Tras la llegada a la Argentina del presidente Mariano Rajoy y su visita al Parque de la Memoria en Buenos Aires

 

COMUNICADO N° 2.

Buenos Aires

Tras la llegada a la Argentina del presidente Mariano Rajoy en que visitó el Parque de la Memoria en Buenos Aires en cuyo protocolario acto firmó en el libro de visitas y arrojó una flor al agua en homenaje a todas las víctimas de la última Dictadura Cívico Militar declaramos a la opinión pública:

El cinismo de Rajoy supera todos los límites: pide reconocimiento para las víctimas de la dictadura argentina mientras se mantienen impunes los crímenes de lesa humanidad en su propio país, la ley de Amnistía vigente impide la nulidad de las sentencias ilegales de los tribunales militares durante la dictadura así como el resarcimiento de expolio económico derivado del Tribunal de Responsabilidades Políticas que arruinó a familias enteras en la posguerra y el enjuiciamiento de responsables como los ex-ministros de Franco que firmaron condenas de muerte que todavía viven: Martín  Villa y Fernando Suárez González.

Desinformación o “argentinizar la memoria”.

Por estos lares lo padecemos en cualquier conferencia o acto público,  hay una tendencia en parte la prensa y en boca de algunos profesionales de la justicia y querellantes, lo que comúnmente se conoce como “argentinización” de la querella presentada en el juzgado de Servini de Cubría y que tiene su explicación por no querer relacionar la dictadura de Franco con las dictaduras de su contexto europeo, es decir Italia y Alemania, lo que como consecuencia pedir un «Nuremberg» español

No se deja de hablar de los 100.000 “desaparecidos”. Craso error de cifras y conceptos derivados del auto del exjuez Garzón, una vez más acudamos a las fuentes documentales, ya en el acto celebrado el 25/04/2006 en Madrid, el ex Fiscal Jefe de la Fiscalía General Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo expuso los datos facilitados en 1943 por el Ministerio de Justicia franquista a través del Director General de Prisiones, Ángel B. Sanz:

~A 7 de Enero de 1940 había en España: 270.719 presos políticos.

~ A 10 de abril de 1943 quedaban: 92.477 presos políticos

~ El informe oficial señala que entre 1 de abril 1939 y 30 de julio 1940 los presos políticos fallecidos son 192.684, entre los que se incluyen los ejecutados tras pasar por un juicio de un tribunal militar, y los muertos por inanición, malos tratos y torturas en las cárceles, campos de concentración  y campos de trabajos forzados franquistas.

A estos datos habría que añadir los 30.000 “desaparecidos” según la evaluación del Consejo de Europa o los 40.000 de trabajos de investigación posteriores.

No estamos por tanto ante un cuadro general de “desapariciones forzosas” como se tiende a repetir de forma acrítica en muchas declaraciones. No lo sigamos divulgando como un disco rayado todo el tiempo lo mismo.

Cuando se habla de paralelismos existentes entre las realidades argentinas y españolas hay que señalar que la represión de la dictadura franquista fue de naturaleza distinta a la argentina. Mientras que en la Argentina, fueron las cloacas del estado las que secuestraron los disidentes, el aparato clandestino del estado los secuestra con Ford Falcon, los lleva a la ESMA, los tortura y los hace desaparecer tirándolos de un avión en el Atlántico. En España en cambio, hay luz y taquígrafos, el ejército golpista según avanza lleva un tribunal militar consigo acompañando las tropas y montan un tribunal de apariencia legal en cada ciudad o pueblo importante, existen toneladas de papel de documentación con el objeto de «ejemplarizar», de sembrar el miedo, es la » Causa general» al estilo de la Inquisición.

En Argentina, los opositores y demócratas fueron secuestrados, torturados y asesinados ilegalmente, mientras en la superficie, la dictadura  lo negaba todo.

Los “desaparecidos extrajudiciales” en España en las zonas controladas por los golpistas en los primeros momentos en 1936 fueron obra de escuadrillas de Falange, Requetés y Guardia Civil que secuestraron y asesinaron a miles de republicanos, enterrados en cunetas y fosas clandestinas, unas 2.400 según las últimas averiguaciones. Y lo hacen en cumplimiento del Bando de Guerra del jefe local de la sublevación donde siempre se dice….que los elementos del Frente Popular que no secunden este levantamiento militar serán «pasados por las armas». Hay una tendencia en pensar que esos secuestradores lo hacían por su cuenta o sin conocimiento de la autoridad militar golpista, descontrolados, ordenarlo en cada caso quizás no, pero sí con una apariencia de legalidad y conocimiento, porque todo lo que pasaba en la retaguardia era conocido por los jefes militares a través del Servicio de Inteligencia policial y militar (SIPM) del ejército de ocupación.

Toda la sociedad española fue víctima.

La represión de la dictadura no fue solo cuestión de asesinatos, sino de sometimiento a toda la población. depuración, encarcelamientos, expropiación de bienes masivo, cada crimen considerado de «lesa humanidad» fue cometido por el franquismo.

De acuerdo al Informe Nizkor el caso español no se encuadra bajo la figura de “genocidio” para los crímenes de la dictadura franquista sino que concurren “crímenes de lesa humanidad”.

El franquismo cometió todas y cada una de las tipologías calificadas como «crímenes de lesa humanidad»: el asesinato, el exterminio, el empleo de mano de obra esclava, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación, las persecuciones o discriminación por motivos políticos… y por supuesto, el secuestro y la desaparición forzosa. Malos tratos o la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados en campos de concentración, el asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra, la toma y ejecución de rehenes, el expolio de bienes, la destrucción de ciudades y pueblos mediante bombardeos de enclaves civiles.

Sobre las cuentas del exjuez Garzón.

En su acusación se habla de 114.226 “desaparecidos” en cunetas y fosas comunes, asociándose la idea con los 30.000 desaparecidos en la Argentina.

Parece que al hablar de «víctimas del franquismo» sólo estamos hablando de víctimas con resultado de muerte, que hablamos de «desaparecidos» y «desapariciones forzosas» por la dictadura desde el primer día allí donde triunfa el golpe, en la retaguardia franquista, en los territorios ocupados según avanza la contienda y en la posguerra.

Personas que son secuestradas y ejecutadas extrajudicialmente, los «paseados» como Lorca, por ejemplo, lo son por milicias de Falange que lo hacen con perfecto conocimiento del llamado «Ejército de ocupación».

De los 114.226 “desaparecidos” el número real de desaparecidos oscilaría entre 30.000 según la evaluación del Consejo de Europa y los 40.000 de trabajos posteriores,  principalmente en Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, las zonas controladas por los sublevados durante los primeros meses del golpe, pero la inmensa mayoría de los asesinados por Franco, – no son desaparecidos-  son personas fusiladas en cumplimiento de una sentencia de un tribunal militar, tras un juicio ilegal. Son más de 90.0000 y casi todos en la posguerra una vez se ha instaurado la dictadura en todo el territorio. Así sí salen las cuentas del número de “desaparecidos” de Garzón.

Leemos en publicaciones y declaraciones frases manidas como «España es la segunda nación con más desaparecidos, después de Camboya». Cuando se habla de fosas, se equipara las sepulturas y fosas del cementerio, perfectamente localizadas y marcadas en numerosa documentación, con las fosas comunes clandestinas en las cunetas y no es lo mismo.

No se puede solicitar “verdad” si se empieza faltando a ella, si se llama «desaparecidos» a los que son «asesinados» con sentencia firme generalizando «cuneta» con «fosa común» que sí presenta número de registro en el cementerio y orden de exhumación del juzgado.

Llamando a todos con el término cómodo de «desaparecidos» no se afronta lo más importante, y es que sus sentencias siguen siendo legales, es no pedir que se anulen sus tribunales, es no pedir que se anulen sus sentencias. Todo se reduce a que están desaparecidos y «hay que encontrarlos», como si fueran abducidos por  extraterrestres. Todo parece consistir en exhumar los cuerpos de la víctimas y en darles entierro digno en silencio cuando no se trata solo de desenterrar los restos sino de recuperar sus ideas para devolverles su dignidad, a las víctimas y a sus familiares.

No querer ver las orejas al burro.

Desde el gobierno del PP se patrocina la inhibición de los jueces y la privatización de la exhumación de víctimas del franquismo con la ayuda de entidades memorialistas que se prestan a ello, evitando la presencia oficial de los jueces para llevar a cabo la investigación y el levantamiento de restos y pruebas, solo admiten  peticiones administrativas para «traslado de huesos” en fosas comunes y cunetas, no investigan un asesinato, no revisan su causa, no abren una investigación penal, no se hacen cargo de la exhumación.

El PP ignora el esfuerzo de los familiares de víctimas del franquismo que intentan exhumar en las 2.400 fosas “documentadas” al desatender la propia Ley de Memoria Histórica, eliminando toda ayuda económica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tipificando dos tipos de “víctimas” las del franquismo y las “nacionales”, como las de la División Azul (componentes del Ejército español que bajó bandera nazi combatió en la URSS), para las que sí ha habido ayuda económica (Defensa ha gastado 23.000 euros en repatriar a 29 miembros de la División Azul).

Sin quererle quitar importancia a la querella interpuesta ante la jueza Servini de Cubría por familiares de víctimas del franquismo que supuso una herramienta potentísima de acción directa para visibilizar ante la opinión pública internacional la impunidad de los crímenes del franquismo pensamos que es un callejón sin salida, la cruda realidad es que el Tribunal Supremo del Reino de España en febrero 2012 dictaminó la imposibilidad de que en España se realicen “Juicios de la Verdad” o  indagación judicial de hechos con apariencia delictiva, por ello se archivan las denuncias ante Fiscalía tanto de entidades autonómicas, municipales, particulares y querellas internacionales sin más trámite por más que sean crímenes tipificados como de lesa humanidad y de naturaleza imprescriptible y permanente.

Modelo de impunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2012 dejó bien blindado el modelo español de impunidad en base las siguientes consideraciones o interpretaciones:

1. A) La inaplicación de la tipificación de crímenes contra la Humanidad establecida en el proceso de Nüremberg a los delitos cometidos por la dictadura franquista.
2. B) La vigencia y aplicabilidad de la Ley 46/1977 de Amnistía a los delitos cometidos durante la dictadura franquista.
3. C) La defensa de un modelo transicional que se fundamenta en la no persecución de los delitos cometidos durante la dictadura como modelo de reconciliación nacional, para lo cual la sentencia no duda en hacer una interpretación restrictiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y mantener la prevalencia de las normas de derecho internacional.

Cualquier iniciativa judicial o querella choca con esta sentencia y quien diga lo contrario, miente. Hasta que no se anule la vigente “Ley de Amnistia” tendremos las manos atadas.

Juan López Páez

Representante del Foro por la Memoria histórica española en la Argentina