La memoria de las víctimas del franquismo continúa olvidada, silenciada y discriminada, cuando no despreciada

 

La memoria de las víctimas es un derecho y, para Walter Benjamín, un modo específico de conocimiento. Pero la memoria es también un acto de justicia. Reyes Mate, el premio nacional de ensayo, rememorando al historiador Yosef Yerushalim, escribe: «Justicia y memoria son indisociables, porque sin memoria de la injusticia no hay justicia posible». Además, la memoria tiene un aspecto moral; desde Manthausen es un deber. Reyes Mate cita a Michel Leibrich cuando habla de la necesidad de la memoria para evitar los tics totalitarios que pueden aparecer en cualquier sistema: «Las transiciones amnésicas son el caldo de cultivo del totalitarismo».

De forma cotidiana, la sociedad española toda, viene manifestando expresiones de solidaridad, compromiso de memoria y protección jurídica para con las víctimas del terrorismo de ETA. Resulta, sin embargo, inevitable comparar la situación de las víctimas del terrorismo de ETA, con la de las víctimas del franquismo, cuando a estas últimas continúa sin reconocérseles su condición de víctimas. Después de 35 años de la recuperación de la democracia, no existe un compromiso real generalizado del Estado español para con las víctimas del franquismo; ni medidas tendentes a difundir la verdad histórica y establecer las responsabilidades genéricas por aquellos crímenes y la consiguiente reparación a las víctimas y a la sociedad española. La memoria de las víctimas del franquismo continúa olvidada, silenciada y discriminada, cuando no despreciada. Los victimarios impunes. El escudarse en la preconstitucional Ley de Amnistía es un burdo pretexto; los delitos de lesa humanidad, como los que se cometieron durante el franquismo, no prescriben según el Derecho internacional.

Cada vez con mayor frecuencia, hay quienes niegan públicamente a las víctimas del franquismo su condición de tales y enaltecen y exaltan aquel régimen totalitario y terrorista. Parece retórico preguntarnos el por qué de esta situación. Cabría entender que la inquina de los partidarios del silencio y la impunidad del franquismo, vaya dirigida contra la memoria democrática pública.

El 19 de agosto de 1936, Demetrio Pérez Gil de 50 años, Cirilo Pérez Andía de 54 y Vidal Pérez Pérez de 26, todos ellos vecinos de Trasmoz, fueron asesinados en el término municipal de Bulbuente (Zaragoza); como tantos otros, sin juicio y sin justificación. Murieron en el inicio del golpe franquista, víctimas de un plan, sistemático y generalizado, de exterminio y terror contra sectores concretos de ciudadanos por sus ideas políticas y sociales. Araín Pérez, hijo de Demetrio Pérez, ha buscado incansable a sus familiares desaparecidos durante toda su vida. Los encontró en el cementerio de Bulbuente; pero su enterramiento, bajo un bloque de nichos, impedía recuperar sus restos para inhumarlos dignamente. Araín inició gestiones acerca del Ayuntamiento de Bulbuente para colocar una placa en recuerdo y homenaje a sus tres familiares asesinados. El epitafio de la placa decía: «En memoria de los tres vecinos de Trasmoz que reposan bajo esta edificación. Fueron fusilados el 19 de agosto de 1936 por ser republicanos, querer la paz, la justicia, los derechos humanos y la democracia (siguen los nombres y edades de las tres víctimas). No os olvidamos. Araín Pérez-Foro por la Memoria de Aragón».

La primera y sorprendente respuesta del ayuntamiento, autorizaba la colocación de la placa, si bien: «-de forma que no habrá de contener connotaciones ni alusiones políticas de ninguna clase, ni calificativos o términos tales como «asesinados», «injusticia», «golpistas» o «similares». Ante una nueva solicitud razonada, el ayuntamiento se ratificó en su no aceptación: «-considerando que todas las sepulturas y nichos del cementerio municipal de Bulbuente carecen de connotaciones políticas de ninguna clase, -con el objeto de salvaguardar el derecho a la igualdad de todos los allí enterrados y de sus familiares-»

Los acuerdos de este ayuntamiento casan mal con lo dispuesto en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, la vigente Ley de la Memoria, llena de «expresiones políticas». Desde su exposición de motivos hasta su articulado, asume la condena del franquismo en los términos del informe del Consejo de Europa de 2006; manifiesta el objetivo de que se lleven a cabo políticas públicas para fomentar la memoria democrática; coloca en primer término el derecho de las familias a las que explícitamente reconoce el derecho individual a la memoria personal y familiar, y quiere contribuir a dar satisfacción a quienes sufrieron directamente o en la persona de sus familiares la represión de la dictadura. La Ley compromete, asimismo, la obligación de las administraciones a promover la reparación moral de esa memoria personal y familiar.

Muy recientemente las Cortes de Aragón han aprobado la Ley Aragonesa a Favor de las Víctimas del Terrorismo. A Araín no le alcanza; ni por la fecha, pues los crímenes contra su familia son anteriores a 1960, ni por el tipo de terrorismo del cual Araín y sus familiares fueron víctimas. Araín tiene 90 años y está postrado y enfermo. Araín tiene derecho y es de justicia. Para las administraciones es un deber darle satisfacción.

Presidente del Foro por la Memoria de Aragón.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/el-derecho-de-arain-perez_900872.html