La Junta retirará sÃmbolos franquistas si los alcaldes no lo hacen en 3 meses
El Gobierno andaluz podrá actuar «de oficio» y destinará los objetos a un «fondo documental»
DANIEL CELA
La ley de Memoria Democrática fijará por primera vez un lÃmite para cumplir y multará a los reacios.
El Gobierno andaluz procederá a la «retirada subsidiaria» de sÃmbolos franquistas en los municipios donde aún persistan si los ayuntamientos no lo hacen antes de tres meses. Asà lo establece el capÃtulo tres del anteproyecto de ley para la Memoria Democrática, al que ha tenido acceso esta redacción, y que está a punto de entrar en Consejo de Gobierno para su inmediata aprobación.
AndalucÃa fijará por ley, por primera vez, un lÃmite de tiempo cerrado para que los alcaldes que todavÃa no lo han hecho eliminen cualquier vestigio del franquismo presente en edificios públicos, en inmuebles sostenidos con fondos públicos, incluidos los que están en iglesias católicas o los nombres de fascistas en el nomenclátor andaluz. Los artÃculos 32, 33 y 34 del anteproyecto de ley de Memoria regulan desde «la retirada de elementos que exaltan la Dictadura franquista» o de carácter antidemocrático, hasta el «procedimiento» que las administraciones deben llevar a cabo para su eliminación y el «destino» que tendrán dichos elementos arquitectónicos una vez retirados.
El plazo que aparece en el borrador (lÃmite que tienen los alcaldes para deshacerse de los iconos fascistas) es de tres meses como máximo, aunque podrÃa variar al alza porque el texto de la ley aún está en fase de negociación entre los socios de Gobierno. PSOE e IU tienen previsto reunirse hoy para ultimar algunos aspectos de la ley, tanto de la exposición de motivos en el preámbulo como del articulado. Ambos están de acuerdo con la filosofÃa de fondo de estos artÃculos, pero algunas voces sugieren incluir un plazo más amplio para retirar los sÃmbolos, de tres a seis meses, o de nueve meses a un año.
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, sostiene que «lo importante es que la normativa recoja un plazo concreto, sea cuál sea el tiempo, de lo contrario se incurrirá en el mismo vacÃo legal que existÃa hasta ahora, y que ha permitido a muchos alcaldes, la mayorÃa del PP, eludir la retirada de sÃmbolos franquistas».
En caso de que los regidores se nieguen o respondan con silencio administrativo a la solicitud de la ConsejerÃa de Administración Local y Relaciones Institucionales, la Junta «incoará de oficio la retirada de los sÃmbolos que exalten la Dictadura», reza el artÃculo 33 del borrador. Además la ley impondrá sanciones a los ayuntamientos que incumplan dicha normativa, exponiéndose incluso a la pérdida de ayudas públicas.
Es la primera vez que una normativa establece un plazo fijo y concreto para cumplir con un requisito que ya era obligatorio en la ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis RodrÃguez Zapatero en el 2007. Aquella norma, de rango estatal, obligaba a las administraciones a retirar todos los sÃmbolos del franquismo, pero no tuvo desarrollo reglamentario y no estableció ningún lÃmite cronológico para cumplir con este mandato, por lo que muchos ayuntamientos, entidades públicas y otras administraciones aprovecharon ese vacÃo legal para obviar la ley.
Como consecuencia, según estimaciones de la Junta, aún existen en AndalucÃa «varios centenares» de sÃmbolos franquistas entre elementos arquitectónicos y nombres de calles. Pese a todo desde el 2012 los ayuntamientos andaluces y la Junta han retirado más de un millar de estos iconos. Por último, el artÃculo 34 recoge que «los objetos y sÃmbolos retirados pasarán a formar parte del fondo del Centro Documental del Instituto de la Memoria Democrática de AndalucÃa», una institución que debe ser creada, como proyecto de ley, en seis meses desde la aprobación de la ley en Consejo de Gobierno.