La Iglesia católica no puede seguir reconociendo a sus víctimas e ignorando a la inmensa mayoría restante

 

 

A raíz del último proceso de beatificación de 522 «mártires de la Iglesia católica» deberíamos recordar que, desde la misma proclamación de la Segunda República, se produce una oposición radical de la jerarquía eclesiástica hacia el nuevo Estado, debido a que este plantea cuestiones como el laicismo del Estado, el matrimonio civil, el divorcio o el fin del control eclesiástico de la educación. Los cardenales Segura, Gomá y Múgica se oponen a las reformas republicanas, utilizando para ello sus ingentes medios propagandísticos. Jerarcas de la iglesia, como el canónigo magistral de Salamanca, Aniceto Castro Albarrán, con la publicación del libro El derecho a la rebeldía (1934), incitaban a la rebelión ciudadana contra la República. Este canónigo, iniciada la Guerra Civil, fue de los primeros en exponer y defender la «Teología de la Cruzada Nacional».

En el mismo sentido, fuerzas sociales y políticas ligadas al tradicionalismo católico comienzan, ya desde 1931, una labor de desprestigio de las reformas republicanas: José María Gil Robles (líder de la CEDA y apoyado electoralmente por la Iglesia española y el Vaticano), Angel Herrera Oria, desde la revista jesuita Razón y Fe ; o Eugenio Vegas Latapié, desde la revista Acción española , con artículos que incitaban a la rebelión contra la República a sus seguidores católicos y a la sublevación a los militares descontentos. Tras el golpe de Estado militar, la Iglesia católica llevó a cabo una labor diplomática antirrepublicana ante las principales cancillerías europeas bajo la idea de que en España se estaba produciendo una persecución anticristiana. Todo ello culminó en la «Carta Colectiva a todos los obispos del mundo», encabezada por el cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, en agosto de 1937. De este modo, la Iglesia española consiguió la transustanciación del golpe militar en Santa Cruzada de liberación nacional.

No van a faltar en nuestra ciudad y provincia casos de apoyo de elementos eclesiásticos a los sublevados, como el fraile Jacinto de Chucena, que se presentó en el cuartel de Artillería el 20 de julio de 1936 para ofrecerse al coronel Cascajo, o sus locuciones radiofónicas en Radio Córdoba arengando a la represión y exterminio de republicanos desde el 14 de agosto de 1936.

Las víctimas religiosas en toda la provincia de Córdoba fueron 102. Si comparamos estas cifras con el total de víctimas asesinadas por los rebeldes golpistas solo en Córdoba capital, estimadas en unas 4.000 personas, concluiremos en la desigual y desproporcionada represión de éstos. Por tanto, la afirmación de que los sacerdotes católicos fueron asesinados por motivos exclusivamente religiosos no se sostiene ante ningún análisis histórico serio. Fueron motivos políticos –antirrepublicanismo y apoyo a los sublevados– los que produjeron (injustamente, qué duda cabe) la muerte de esos «mártires», no su fe. Sin olvidar que en última instancia la responsabilidad de toda las muertes de la guerra civil reside en los que efectuaron el golpe de Estado militar contra la República. La parafernalia religiosa en torno a las canonizaciones oculta a las verdaderas víctimas del franquismo: sólo en Andalucía fueron fusilados más de 60.000 hombres y mujeres por defender o simpatizar con el Gobierno legítimo de la República, que yacen todavía en más de 600 fosas comunes. La Iglesia católica no puede seguir reconociendo a sus víctimas e ignorando a la inmensa mayoría restante. La reconciliación solo llegará cuando reconozcan los crímenes del franquismo y su complicidad en la instauración de la Dictadura que los perpetró.

* Presidenta de la Asociación Foro por la Memoria de Córdoba

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/canonizaciones-y-des-memoria_837265.html