El propio torturador ha sido preguntado en el proceso y ha alegado que no se debe dar información

El recién cesado director general de Policía denegó antes de irse una petición de eldiario.es que solicitaba, a través del Portal de Transparencia, conocer por qué se condecoró a este policía franquista en 1977

El propio torturador ha sido preguntado en el proceso y ha alegado que no se debe dar información: «Infringe mi derecho a la protección de datos. Puesta en riesgo de mi propia integridad personal»

La Policía asume los argumentos del agente de represión y justifica que revelar el expediente podría generarle «inseguridad y ansiedad» e incluso vislumbra que provocaría «conflictos»

Raquel Ejerique

La Dirección General de la Policía ha denegado una petición de eldiario.es  a través del Portal de Transparencia en la que se solicitaba el expediente y los méritos del expolicía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por los que fue condecorado y pudo aumentar su pensión de jubilación. Este organismo se ha negado a aportar tanto el expediente general como la relación de virtudes y méritos, aunque admite que tiene estos documentos y que la información «no contiene datos especialmente protegidos», pero entiende que puede afectar a la «intimidad y seguridad» del exagente policial, a quien también ha permitido alegar en contra. El mismo organismo rechazó responder a la petición de información que hizo días antes la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre este asunto con los mismos argumentos.

En esta respuesta a eldiario.es, fechada el 25 de junio, Germán López Iglesias, el director general de la Policía nombrado por el Gobierno del PP y cesado el 30 de junio, niega el acceso a la información al entender que no hay suficiente «interés público» en relación con el derecho a la protección de datos personales del torturador, denunciado en siete querellas por sus víctimas. En el momento en el que este medio registró oficialmente la pregunta se conocía que este inspector de la Brigada Político-Social de Franco tenía una medalla por méritos policiales, tal y como denunció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. En las semanas sucesivas se ha revelado que acumula cuatro, lo que aumenta un 50% su paga mensual costeada por los Presupuestos Generales del Estado.

La resolución de la Dirección General de Policía hace hincapié en que «facilitar la relación de méritos realizados por José Antonio González Pacheco durante su carrera policial, vulneraría su derecho fundamental a la intimidad», pese a que se trata de un expediente de méritos policiales de hace más de 40 años en el desempeño de su trabajo, no de asuntos relativos a la intimidad o lo personal.

Según se revela en este documento enviado a eldiario.es, también se ha consultado al propio Billy el Niño sobre esta petición de información. Pero no está claro por qué, ya que la ley solo contempla la consulta y consentimiento del afectado en caso de «datos especialmente protegidos» ( art. 15.1) y no es el caso, como admite la propia resolución. El expolicía ha hecho alegaciones al respecto para que no se aporte su expediente y cita concretamente: «Que el acceso solicitado infringe mi derecho a la protección de datos de carácter personal. Puesta en riesgo de mi propia integridad personal».

La Dirección General de Policía asume este argumento y justifica más adelante que «el conocimiento de estos datos pondría al afectado en un estado constante de inseguridad y ansiedad (…), vulnerando así el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Europea». Ese artículo cita que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad». Y el exdirector general va más allá en el documento, vislumbrando incluso posibles consecuencias sociales ya que, en opinión de López Iglesias, dar esta información a eldiario.es «podría derivar en numerosos conflictos», aunque no especifica de qué tipo.

Pero, ¿cómo el conocimiento público de unos méritos policiales fechados hace cuatro décadas podrían poner en riesgo su seguridad? López Iglesias procede a explicarlo: «Si las personas responsables de hechos delictivos en los que el Sr. González Pacheco participó como agente de la autoridad, cumpliendo las funciones de su cargo para garantizar la seguridad ciudadana, conocieran esa participación, podrían llevar a cabo acciones de represalia contra él, haciendo peligrar su identidad y la de otras personas, dado que en la relación de méritos figura información al respecto».

Expertos en Derecho Administrativo consultados por eldiario.es responden que, en estos casos, se procede a anonimizar o eliminar los datos personales como DNI, domicilio o nombres propios, pero se debe aportar la información ya que estaría sujeta a la Ley de Transparencia. Si el documento existe y hay un interés público, por principio de proporcionalidad no se deniega todo el acceso, sino que se puede limitar a la parte que no vulnere datos personales. De hecho, el mismo artículo de la Ley que cita la Dirección General de Policía para denegar su acceso ( art. 15) recoge esta posibilidad: no se podrá denegar «si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas».

Antonio González Pacheco fue un agente de la brigada de represión policial secreta de Franco y cuyas torturas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid han sido públicamente denunciadas. Siete de sus víctimas se han querellado contra él y los relatos de decenas de ellas hacen hincapié en sus ensañamientos. Entre sus técnicas de tortura estaba el saco de golpes, colgamiento de barras, el pasillo o la ventana, por la que se asomaba a los detenidos con la amenaza de hacerles caer al vacío. Este agente fue requerido por la justicia argentina en la querella que investiga el franquismo. La jueza María Servini pidió a España su extradición por las 14 torturas denunciadas por un grupo de entonces jóvenes activistas que se cometieron presuntamente entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.  La Audiencia Nacional la rechazó, pese a que apreció un posible delito de torturas, porque consideró prescrito el delito treinta años atrás.

El Gobierno de Rajoy se negó a retirarle las condecoraciones, pero el nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha iniciado un expediente para conocer la situación y concesión de esas medallas policiales y si se pueden y deben retirar. Algo a lo que se ha mostrado proclive, aunque de momento no hay una decisión tomada.

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