España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más personas sepultadas en fosas comunes

 

Francisco Marín prefiere que le llamen Paco. Camina con bastón, e intercala un par de pausas hasta llegar al bar del barrio que ha elegido para charlar. “Cerca de aquí, hice otra entrevista”, cuenta orgulloso.

Tiene 90 años, y sus pies se detienen sin avisar. No agradece el silencio y llego a pensar que encarna fielmente las palabras de Clarice Lispector: “Tengo que hablar, porque hablar salva”.

El bochorno de la tarde se evapora. Paco se emociona y pide disculpas. Segundos después recupera la compostura y comienza un relato cruzado entre su vida de adolescente de trece años y la de su padre fusilado.

Había llegado a Sevilla desde Ronda. Manuel Marín Rodríguez tenía veintidós cuando conoció a Amalia Cabello Pérez, con la que no se casó, y junto a la que tuvo siete hijos. El primero de ellos fue Paco.

Tallista de madera en la antigua casa Antonio García Badillo, fábrica de muebles de lujo. 38 años. Miembro del Partido Comunista. “Es como si lo estuviera viendo. Yo es que la memoria la tengo muy buena”.

El 18 de julio de 1936, la guarnición de infantería había leído el Bando de Guerra en la Plaza del Duque. La sublevación militar era un hecho. Refugiado en el domicilio de su hermana, Manuel volvió finalmente a la colectiva de Ciudad Jardín.

En septiembre, el 16, un grupo de guardias civiles golpeó la ventana del vecino Celemín, guardia de asalto, preguntando por él. Contestó que era nuevo en aquel lugar, pero su evasiva no funcionó. “Sólo nos lo llevamos para hacerle unas preguntas”, recuerda Paco que les oyó decir.

Amalia acudió a verlo a la comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús del Gran Poder. Regresó sin el termo de café y con la manta que le había llevado. Hizo el mismo trayecto al día siguiente, pero “ya no estaba”

Murió la jornada del 18. Una ráfaga de balas ante la tapia del cementerio de San Fernando junto a otras diecinueve personas. Había llegado hasta allí en un camión requisado, el de su amigo Miguel: “Eso me lo contó él –asegura Paco–. Yo estaba en la puerta de mi casa. Me llamó y me dijo: ‘Dile a tu madre que no siga buscando. Que a tu padre lo han fusilado’”.

La fosa común en la que permanecen los restos de Manuel Marín fue una de las primeras que se abrieron el verano del 36 en ese camposanto. Un monolito atestigua que sobre ella y otras posteriores se han construido panteones.

El menor de sus hijos, Antonio, nació un mes después. Fue asentado en el Registro Civil con los apellidos maternos. “‘¿Cómo se llama su marido? Su nombre no aparece aquí’. Mi madre tenía reparo, porque la represión que había era muy mala. Pero se lo tuvo que decir: ‘es que mire usted, mi marido ha sido fusilado’. Con cortedad, pero se lo dijo”. En la comisaría de la calle Jáuregui, Amalia quiso pedir la partida de defunción: ‘Señora, váyase usted. Aquí no se mata a nadie’.

Paco reencontró a su padre en la página 347 del volumen Sevilla, 1936. Del golpe militar a la guerra civil, de Juan Ortiz Villalba. Animado por el hallazgo, consiguió finalmente el certificado.

La muerte está registrada nueve años después, el 15 de febrero de 1945. La ciudad y la fecha del suceso están consignadas, pero dos pequeñas líneas ondulantes ocupan el espacio a completar como causa. Oficialmente, es un hecho inexplicado, carente de razón.

*     *     *

Sobreviven pocas personas como Paco. Prácticamente nadie que fuera adulto en aquellos años y pueda ofrecer un testimonio directo sobre el golpe militar del general Francisco Franco contra la República, obre la represión subsiguiente, la guerra civil, el yugo que supuso el comienzo de la dictadura.

Un periodo que presenta extensos vacíos en torno a desaparecidos y fuentes documentales. Vestigios de una realidad que confluyen en la ausencia como denominador común: física, histórica, o psicológica. Piezas sobre las que se intenta levantar la losa del silencio.

Callar “es el mecanismo más eficaz de transmisión de acontecimientos traumáticos”, asegura Gregorio Armañanzas (Estella, Navarra, 1953), psiquiatra especializado en transmisión transgeneracional. Ha impartido talleres en España, Italia, Portugal, Brasil, Colombia y Egipto en una misma dirección. Los asesinatos de civiles durante el último enfrentamiento armado en nuestro país son un daño duradero en el inconsciente que se ha traspasado hasta la tercera y cuarta generación: Los asesinados, los asesinos y sus coetáneos, los hijos, los nietos, los bisnietos.

Los últimos también acusan el impacto de haber perdido a un antepasado de forma violenta. Armañanzas ofrece ejemplos. Una bisnieta brindó un homenaje a su bisabuelo tras saber que su nacimiento estaba indisolublemente vinculado al homicidio de él. Entendió por qué su cumpleaños era un motivo de tristeza. Coincidía con el aniversario de una muerte: “Empezó a soñar con fusilamientos y a elaborar la carga que había llevado sin saberlo”.

Miedo y afán de supervivencia son razones primigenias para no hablar. Pero a setenta y siete años de la contienda, y treinta cinco del fin del régimen franquista, ¿son las únicas claves? En el subsuelo emocional se darían causas subjetivas como el deseo de proteger a los allegados y el recelo a confrontar el pasado en el núcleo familiar y social.

También la culpa y la vergüenza que pesa sobre las víctimas. Una cuestión paradójica que apunta a que la aceptación y el relato del horror pueden significar una segunda victoria para los agresores: una doble victimización. Armañanzas precisa que para los descendientes de los ejecutores es un tema tabú: “Hijo de perpetrador que sabe que su padre lo fue, pero se lo preguntó y lo negó. Pero él lo sabe, porque ¿para qué le preguntó? Lo era. Lo cotejé por otro lado”.

Y continúa haciendo autocrítica, personal y profesional:

—Nací en el 53, en un contexto de posguerra. Tal vez con la edad nos dimos cuenta de qué había en el aire, qué era aquello de lo que no se hablaba. En la conspiración de silencio hemos sido cómplices psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras, porque no hemos preguntado a nuestros pacientes. Ese pacto se da igualmente en los descendientes de los judíos confinados en los campos de concentración, pero ellos han escrito profesionalmente mucho sobre el hecho de ser víctimas. Yo tuve que acudir a un congreso de la IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) en Londres en 1998, para empezar a pensar y trabajar en ello”.

Si barajamos el promedio de que el asesinato de una persona afecta a otras cuatro – hermanos, cónyuge, hijos-, el efecto directo es devastador. El legado también, según el concepto de lealtades invisibles que enunció el húngaro-estadounidense Ivan Böszörményi-Nagy. Los hijos poco pudieron hacer por sus progenitores. Son los nietos y los bisnietos los que asumen las tareas inconclusas. Los encargados de procesar el duelo y el cierre.

Pero si se desconoce el paradero y no se ha hecho un ritual colectivo de despedida, las familias se enfrentan al síndrome del desaparecido. Éste sigue presente, hasta lograr un enterramiento digno: “Cuando los nietos han encontrado los restos y los han trasladado al cementerio, la vivencia que transmiten es la de un funeral en tiempo real”.

Además del mutismo, el traslado del trauma puede conducir a la identificación. Los hijos llegan a adoptar el papel del padre o la madre ausentes, en las familias de las víctimas, y el rol heredado en las de los agresores.

Sobre el rastro emocional, Armañanzas dice que en España coexisten posiblemente el silencio que se ha experimentado durante muchos años “y que ahora empieza a despertar, y el trauma de guerra como elemento aglutinador de los grupos políticos”. Y apunta: “Tenemos la responsabilidad de curar estas heridas en el plano psicológico y también social”.

*     *     *

¿Qué se ha investigado? ¿Cómo actúan las autoridades y los juzgados? ¿Cómo se exhuma? ¿Qué se ha hecho hasta ahora, y sobre todo, qué no? El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) ha querido esclarecer cuestiones en la que ha sido su primera visita. La última semana de septiembre, en Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.

España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más personas sepultadas en fosas comunes. Las cifras no son definitivas. Amnistía Internacional (AI) estima 150.000 entre 1936 y 1975, en el informe El tiempo pasa, la impunidad permanece. La Plataforma para la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo calcula que el número oscila entre 100.000 y 150.000.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU que supervisa la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos ya sugirió en 2008 la creación de una “comisión de expertos independientes” para restablecer la verdad histórica, apelando al derecho de los familiares a identificar y exhumar los restos de sus desaparecidos.

Un año después, el propio GTDFI recordó el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación de aclarar las localizaciones, sin que la Ley de Amnistía impidiese que el Estado procesara a los responsables.

Por su parte, el Tribunal Supremo dictaminó en su sentencia de 27 de Febrero de 2012 que “el derecho a conocer la verdad histórica no corresponde ni al proceso penal ni al Juez” –refiriéndose a Baltasar Garzón–. Remitió a la disposición del 77, la prescripción, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho internacional cuando ocurrieron los hechos, el fallecimiento de los autores, y la Ley de Memoria Histórica.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco ha admitido las demandas presentadas, aduciendo, en la mayoría de ellas, negligencia por interposición tardía.

La querella en Argentina, y la campaña puesta en marcha por organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) y la Plataforma para la Comisión de la Verdad, para exigir la creación de un órgano oficial y extrajudicial que investigue los abusos, son las vías abiertas.

El GTDFI sólo ha examinado casos a partir de 1945. Tras reunirse con familiares, autoridades y organizaciones civiles, presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos el año que viene.

*     *     *

“Un desaparecido es la persona que, inscrita o no en el registro de defunciones, habiendo pasado o no por consejo de guerra, fue detenida ilegalmente, recluida en lugar conocido o no y asesinada, careciéndose de constancia oficial sobre el lugar donde yacen sus restos”. Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954), propone acotar el término para definir claramente a los que lo son como consecuencia de la sublevación del 18 de julio del 36.

La mayoría de ellos lo fueron desde entonces a febrero del 37, explica. Los bandos de guerra iniciales sólo dejaban huellas en los archivos. Después se instaurarían los consejos de guerra. Los procesos que acababan en pena de muerte concluían con un certificado médico de defunción y la comunicación al Registro Civil. Pero incluso así continúan desaparecidos si se desconoce el lugar de su inhumación.

Espinosa formó parte, a propuesta de los familiares, del grupo de expertos que analizó lo ocurrido entre 1936 y 1951 en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Pertenece al grupo de historiadores que ahondó en el estudio de la represión una década antes de que comenzara el movimiento social en pro de la memoria. La defiende “como un recurso más de la historia, porque hay hechos que no se reflejan y que solamente pueden llegar a través de testimonios”.

—En los ochenta, e incluso en los noventa, vivían algunas personas que habían presenciado la república, lo que había sido el golpe y la represión. Poco a poco, la idea de que no había que mirar atrás evitó que los protagonistas contasen abiertamente y, por otro lado, la posibilidad de que historiadores o antropólogos dejaran constancia. Recuerdo haber visto en Huelva cómo los vecinos tenían señaladas las páginas de algunos libros en los que se mencionaba a sus pueblos. Me asombraba a veces cómo los habían leído, hasta las notas a pie de página. Identificaban un mundo que se descompuso, y era una forma de recuperar su vida y la de su pequeña comunidad.

—¿Por qué no se ha seguido el ejemplo de otros estados europeos o latinoamericanos, en los que se han establecido comisiones de la verdad?

—No hubo un momento en que se dijera podemos hablar de esto. No hubo ese corte que se ha dado en otros países centroamericanos en los que se produjeron golpes militares mucho más recientes, en los años sesenta y setenta. En ellos también se mantuvo un silencio, lógicamente por pura supervivencia, pero al movilizarse la sociedad civil y constituirse comisiones de verdad, se dieron garantías de que se había producido una ruptura, y la población ha podido contar lo que pasó. En España no ha ocurrido como en el resto de Europa, o como, por poner un ejemplo cercano, en Portugal. Los portugueses no se han masacrado entre ellos. Aunque ha sido un lugar en el que gobernó Salazar, si vas a un cementerio como el de Los Placeres, en Lisboa, encuentras tumbas de masones y monjas. Allí la gente convive. Aquí entras a uno y te das cuenta de lo que ha ocurrido.

Los fondos documentales permiten la reconstrucción del pasado, pero la investigación puede topar con su blindaje. La que se anunció como mayor desclasificación de la historia española, unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968, no ha llegado a producirse. La propuesta del Ministerio de Defensa no alcanzó el Consejo de Ministros, y tras las elecciones a finales de 2011 los responsables de esta cartera no dieron luz verde a su difusión.

En marzo del año pasado, Carlos Sanz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, solicitó en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación documentación referida a las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982. La Secretaría General Técnica del Ministerio denegó la consulta invocando un acuerdo tomado en el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010.

Tras comprobar que no había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ni por ningún otro medio, Sanz lo reclamó. El acuerdo que paralizaba su proyecto había ampliado la protección de materia clasificada, de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, “a prácticamente todos los aspectos de las relaciones internacionales y la política exterior de España sin limitación temporal alguna”. Aunque el gobierno anunció la intención de revisarlo, el historiador advierte que transcurrido algo más de un año, el cambio no se ha producido.

El Archivo de Exteriores ha sido cerrado y sus fondos se han transferido al Archivo Histórico Nacional y al General de la Administración, ambos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En el ámbito local, la Diputación de Huelva se convierte en una excepción. A través de su sede electrónica, y tras la identificación personal –DNI o certificado digital–, se puede acceder a los procedimientos judiciales instruidos por el Consejo de Guerra Permanente de Huelva desde 1937. Es la única provincia española en la que es posible hacerlo a través de internet.

“Si la guerra civil se considerara ya como la guerra de Cartago, no importaría en absoluto que se consultase”, argumenta Espinosa.

—Ha dicho que memoria ha sido sinónimo de rencor, y olvido de reconciliación. ¿Por qué no se asume el pasado y se alcanza un acuerdo de mínimos sobre los desaparecidos?

—Creo que sigue siendo así porque es la lectura que se ha impuesto. Olvidarse del pasado porque hay cuestiones que no se quieren asumir. ¿Esto a quién repercute? A todos los que sufrieron y a los que aún no se les ha restaurado su dignidad. Si se hiciera ese pacto de mínimos, tendría que admitirse que aquí hubo un golpe de estado, como en Chile, Argentina, Honduras, o El Salvador, que acabó con la vida de miles de personas inocentes, que no habían hecho absolutamente nada, y que el franquismo se edificó sobre esa base de sangre y de violencia. Me choca comprobar cómo algunas personas reconocen, como no puede ser de otra manera, el derecho de los familiares a exhumar los restos de sus desaparecidos para que tengan un entierro digno, y se produzca el duelo, y al mismo tiempo, niegan la posibilidad de la investigación y la memoria. Te lo digo como muestra de la negativa a ese pacto que comentas; la negativa a que se tomen medidas racionales y de sentido común.

*    *     *

“Es difícil de explicar, todo gira alrededor de saber dónde se encuentran realmente las personas que buscamos”, razonó el escribiente ante su jefe en la Conservaduría General del Registro Civil. Una trama que José Saramago escribió en 1997, poco antes de obtener el Nobel. Todos los nombres es el título que casi una década después adoptaron los impulsores de una base de datos de represaliados de la dictadura.

La web está auspiciada por la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHYJA), y el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de la Confederación General de Trabajadores (CGT-A). Arrancó en 2006 con 11.000 iniciales, 4.000 procedentes de Huelva y otras 7.000 recabadas en Badajoz, que han ascendido ya a más de 77.900. Los números constituyen el punto de partida, pero el objetivo es trascender las cifras parar recuperar las identidades.

La irregularidad de las ayudas institucionales provoca que el funcionamiento descanse más en “la benevolencia de la voluntariedad que en la remuneración”, afirma José Luis Gutiérrez (Cádiz, 1952), historiador y coordinador del proyecto. El montante autonómico del que disponen este año es de 10.000 euros.

Los registros no van a cesar, recalca, haya o no subvenciones, se suscriban o no convenios. El equipo que mantiene Todoslosnombres.org por parte de las entidades matrices lo integran dos personas, a los que se suman otro historiador, un informático, y el propio Gutiérrez.

Reciben, de media, cuatro o cinco correos electrónicos diarios con peticiones “de todo tipo”, y aunque querrían ampliar el alcance, el área geográfica se ciñe a Andalucía, Extremadura y Norte de África. Las fuentes son, fundamentalmente, dos: informes e investigaciones, y datos proporcionados por particulares y entidades, que se vuelcan tras su cribado. La consigna implícita es que cada día “debe entrar un nuevo nombre”.

—¿Y si no ocurre?

—Normalmente sí. Todos trabajamos con información y nos piden u ofrecen constantemente. Por una parte nos alegra porque la página sirve, y por otra, nos entristece, porque más de setenta años después aún hay gente que está buscando a sus deudos. Acuden a nosotros directamente o después de haberlo intentado sin éxito. Funcionaremos mientras no haya una política de memoria, de forma que un familiar pueda acudir a la administración, la dirija quien la dirija, y ésta sea capaz de ofrecerle lo que desde aquí estamos haciendo.

Cada ficha personal contiene los datos conocidos, actualizables si se obtienen nuevas referencias. El propósito es hacer visibles a las víctimas, más allá de incluirlas en los distintos epígrafes en los que se conjuga la represión: desaparecidos, fusilados, exiliados, presos en cárceles o campos de concentración. Una tarea que puede encontrar más obstáculos en el caso de las mujeres, una línea de trabajo añadida a medida que la investigación historiográfica se ha centrado en ellas. Si no fueron asesinadas, juzgadas en consejos de guerra o encarceladas, es difícil identificarlas, aún cuando sufrieran violaciones o fueran blanco de vejaciones y tratos degradantes.

Además de esta ventana principal, abierta a la participación pública, el sitio quiere divulgar todo lo relacionado con la recuperación de la memoria de la contienda civil y la posguerra: artículos y documentos para consulta, obras y trabajos de investigación.

“No se trata de decir qué malo fue el franquismo en Andalucía. Lo que queremos decir es que esas 60.000 personas asesinadas tenían un nombre. Detrás de cada una de ellas, hay mucho más: una vida, un trabajo, una población”. José Luis Gutiérrez postula la coherencia como criterio, y denuncia el uso oportunista: “Desde la derecha, la extrema derecha, la izquierda o la extrema izquierda. Es un tema que no está resuelto, es campo de nadie, y se funciona, demasiado a menudo, con intereses electorales”.

—La Junta de Andalucía ha anunciado que va a enviar a los juzgados evidencias de asesinatos en varias fosas comunes de Málaga y Granada.

—Hasta ahora, a escala nacional, no ha habido un compromiso a fondo desde el Gobierno. Ni por parte de los socialistas antes, ni tampoco desde el Partido Popular. En Andalucía, aunque se han dado pasos, todavía se producen situaciones, como que un ayuntamiento, en Órgiva, gobernado por el PSOE, haya destruido posibles fosas comunes. Al mismo tiempo, un alcalde del PP en Galicia dijo aquella barbaridad (“Los que fueron condenados a muerte será porque lo merecían”).

—¿Puede haber alguien que les considere parciales por su vinculación con CGT?

—Es posible, no había pensado en eso. Yo no milito en CGT, y además la página no es una iniciativa exclusiva suya. Lo es también de la AMHYJA. Sabemos que somos respetados. En cuanto a  la memoria, es necesario despojarse de cualquier prejuicio ideológico.

La restitución individual y colectiva transcurre por varios cauces. Uno de los de mayor impacto es el que describen las fosas. Más de 2.500, de las que sólo un 10% han sido exhumadas con técnicas forenses. Su apertura recae sobre comunidades autónomas y órganos de gobierno locales.

La última actualización, a finales del año pasado, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, revela que en Andalucía se han desenterrado 37 –dos de ellas en el mismo lugar, en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla–. Castilla y León, en la que se han practicado 153, es la región en la que más exhumaciones se han llevado a cabo.

Andalucía ocupa el segundo puesto en cuanto a número de fosas –más de 600–. En el cementerio de San Rafael, en Málaga, se ha encontrado el mayor conjunto. Gobierno, Junta y Ayuntamiento han costeado la intervención y la construcción de una pirámide  para albergar los restos en la que figurarán los nombres de las 4.411 personas sepultadas.

Los registros civiles suponen otro de los fragmentos en los que se descompone la memoria. Ante la inexistencia de las partidas de defunción de numerosas víctimas, asociaciones memorialistas impulsaron hace tres años una campaña participada por Todoslosnombres.org para la modificación de la ley que los regulaba. Los familiares de los desaparecidos eran los únicos legalmente facultados para hacerlo, y en muchos casos, lo desconocían o simplemente ninguno permanecía vivo.

La posibilidad de que los consistorios puedan registrar el fallecimiento de los vecinos censados ya está contemplada en la disposición adicional octava de la 20/2011 –Inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura–. José Luis Gutiérrez quisiera comprobar cuántos de los ayuntamientos andaluces que secundaron en Pleno la campaña se han dirigido al juzgado de instrucción responsable del registro civil de su localidad, para instar al juez, por medio de la fiscalía, a que abra el procedimiento.

—No me quejo de que las instituciones no apoyen la memoria histórica. Quiero que se hagan cargo de ella. Lo hecho es manifiestamente mejorable, y no me refiero sólo a localizar dónde están enterrados los desaparecidos, sino también a resolver todas estas cuestiones. La necesaria elaboración de duelos, por ejemplo, es un síntoma. Es un error pensar que la sociedad va a solucionarlo dejando pasar el tiempo. Los cadáveres están ahí.

 

Isabela Valle es periodista. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Ejerció en publicaciones mensuales, radio, y gabinetes de comunicación. Desde hace algo más de un año colabora con medios digitales. En Twitter: @isabelavalled

http://www.fronterad.com/?q=fragmentos-memorial-fosas-comunes-en-espana&page&pagina=2