La querella argentina señala a Jesús Quintana como otro responsable del 3 de marzo
Es el capitán de la Policía Armada que asaltó la iglesia de San Francisco de Asís
CARLOS MTZ. ORDUNA –
GASTEIZ – El largo proceso de instrucción de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la transición vivirá a lo largo de estos días un importante empujón. El abogado de esta causa, Carlos Slepoy, acaba de desplazarse a Buenos Aires para encontrarse otra vez con la jueza que investiga el macroproceso, María Servini de Cubría, y presentarle una nueva lista de responsables de la represión y la tortura durante el régimen fascista y en episodios posteriores como la masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Su objetivo, impulsar nuevas diligencias que puedan desembocar en su futura imputación.
Entre esos nombres se encuentra el del capitán de la Policía Armada que asaltó la iglesia de San Francisco de Asís en aquella fatídica fecha y se llevó por delante la vida de cinco trabajadores, Jesús Quintana Saracíbar, nacido precisamente en Vitoria en 1941. Su adhesión a la querella argentina ha sido impulsada por la asociación Martxoak 3, que recientemente también declaró por videoconferencia ante Servini de Cubría señalando como nuevos responsables de la matanza de Gasteiz al propio Quintana Saracíbar y a otras cuatro personas más.
Se trata, en concreto, de Ángel Campano López, director de la Guardia Civil durante el 3 de marzo de 1976; Víctor Castro Sanmartín, director de Seguridad; José Antonio Zarzalejos Altares -su director adjunto- y José Ignacio Zarzalejos Altares, comisario de orden público. Algunos de ellos han fallecido ya, como son los casos de Víctor Castro o José Antonio Zarzalejos, por lo que su hipotética imputación se convierte ya en una misión imposible. Lo mismo que sucede con nombres más mediáticos como el del exministro Manuel Fraga Iribarne. No es el caso de Quintana Saracíbar, que según los datos que maneja Martxoak 3 se encontraría actualmente disfrutando de su jubilación en la ciudad de Granada. O de Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación cuando tuvo lugar la matanza de Zaramaga y al que este mismo domingo podía vérsele participar en un especial sobre el expresidente español Adolfo Suárez. Amén de ser uno de los consejeros del Sareb, el banco malo creado por el Gobierno Rajoy.
La Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) dio ayer a conocer el primer lote de nombres que Slepoy presentará estos días en Buenos Aires ante la jueza instructora, aunque no serán los únicos. Al margen de Quintana Saracíbar, se trata de Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Atilano del Valle Oter y Benjamín Solsona Cortes, todos ellos clasificados como «personas que no respetaron los derechos humanos dentro del marco de las fuerzas armadas y de represión». Al margen de nuevos funcionarios y cargos del Gobierno español, Slepoy llevará también ante la magistrada nombres que ya son bien conocidos para ella, con el objeto de «reimputarlos», para lo que se valdrá de nuevos testimonios de víctimas y otras pruebas recopiladas.
El objetivo pasa por señalar al máximo número posible de responsables de la represión y, en el mejor de los casos, lograr sendas órdenes de extradición y detención internacional como las que ya pesan sobre el excapitán del ejército Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco (Billy el niño), señalados como torturadores en el marco de esta causa. «Nuestro plan, lo que entendemos que va a pasar, es que la jueza va a querer interrogar a muchos de ellos, pero se negarán. Entonces dictará la orden de búsqueda y captura y se quedarán en España, que es refugio de franquistas. Aquí están bien protegidos», lamentó ayer en declaraciones a este periódico una portavoz de Ceaqua.
Eso es, exactamente, lo que ha pasado con Muñecas y Billy el niño, a quienes el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha retirado los pasaportes mientras se tramita su extradición a Argentina. Fue el pasado 18 de septiembre cuando Servini de Cubría dictó la citada orden de busca y captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias. Aunque ninguno de estos responsables paguen por lo que hicieron, lo que Martxoak 3 pretende con esta vía argentina es, al menos, que «el Estado quede marcado internacionalmente».
