Rechazamos no sólo el sentido del voto del PSOE, sino también los falaces argumentos empleados para justificar el rechazo a la proposición de Ley

 

COMUNICADO SOBRE LA REFORMA DE LA LEY AMNISTÍA DEL 77

Ante la insólita votación del PSOE en el Congreso en contra de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Bildu y apoyada por los  Grupos de Podemos, Esquerra Republicana,  PNV, En Comú Podem, En Marea, Compromís, PDC y Nueva Canaria,  de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (*), promovida por la CeAqua, debatida en el Congreso de los Diputados el pasado martes, 20 de Marzo de 2018, nos vemos en la necesidad de emitir el siguiente:

COMUNICADO

El conjunto del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo perteneciente al ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO que agrupa a más de noventa colectivos de todo el Estado y del extranjero, rechaza enérgicamente no sólo el sentido del voto del PSOE en contra de la modificación de la citada Ley de Amnistía que podría abrir la posibilidad de enjuiciar los crímenes imprescriptibles de la DICTADURA FRANQUISTA, sino también los falaces argumentos empleados para justificar el rechazo a la mencionada proposición de Ley.

El enjuiciamiento de una ley no puede hacerse sólo por las circunstancias concurrentes en el momento de su promulgación sino también y sobre todo por su grado de cumplimiento y sus consecuencias. En el ejército, en la judicatura y en la administración los elementos franquistas pusieron desde un primer momento todos los obstáculos que estaban en su mano para impedir su aplicación en todo su alcance posible. De ahí que aún permanezcan miles de demócratas españoles asesinados por los fascistas enterrados en fosas comunes, y que aún sean decenas de miles los hombres y mujeres a los que a través del robo de niños, persistente hasta bien entrada la democracia, se les arrebató su identidad sin que el Estado haga nada para restaurar dicha injusticia y que no hayan sido anuladas las sentencias carentes de garantías de los tribunales militares y del Tribunal de Orden Público. Han sido las rémoras de los franquistas amparadas por los gobiernos del PP y toleradas por los del PSOE las que adulteraron la ley amnistía y la convirtieron en una ley de punto final. Con toda seguridad la votación del PSOE responde a la necesidad de encubrir su pusilánime actuación en este tiempo.

Utilizar la figura de Marcos Ana para retomar retóricamente la estrategia política de 1956 de «reconciliación nacional», deseo que en posteriores etapas el poeta no volvió a manifestar (sí lo hizo con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas) ante la persistencia de unas instituciones franquistas y postfranquistas que no contribuyeron en absoluto a hacer realidad ese deseo, es un acto impropio de una formación política que conoce el pasado y respeta a sus propios militantes afectados por las múltiples formas de represión ejercidas por aquella criminalidad y, también, por respeto al resto de los demócratas antifranquistas represaliados.

Pero es que, además de esa nefasta manipulación del poeta, utilizar el deseo de las masas que en su anhelo de justicia gritaban en 1977 «Libertad, amnistía, estatuto de autonomía» para justificar en dicho clamor la actual negación de la justicia en base a que

– aquello se coreaba para «imponer la cancelación total de las responsabilidades contraídas en uno y en otro campo».

– y para «clausurar definitivamente la Guerra Civil y las dos Españas que tantas veces habían helado el corazón de los españolitos»; es todo un ejercicio de infantilismo narrativo, cuando no de una estricta manipulación interesada de la historia que en su relato olvida siempre los 40 años de una dictadura totalitaria que violó diariamente los derechos humanos del conjunto de la población de España.

Y más grave aún que, para justificar un voto injustificable, traten de menoscabar con florida retórica la honorabilidad de aquellos partidos de hoy sensibles con el sufrimiento acumulado de cientos de miles, millones, de familias que siguen esperando justicia, a los que acusan de «empeñarse en denostar el sistema constitucional del 78», intentando así proteger y consolidar el mito de una modélica transición que de modélica sólo tuvo el calificativo fabricado en la mente de quienes, como el PSOE, protagonizaron aquel histórico desamparo de unas víctimas que esperaban mucho más de la democracia y de dicho partido.

No comprendemos que, sin reprocharse a sí mismos su contribución activa a la dilación, al paso del tiempo, se pregunten ahora «¿a qué sujetos en concreto podría hoy llevarse a los tribunales después de más de cuarenta años desde la entrada en vigor de la ley, y respecto de hechos delictivos que se remontan a la guerra civil y, en todo caso, a una primera etapa de la posguerra, fundamentalmente?» Si hace 40 años se hubieran hecho esa misma pregunta, hoy no existirían 2.400 fosas comunes sin exhumar, ni los cientos de miles de casos de impunidad que contribuyeron a encubrir. Queda de manifiesto su participación en el desamparo de las víctimas del franquismo.

Pero siendo grave todo lo anterior, lo más deplorable del argumentario empleado es la descabellada referencia que hacen a la «seguridad jurídica». Reconoce el PSOE que la Ley de Amnistía, tal como se redactó, fue uno de los pilares del «pacto de la transición», pero lo que no dice es que no lo fue por sus efectos reparadores en las víctimas de la dictadura, sino por (y esto sí lo dice en su argumentario) los «actos derivados de la Ley de Amnistía (que) tendrían que ser revisados» en caso de modificarse. En otras palabras, están reconociendo y aceptando que todo el peso de los daños criminales de la dictadura descansa sobre el sufrimiento colectivo de sus víctimas.

Tampoco aceptamos esa persistencia en referirse al articulado de la Constitución que, en cuanto a la irretroactividad de la ley (art. 9.3), tiene muy en cuenta la maniobra jurídica que representó la Ley de Amnistía. Las piezas del reloj, encajan. En presencia de disposiciones semejantes, Nüremberg no hubiera tenido lugar.

Por tanto, nos oponemos rotundamente a la interpretación del concepto de «seguridad jurídica» si éste sirve para consolidar la impunidad de una dictadura totalitaria por encima de la construcción de un orden jurídico que proteja a sus víctimas. No es ni justa ni democrática cualquier medida de amparo y protección de la criminalidad de una dictadura totalitaria que, además, imposibilite el amparo y protección del daño que ha infligido a sus víctimas.

Lamentamos la nueva oportunidad desaprovechada por el PSOE para romper con ese reciente pasado de protección de los crímenes de la dictadura franquista y alinearse con la necesidad de amparo de sus víctimas, hecho reconocido por numerosos organismos internacionales de justicia y DDHH.

(*) NOTA: El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo, de conformidad con los acuerdos programáticos adoptados en la asamblea de asociaciones celebrada el 10 de junio de 2017, reclama del Parlamento español que apruebe una ley de declare la NULIDAD en su integridad de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía para:

Posibilitar la investigación judicial de todos los crímenes del franquismo.

Expulsar del ordenamiento jurídico español la legislación franquista. Mantener vigente la ley de amnistía implica reconocer la legalidad franquista, y por lo tanto, que los antifranquistas que se beneficiaron de la ley de amnistía sigan siendo considerados delincuentes por el ordenamiento jurídico español.

En Madrid a 26 de marzo de 2018.

COMISIÓN COORDINADORA DEL ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO