En la reunión con asociaciones de memoria democrática de ámbito estatal, celebrada en Madrid, el pasado 23 de Enero

 

En nombre de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, queremos agradecerle su presencia y el interés que están mostrando los organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto a las víctimas del franquismo.

Nosotros/as venimos explicando desde hace tiempo, que la no resolución en positivo de la causa de las víctimas del franquismo se debe a la existencia de un “Modelo español de impunidad”, establecido con los pactos de silencio, olvido e impunidad de la Transición en los años 70 del siglo XX, que hoy en 2014 continúa  plenamente en vigor.

El elemento central de ese sistema de impunidad es el no reconocimiento jurídico por parte del Estado Español de las víctimas del franquismo, a partir de lo cual se les niega toda posibilidad de acceso efectivo a los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, que deberían serles reconocidos como víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

El Modelo Español de Impunidad se fundamenta en dos construcciones legales. En primer lugar, la Ley de Amnistía de 1977, que aunque haya quien se empeñe en negar la realidad, sigue aplicándose automáticamente por los jueces españoles como una ley de punto final a todos los efectos.

En segundo lugar está la Ley de Memoria Histórica de 2007, que tal y como describen destacados juristas, ofrece a las víctimas reparaciones limitadas tanto materiales como simbólicas, y restrictiva en cuanto a los colectivos afectados; limita el derecho a la Verdad, tanto de las víctimas como del conjunto de la sociedad, y niega explícitamente y de modo tajante el derecho de acceso a la Justicia. Estamos en condiciones de proporcionarles copia de los procedimientos judiciales completos correspondientes a la veintena de exhumaciones de fosas comunes realizadas por la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y podrán comprobar cómo en los últimos casos, se niega a los herederos de las víctimas el derecho a una investigación judicial y se les remite exclusivamente a la vía administrativa establecida por la Ley de Memoria. En anteriores ocasiones  hemos dicho que la Ley de Memoria era una ley “de palo y zanahoria”, y que el Gobierno actual lo que ha hecho es eliminar “la zanahoria” dejando sólo “el palo”.

El Modelo español de Impunidad es un elemento estructural y fundacional del Estado español de la Transición. Prueba de ello es la diferencia de trato por parte del Estado a las víctimas del franquismo con respecto a las víctimas del terrorismo, para las cuales se aprobó una ley específica en 2011. Ambos colectivos son víctimas de crímenes execrables, pero en realidad, la enorme diferencia de trato y reconocimiento de derechos se deriva sólo de la identidad de los victimarios: la vigencia y contundencia del modelo de impunidad español es tal, que afecta no sólo a la impunidad de los crímenes y de los criminales franquistas, sino que niega el reconocimiento legal de sus víctimas e impide su derecho de acceso a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

El Modelo de Impunidad no es una cuestión de gobiernos concretos ni una mera herencia del pasado sino que es la política oficial del Estado español desde 1975, y hoy lo siguen sosteniendo y aplicando de modo implacable los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Nosotras/os consideramos que los organismos internacionales de derechos humanos deben exigir al Estado español la anulación, a todos los efectos, de la Ley de Amnistía de 1977, y simultáneamente la anulación de todas y cada una de la sentencias represivas del franquismo.

Asimismo, la exigencia de una nueva legislación orientada a las víctimas del franquismo que, superando la ley de memoria histórica de 2007, obligue al Estado español al cumplimiento de sus obligaciones con respecto al derecho penal internacional. Ello incluiría la exhumación judicializada de todas las fosas comunes del franquismo.

Por otra parte, venimos siguiendo con honda preocupación la propuesta de conformar en España una Comisión de la Verdad. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, esta es una iniciativa que corresponde a la llamada justicia transicional, y cuya composición, fines, métodos y plazos de trabajo, debe definir el Parlamento. En la actual situación política y observando las últimas iniciativas legislativas del Gobierno, perseverar en esa línea es suicida. Como mínimo, nos parece una propuesta irresponsable.

Para finalizar, repetimos nuestro agradecimiento por su labor, por su interés y el de Naciones Unidas en la causa de las víctimas del franquismo, y le reiteramos nuestra disposición a colaborar.

Muchas gracias.

 

En representación de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, asistieron a la reunión Edurne Rubio y Arturo Peinado, de la Dirección Federal