Parece que aquellos que defienden posturas de aceptación, o incluso admiración por el franquismo y su legado, ejercen ahora el papel de víctimas

Por David González Vázquez – 20 marzo, 2018

Por todas y todos es conocido que el PSOE ha presentado una propuesta de reforma de la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. La postura del movimiento memorialista ante esta perspectiva, aunque guardando el más merecido y justificado de los recelos, ha sido de esperanza. La propuesta incluye aspectos como la total cobertura del Estado en los procesos de exhumación de fosas, la “resignificación” del Valle de los Caídos y la exhumación del cadáver de Franco, o la ilegalización de organizaciones y entidades que hagan apología del franquismo. El Partido Popular y Ciudadanos, como era de esperar, han hecho valer la mayoría que poseen en la Mesa del Congreso para vetar su tramitación.

Sin embargo, y más allá de la incidencia real de la propuesta o del oportunismo político que pueda existir detrás de la misma, resulta interesante ver cómo la “derecha historicista” se ha movilizado para denunciar una situación en la que parece que aquellos que defienden posturas de aceptación, respeto o incluso admiración por el franquismo y su legado, ejerzan ahora el papel de víctimas. Así, más de 200 firmas avalan un manifiesto contra dicha propuesta, aprovechando de paso para cargar contra la ley existente desde el año 2007.

Entre los firmantes encontramos a historiadores, escritores, políticos y ex-políticos, académicos o militares. Fernando Savater o Andrés Trapiello no han perdido la oportunidad de reclamar su espacio como vedettes de la intelectualidad conservadora española. Clásicos del revisionismo neofranquista como el siempre beligerante Pío Moa, cuyo personaje hace tiempo que deglutió a la persona, o el destacado hispanista norteamericano venido a menos Stanley Payne se encuentran también entre el repertorio de firmantes. Representando al ámbito político tenemos, entre otras figuras, a Jaime Mayor Oreja, Javier Nart, Alejo Vidal Cuadras o Santiago Abascal, bien acompañados de voceros de la ultraderecha mediática como Carlos Cuesta, Federico Jiménez Losantos o Hermann Tertsch. El resto de la lista es rellenada en su mayoría por militares o académicos, destacando también la presencia de más de un apellido de alta cuna.

El manifiesto abre apuntando que “no se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos”. A partir de este primer argumento se puede leer como “legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo” y que es “antidemocrático y liberticida”, todo ello aderezado con las clásicas referencias a las chechas, el totalitarismo soviético y demás clichés revisionistas.

Lo cierto es que la debilidad argumental del manifiesto es, valga la redundancia, muy manifiesta. El planteamiento global confunde rotundamente dos conceptos que, pese a ser relativamente complementarios, son ricos en su diferencia: hablamos de historia y memoria. Sí, sería bueno que los firmantes comprendieran o quisieran comprender aquello que las diferencia. Tal vez así podrían plantear una nueva versión del manifiesto que no presentara una disfunción argumental tan notable. Con efecto aclarador y resumiendo en una frase lo que podría ocupar varios tomos de enciclopedia, diremos que la historia es el estudio del pasado, o incluso el pasado mismo, mientras que la memoria es la representación de dicho pasado en el presente.

Aclarado esto, resulta fácil entender la magnitud del error en su hilo argumental. A diferencia de lo que dice el manifiesto, aquí nadie propone legislar sobre historia. Aquí lo que se pretende, igual que en otras tantas latitudes democráticas de nuestro planeta, es legislar sobre memoria. Ni los firmantes del manifiesto ni nadie han de temer pensando en que una ley va a cambiar la historia. Eso nunca pasará. En Julio de 1936 hubo un golpe de estado ejecutado por buena parte de la oficialidad del ejército español, respaldado por diversas milicias fascistas y tradicionalistas, que respondía a los intereses de las élites tradicionales del país. Este es un hecho que la historia nos muestra como irrefutable, como también nos muestra que más de 100.000 republicanos, asesinados durante o con posterioridad a la Guerra Civil, finalizaron sus días en una fosa común. Una gran mayoría de ellos aún yacen en los mismos lugares donde fueron ejecutados a la espera de una sepultura digna. Semejante atrocidad se explica, precisamente, por la falta de legislación sobre memoria.

Aquello que sí es susceptible de ser modificado, reinterpretado o actualizado, es el modo en el cual nuestra sociedad interpela a su pasado. Ello no quiere decir que se vaya a modificar el hecho de que hubiera un golpe de estado que evolucionara a una guerra civil y a una dictadura, ni que las más de 100.000 víctimas de la represión franquista vayan a dejar de serlo. Legislar sobre memoria no conlleva una modificación de los hechos históricos.

Legislar sobre memoria en España conlleva, básicamente, que nunca debería permitirse la existencia de elementos de conmemoración o glorificación a los sujetos que provocaron el desastre político, económico, social y humanitario más relevante de la historia contemporánea española. Que entidades como la Fundación Francisco Franco, que hace abierta y orgullosamente apología de la obra del Caudillo, no deberían tener permitida su actividad, de la misma manera que otras culturas democráticas europeas no contemplan la legalidad de entidades promotoras de la glorificación de sus otrora dictadores. Que el Valle de los Caídos, el monumento fascista de mayores dimensiones existente en todo el mundo, sea convertido en un espacio de memoria democrática en lugar de permanecer como una cruel y esperpéntica reminiscencia de la dictadura. En definitiva, que la imagen de nuestro pasado ubique a los verdugos de la democracia como los asesinos que fueron, y no como un accidente de la historia.

http://iniciativadebate.net/2018/03/20/legislar-la-historia-un-manifiesto-mal-conceptualizado/