Denuncian a la Guardia Civil por el fusilamiento de más de 700 ribereños
Teófilo Goldaracena ha interpuesto una demanda contra la Guardia Civil por crímenes de lesa humanidad
J.C.O. / Aranda – lunes, 17 de marzo de 2014
El pamplonica Teófilo Goldaracena, nieto de dos de los ribereños que murieron fusilados en 1936 fruto de la represión aplicada por el bando nacional durante de la Guerra Civil, ha dado un paso más en su intento por hacer justicia por la dramática desaparición de sus antecesores por línea materna y recuperar su buen nombre y su dignidad y ha interpuesto una demanda contra la Guardia Civil por crímenes de lesa humanidad.
Considera al instituto armado responsable «de sembrar el terror en miles de familias de Navarra y Burgos, y en el Estado español, a través de la persecución y posterior asesinato masivo de miles de ciudadanos indefensos, que solo querían mejorar su calidad de vida, con el solo objeto de hacer imperar el miedo, derrotando al sistema legítimo del pueblo español, como fue y posiblemente volverá a serlo la República provocando la Dictadura de Franco».
Goldaracena esgrime que durante la dictadura la institución creada por el Marqués de Ahumada, a la que califica de «terrorista» y cuestiona que siga «viva, activa y armada», se dedicó a matar y a perseguir maquis y demócratas y efectuar ejecuciones obedeciendo órdenes de la cúpula franquista, entre ellas las de sus familiares con el agravante de violación incluida.
Como ejemplo de estos graves delitos, que a su juicio deben ser considerados crímenes de lesa humanidad o genocidio, dirigidos por esa institución o miembros de la misma, además de los más de 3.000 asesinatos de Navarra esgrime el caso del capitán Enrique García Lasierra, a quien culpa de la muerte de más de 700 vecinos de Aranda de Duero y la comarca, y quien fue recompensado por estos hechos ya que la Guardia Civil le ascendió «o premió los crímenes que cometió contra la población indefensa» con el grado de general de brigada. Poco después sería nombrado Hijo adoptivo de Aranda, título que aún conserva.
«Si hoy en día se reclama a los etarras por crímenes de lesa humanidad y demás, pues si es legal para esos también lo será para estos, porque la Guardia Civil a este asesino, que fue el que dio la orden de matar a mis abuelos y a casi todas las víctimas de la Ribera, lo que hizo fue encima recompensarle. Y vamos contra esta persona concreta que se supone que actúa en nombre y representación», argumenta.
En el escrito de la denuncia, Goldaracena recrimina que la institución no solo no se ha arrepentido por esta reprobable actuación sino que casi ocho décadas después aún «no ha pedido disculpas a las miles de familias españolas que continúan viviendo con el miedo y el terror que la Guardia Civil sembró».
DISOLUCIÓN
Goldaracena pretende que se admita a trámite la denuncia, que se lleven a cabo las correspondientes investigaciones de las actuaciones de la Guardia Civil y, como resultado de las mismas, la institución reconozca el daño injusto causado por sus acciones, pida perdón a las víctimas de sus asesinatos, se proceda a su desarme y posterior disolución por haber cometido miles de asesinatos contra ciudadanos indefensos de este país o lo que es lo mismo crímenes de lesa humanidad. «Lo que pretendemos es simplemente lo mismo que se les pide a los otros terroristas, que desaparezcan», resume.
Los restos de los abuelos maternos de Teófilo Goldaracena, Macario Rodríguez García, originario de Campillo de Aranda, y Ángela Rodrigo Berrojo, la Sinoforosa, fueron recuperados en 2005 durante los trabajos de exhumación de las fosas comunes del paraje de La Lobera, de la capital ribereña, donde aparecieron 46 cuerpos sin vida.
Según los testimonios recopilados ambos fueron arrancados de su domicilio por miembros de la Guardia Civil al mando del capitán Enrique García Lasierra y fueron llevado al calabozo hasta que fueron ‘sacados’ el 19 de agosto de 1936. El informe que la Universidad de Burgos dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro «entra y sale por la mandíbula». Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala y según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa
La denuncia la interpuso el 1 de marzo en el juzgado de Guardia de Pamplona, pero el juzgado nº 1 se ha declarado incompetente y se han inhibido por razón de competencia territorial a favor del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranda de Duero, que es donde está actualmente la causa. Ahora deberá decidir si estima o desestima la denuncia o si la deriva a la Audiencia Nacional por entender que pudiera corresponderle su competencia objetiva por razón de materia, dada la gravedad de los delitos objeto de la denuncia.
