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El mapa de la ideología franquista que funcionó como cimiento de la dictadura

Infonews, 04.11.2013 | | 7 noviembre 2013

_PrInfonewsUn minucioso rastreo de los fundamentos de las apropiaciones en la Argentina encuentra puntos de contacto con la España de Franco

 

Diálogo con el médico Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA

Un minucioso rastreo de los fundamentos de las apropiaciones en la Argentina encuentra puntos de contacto con la España de Franco. El rol del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera en esa construcción y cómo fue replicado en la represión.

A comienzos del siglo XX, el médico psiquiatra español Antonio Vallejo Nágera estableció las bases científicas para justificar la apropiación de niños de los prisioneros republicanos en la España franquista. «Los que traicionan a la Patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados», señalaba el médico como argumento que impulsaba la pureza cultural en España, la Hispanidad. En Argentina y más de 60 años después, el general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense en la dictadura, decía, con muchas similitudes, que «los subversivos educan a sus hijos en la subversión, por ello esto debía detenerse».

El médico Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), rastreó hasta la España franquista las raíces de los fundamentos del robo de bebés en la última dictadura en Argentina, un método que en el país alcanzó a por lo menos 500 niños hijos de detenidas desaparecidas.

En su tesis de doctorado, defendida esta semana, Capuano comparó el rol de los médicos durante el franquismo y la última dictadura cívico-militar. La tesis se titula «La ética médica cuando se violan los Derechos Humanos» y allí aseguró que, en ambos procesos, el objetivo era entregar los niños a «familias adecuadas». «Si querés aniquilar un grupo social lo hacés desde los valores, le quitás la descendencia y no dejás que pasen esos valores a otra generación», agregó.

Si bien la apropiación de niños en España comenzó durante la Guerra Civil Española, las teorías de Vallejo Nágera arrancaron unos años antes y sentaron las bases de consenso social necesario para aplicarlo a partir de la Hispanidad y la construcción de un enemigo, la «otredad negativa».

«Vallejo Nágera le dio una vuelta de tuerca a las teorías de eugenesia (mejoramiento de la raza) de la época, que eran escuelas de eugenesia biológicas, evidentemente racistas y genetistas, tomadas por Italia y Alemania. Él decía que la cuestión no pasaba por lo biológico sino por lo cultural y que el marco era la Hispanidad: volver al imperio español, al Medioevo y tener una inquisición social. En función de eso proponía una regeneración racial y el que no estaba englobado en esa Hispanidad, el que no la aceptaba, la pasaba realmente mal», explicó Capuano.

Vallejo Nágera fue un médico prestigioso y con mucho poder en España. Prologó el Código de Deontología Médica de España y fue publicado en importantes revistas de Psiquiatría del mundo. Como coronel del Ejército español fue nombrado  jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura franquista.

Desde allí, un año antes de que terminara la Guerra Civil, comenzó con sus investigaciones psiquiátricas sobre presos políticos. Su objetivo era  determinar «las raíces biopsíquicas del marxismo» y hallar «las relaciones entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-marxista», según detalló el propio médico en sus escritos. Su objetivo era identificar el «gen rojo», el origen de la ideología marxista. Uno de sus estudios más importante se llamó «Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes», en el que estudió a las presas políticas recluidas en el penal de Málaga.

A partir de esas investigaciones fue construyendo el marco teórico para justificar estos crímenes y construir la «otredad negativa», «un plano simbólico que crea consenso en la sociedad para luego hostigar, aislar y por último aniquilar», señaló Capuano.

Al mismo tiempo, planteaba reformas sociales indispensables para lograr la «regeneración de la raza», otorgando un marco teórico a la dictadura de Franco para avanzar con la apropiación de niños. En los años siguientes, en España se dictaron una serie de leyes y decretos para darle legalidad a la medida. «Emitió una orden del 30 de marzo de 1940 donde se debían separar a todos los hijos mayores de tres años que estuviesen con prisioneras en cárceles. El 23 de noviembre de 1940, un decreto permite cambiar de nombre legalmente a todos los hijos de los que eran exiliados, proscriptos, fusilados de la Guerra Civil. Por último se habilitó por ley la adopción plena de esos niños. Con eso se culminó la apropiación de la identidad: primero la segregación, la apropiación y luego la sustitución de identidad, bajo toda una legalidad», explicó el docente.

El fenómeno de robo de niños comenzó en la Guerra Civil pero continuó durante la dictadura de Franco e incluso en el retorno de la democracia, con otras características, para llegar a la escalofriante suma de alrededor de 30 mil niños apropiados.

Capuano comenzó a rastrear en Argentina la influencia de esa teoría de eugenesia cultural que se aplicó durante la dictadura franquista. El docente señaló que varios teóricos que trabajaron con esos conceptos de «Hispanidad» pasaron por el país: el obispo Zacarías de Viscarra, quien vivió en Argentina desde 1880 hasta la Guerra Civil Española; Ramiro de Maeztu, embajador español en Argentina; y Manuel García Morente, decano de la Universidad de Tucumán.

«Hay varios puntos en común entre ambos procesos, una de las cuestiones compartidas es la conformación del otro negativo, que crea un consenso social para segregar al hijo del ‘subversivo’ y educarlo en un ambiente occidental y cristiano», explicó. También analizó que en ambos procesos se buscó impedir el traspaso social y cultural entre las generaciones (padres e hijos) y se justificó ese delito bajo la idea de que estaban realizando una tarea altruista, al rescatar a esos niños de la «subversión».

Otro punto en común, agregó, fue el de «regeneración racial», una idea  que «la dictadura cívico-militar no expresó ostensiblemente, pero hacía constante referencia a salvaguardar y defender, ante la agresión roja, a la civilización ‘occidental y cristiana'».

Hubo diferencias en cómo se implementó en ambos países: en España el carácter represivo fue público, incluso con leyes para apropiarse de los niños, mientras que en la Argentina fue clandestino. Sin embargo las consecuencias fueron las mismas: la apropiación de niños, la sustitución de su identidad y el ocultamiento por parte del Estado, todo con un alto grado de planificación y sistematicidad.

A más de 70 años de la Guerra Civil Española, los crímenes del franquismo siguen impunes. Casualmente en Argentina, donde la influencia de las teorías españolas para justificar las apropiaciones fue muy fuerte, comenzaron a investigarse esos delitos, entre ellos los casos de robo de niños.

Sobre eso, Capuano señaló: «Allá no hubo organismos de Derechos Humanos, no se construyó un sujeto social. En Argentina, el proceso se dio distinto, ese sujeto político consiguió adhesiones de gran parte de la sociedad. En España se empezó a dar tarde, con los nietos de esa generación. Un amigo me dijo: ‘en la clandestinidad no se escribe, todo es memoria’. El tema es recuperar esa memoria después de que pasaron tantos años, una arqueología que se tiene que buscar.» «

nuevos elementos en la investigación argentina

La jueza federal María Servini de Cubría aceptó la semana pasada la querella presentada por el diputado español Joan Tardà, por lo que incluirá en la investigación argentina el fusilamiento del presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, durante el franquismo.

La denuncia de Tardà, en representación del partido Esquerra Republicana de Cataluña, fue presentada el pasado 15 de octubre, al cumplirse 73 años del fusilamiento de Companys. La semana pasada la jueza argentina notificó a las partes que la querella había sido aceptada, por lo que ahora se espera que el juzgado avance con los pedidos de prueba solicitados en la presentación.

Por un lado, solicitaron que se pida documentación a los Ministerios de Interior, de Justicia y de Defensa del Gobierno del Reino de España para obtener «todos los archivos oficiales y reservados existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex Presidente Lluís Companys i Jover, así como de las resoluciones y actos administrativos que han acordado la no anulación del juicio y el impedimento del enjuiciamiento de estos hechos».

Po otro lado, reclamaron la misma medida con respecto al gobierno de Alemania, ya que Companys fue detenido en Francia por la Gestapo, policía secreta alemana, y trasladado primero a París y luego a Madrid.

La expectativa ahora reside en que la jueza viaje a España a recolectar prueba testimonial y documental, lo que le daría un gran impulso a la querella, así como a la lucha propia del partido Esquerra Republicana de Cataluña contra los delitos del franquismo.

un rol siniestro

«Los médicos que actuaron en la dictadura forman parte de un sector muy importante, que la justicia todavía no vio. Fueron el sostén sanitario que operó logísticamente con la represión», señaló Capuano a Tiempo Argentino.

Desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, Capuano, junto a Adolfo Pérez Esquivel, impulsan la campaña llamada ‘De la condena social a la condena real’, que investiga a los médicos que realizaron violaciones a los Derechos Humanos en la última dictadura.

«En la dictadura hubo médicos que asistían las torturas, que practicaban ejecuciones, que daban ‘pentonaval’ a los prisioneros que iban a ser tirados al mar, otros participaban de operaciones psicológicas, hacían labores forenses o daban certificados de nacimientos o defunción ilegales. También había médicos encargados de segregar y apropiar a recién nacidos», detalló el docente.

Muchos ya fueron reconocidos, como Jorge Magnacco y Carlos Capdevilla, condenados por su responsabilidad en la mayoría de los nacimientos de la ESMA, o  el médico de la Policía Bonaerense Jorge Antonio Bergés. Pero quedan otros muchos por identificar.

Para Capuano, se necesitaron por lo menos dos médicos para asistir a cada parto. Si el nacimiento se complicaba se requería un anestesista para la cesárea, otro que atendiera al recién nacido y por último, alguno que firmara el certificado de nacimiento. También había médicos que asistían a las torturas en los centros clandestinos, de los que en el país funcionaron más de 500.

«Hay 1100 procesados totales por delitos de lesa humanidad pero menos de 30 de ellos son médicos, entonces hay un sector muy importante que la justicia todavía no vio», reiteró. Y agregó: «Si bien hubo médicos que participaron con complicidad o cometiendo delitos aberrantes, también hubo otros que resistieron a la dictadura, de hecho hay más de 300 trabajadores de la salud desaparecidos».

Antecedente Psiquiatra Antonio Vallejo Nágera sentó los ejes para  una teoría de la Hispanidad como regeneración racial.

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