de sÃmbolos franquistas que existen en sus municipios, con fotografÃas e indicación cartográfica. Hace meses la Junta ya envió «cartas puntuales» a consistorios de algunas localidades donde sabÃan con certeza que existen «sÃmbolos notorios del franquismo», pero esta semana se ha optado por «un barrido sistemático».
En la misiva a los alcaldes, el responsable de este departamento, Luis Naranjo, apela al cumplimiento de la Constitución, al Estatuto y a la Ley de la Memoria Histórica, que aprobó el Gobierno de José Luis RodrÃguez Zapatero en el 2007. Esta norma es, por ahora, la única legislación que obliga explÃcitamente a las administraciones a retirar los sÃmbolos del franquismo. Pero la ley estatal no tuvo desarrollo reglamentario y dejó un vacÃo legal al no establecer ningún lÃmite cronológico para eliminar los sÃmbolos. La futura ley andaluza de Memoria Democrática que está ultimando la Junta viene a cubrir ese vacÃo, fijando el lÃmite temporal que tendrán los alcaldes para borrar los vestigios de la dictadura. Naranjo habla de un margen prudencial de «pocos meses».
Al envÃo de solicitudes ya han contestado alcaldes, pero otros muchos siguen sin responder. La Junta maneja un listado no oficial de sÃmbolos franquistas que ha elaborado gracias a la colaboración de foros y asociaciones de la Memoria Histórica, pero necesita complementar y hacer oficiales estos datos con los consistorios. Desde IU aseguran que la mayorÃa de los alcaldes que rechazan colaborar son del PP, «a muchos de los cuales aún les une un nexo blando con el tardofranquismo».
Pero no todos los que faltan son populares. «La mayorÃa de regidores socialistas están colaborando con lealtad, pero también los hay que han preferido no darse por aludidos», advierten desde la coalición de izquierdas. Cuando se les ha llamado por teléfono han explicado que apoyan el proyecto, pero que en este momento no quieren abrir una polémica innecesaria en sus consistorios, «porque el PP aprovechará para acusarles de no estar centrados en acabar con la crisis y el paro».
MEMORIA DEMOCRATICA La elaboración del catálogo de sÃmbolos franquistas es un trabajo que la Junta quiere tener finiquitado antes de que se apruebe la ley de Memoria Democrática. Pero, en realidad, hasta que no esté en vigor esta norma, el Ejecutivo andaluz no podrá dar un ultimátum a los alcaldes para que borren las señas de la dictadura.
También por esta razón, la consejerÃa que dirige el vicepresidente Diego Valderas optó por aparcar la ordenanza municipal que ya estaba redactada. Dicha ordenanza no era sino un desarrollo normativo del artÃculo 15.1 de la ley estatal de Memoria Histórica, que permitirá a la Junta retirarle subvenciones o ayudas públicas a los municipios que se resistan a eliminar los sÃmbolos franquistas. El Gobierno andaluz reactivará la ordenanza y se la remitirá a los ayuntamientos una vez esté aprobada la ley autonómica, previsiblemente antes de finalizar el año.