“Ese 27 de septiembre fue el inicio del declive del franquismo”

 

 

El 26 de septiembre de 1975, el Consejo de Ministros revisaba las once sentencias de muerte dictadas por varios Consejos de Guerra celebrados desde finales de agosto. A cinco de los condenados se les denegó la conmutación de la pena por la de reclusión y fueron ejecutados al día siguiente por la mañana.

CARLOS CALA MADRID – 07:48 CET

El 27 de septiembre, al alba, como presentía Luis Eduardo Aute en la canción que les dedicó, tras la noche vino la noche más larga. Dos miembros de ETA político-militar, Ángel Otaegi, acusado de participar en un atentado en Azpeitia en el que murió un guardia civil, y Juan Paredes Manot, implicado en un atraco al Banco Santander en el que murió un policía, fueron fusilados en Burgos y en Barcelona, respectivamente. Otros tres militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), Ramón García Sanz, José Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo fueron ejecutados en Hoyo de Manzanares (Madrid), acusados de participar en dos atentados en los que murieron también un policía y un guardia civil.

Los procesos judiciales se realizaron mediante el procedimiento militar sumarísimo, para evitar que los juicios se alargaran en medio de un debate internacional cada vez más vivo. Uno de los abogados de los miembros del FRAP juzgados en El Goloso (Madrid), Juan Aguirre, recordaba, en un acto organizado por el Centro Internacional de Prensa, en Madrid, aquellos procesos carentes de las más mínimas garantías. “La única garantía o seguridad jurídica era que había que fusilar. Pudimos hablar con nuestros defendidos el día antes del juicio y apenas 5 minutos, única y exclusivamente para que nos firmaran el escrito de designación. No nos entregaron el escrito de acusación del fiscal hasta que se lo solicitamos. Querían que hiciéramos nuestras conclusiones y pidiéramos pruebas sin saber de qué se les acusaba”. Tanto Juan Aguirre como el resto de abogados defensores, excepto dos, fueron expulsados de la sala del juicio a punta de pistola solo por intentar denunciar las irregularidades del proceso.

Entre los presos condenados a muerte indultados por el consejo de ministros del 26 de septiembre, a los que se les conmutó la pena capital por varias décadas de reclusión en la cárcel, estaba el periodista Manuel Blanco Chivite. Chivite señala que cuando fueron detenidos no les hicieron parte de entrada en la Dirección General de Seguridad (DGS). «Por lo tanto, no estábamos detenidos. Fue un secuestro. Fue una situación en la que, durante varios días, no estábamos en ningún lado”.

Otro de los acusados del FRAP, condenado a 30 años de prisión, Pablo Mayoral, se refiere a las contradicciones que se ponían de manifiesto, a veces, en las acusaciones. “Se dio la circunstancia de que a mí me abrieron un segundo Consejo de Guerra acusándome de las heridas que había sufrido un policía en unos actos que se produjeron estando yo en la cárcel. Ese Consejo de Guerra no llegó a celebrarse porque Franco murió antes”.

La movilización internacional

Antes de llevarse a cabo los fusilamientos, fueron numerosas las voces que se alzaron pidiendo al dictador que detuviera las ejecuciones. Hubo actos de protesta frente a las embajadas de España en las principales ciudades del mundo. El Papa Pablo VI solicitó clemencia al dictador, y tanto la Comunidad Económica Europea como la ONU exigieron el indulto. Pero nada de esto llegó a oídos de los condenados. Manuel Blanco Chivite dice que no se enteraron de nada porque todos estaban “en celdas de aislamiento. Durante todo el proceso estuvimos sin contacto con los abogados ni la familia, en una galería de celdas bajo tierra. Los que fuimos condenados a muerte volvimos a esa situación de aislamiento después de habernos sacado dos o tres días antes del Consejo de Guerra”.

Los condenados no supieron del clamor internacional, y la mayoría de los españoles tampoco. Así que el día 27 de septiembre se llevaron a cabo los fusilamientos. La ola de condena se incrementó, y algunos países retiraron a sus representantes diplomáticos de Madrid. México llegó a pedir la expulsión de España de Naciones Unidas. La respuesta del franquismo fue convocar un gran acto de adhesión al dictador en la Plaza de Oriente de Madrid el 1 de octubre de 1975. Un decrépito Franco salía al balcón del Palacio Real para atribuir las protestas en el extranjero a una conspiración masónica y comunista. Fue su última aparición pública antes de su muerte, 50 días después.

Una amnistía injusta

Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral se enteraron de la muerte de Franco en la cárcel. “Recibimos la noticia por la mañana, por la algarabía de los presos comunes en el patio. Lo estaban celebrando. Todos pensamos que había pasado algo, y como estábamos esperando que ocurriera de un momento a otro, nos dijimos: ‘este ha muerto’”.

Pero ellos continuaron en prisión. Fueron movidos, eso sí. Separados y trasladados a otros penales. Empezaron a notar que algo estaba cambiando cuando los funcionarios de prisiones se les acercaban para decirles que ellos eran profesionales, y que todo lo que habían hecho durante el franquismo (sobre todo en cuestiones de malos tratos, como recuerdan tanto Chivite como Mayoral) se debía a su profesionalidad.

Y entonces, en octubre de 1977 llegó la Ley de Amnistía, con la que los presos políticos empezaron a salir de prisión. Blanco Chivite se queja de que él no necesita “ninguna amnistía por haber formado parte de la resistencia antifascista. Porque he cumplido con un deber: enfrentarme a un tirano y a una dictadura. Eso es un deber ciudadano, muy difícil de llevar”. Chivite también recuerda que esa misma Ley de Amnistía dejaba impunes a todos los criminales de la dictadura, con los que quedaban equiparados quienes resistieron al franquismo. “Ninguno de esos criminales”, señala, “fue nunca detenido, procesado ni juzgado”.

La historia quiso que él fuera uno de los últimos 11 condenados a muerte por el régimen de Franco, 5 de los cuales son recordados como los últimos ejecutados de la dictadura. En un año, el de 1975, en el que otras 23 personas murieron a manos de las fuerzas del orden en actos de represión de manifestaciones o en controles de carreteras. Pablo Mayoral está convencido de que “ese 27 de septiembre fue el inicio del declive del franquismo. La gran movilización nacional y, sobre todo, de los ciudadanos europeos, fue la puntilla del régimen. A partir de ahí ya nada fue igual. Ya nada fue lo mismo”.

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