Se ha cerrado el proceso participativo para enmendar el anteproyecto de la nueva ley de memoria de CatalunyaBarcelona. Miércoles, 12 de diciembre de 2018

El aniversario de las siete décadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha servido para reafirmar el cumplimiento de los derechos que tendrían que ser básicos para todo ser humano. Los derechos humanos siguen sin estar garantizados y son vulnerados en el mundo, también en nuestro país. La vulneración de los derechos civiles y políticos de los líderes independentistas catalanes pone de manifiesto la conspiración de estado contra la dignidad inherente, los derechos fundamentales, la libertad y la justicia de un pueblo. La prisión preventiva, el exilio, la parcialidad de los tribunales y el juicio político simbolizan la continuidad granítica de un régimen franquista actualizado, persistente, sombrío, constitucionalista y político.

El reino de España incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queda demostrado que no somos todos iguales ante la ley (artículo 7). Tampoco tenemos derecho a un recurso efectivo en los tribunales competentes (artículo 8). Es frágil la opción de que nadie pueda ser detenido o preso arbitrariamente (artículo 9). Inverosímil que toda persona tenga derecho a ser escuchada por un tribunal independiente e imparcial (artículo 10). Cuestionable que todo acusado por un delito tenga derecho a la presunción de inocencia (artículo 11). Irreal que toda persona tenga derecho a la libertad de opinión y expresión (artículo 19).

La violación de derechos humanos en el estado español tiene una base sólida ligada a la dictadura franquista. Franco (como Hitler) priorizó el exterminio de la sociedad opuesta a los valores del régimen mediante la purga y la eliminación de todo vestigio con olor a democracia. Los 500.000 muertos provocados por la Guerra Civil española fueron seguidos por la dictadura fascista más larga de Europa. Durante los 3 años posteriores al fin del conflicto, de los 250.000 encarcelados, 28.000 fueron ejecutados y otros 20.000 muertos durante la dictadura.

Las 114.000 personas que continúan desaparecidas reafirman el posicionamiento de Amnistía Internacional, que considera el estado español como el país con más fosas comunes del mundo después de Camboya (1,5 millones de muertos).

Es público y notorio que las políticas en materia de memoria democrática han llegado tarde y que son miles las personas que no han podido recibir la reparación en vida

La calidad democrática de una sociedad también se mide con la implantación de unas políticas de memoria histórica basadas en la reparación y fomentadas con los principios de las Naciones Unidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El estado español sigue violando los derechos humanos y las políticas de memoria son inexistentes (aparte del marketing político del PSOE al querer sacar a Franco del mausoleo). Una Ley de Memoria española patrocinada por Zapatero y del todo inefectiva, infestada de anomalías gracias a la complicidad y simpatía de los partidos del régimen del 78, conjurados para aplicar la amnesia colectiva.

La ley de amnistía ha conjurado la impunidad y la actualización del franquismo, con el empoderamiento de los tribunales para pasar página sin juzgar a los autores de los crímenes de lesa humanidad y que siguen paseando por la Castellana con medallas de coñac de los brindis con los nuevos grises del Estado.

Anteproyecto de la ley integral de la memoria democrática de Catalunya

Catalunya es imagen de la lucha por las reivindicaciones democráticas expresadas, también, con el derecho a la memoria. Queda patente en el artículo 54 del Estatuto de Autonomía: «La Generalitat y los otros poderes públicos tienen que velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica…».

Esta semana se ha cerrado el proceso participativo para enmendar el anteproyecto de la nueva ley de memoria. En Catalunya, podemos decir que no tenemos una ley de memoria como tal, sino que tenemos tres leyes que globalizan el trabajo en los diferentes ámbitos: la ley del Memorial Democrático (13/2007), la conocida como «ley de fosas» (10/2009) y la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (11/2017). El trabajo de estas leyes nos ha llevado a ver la creación de espacios de memoria como el de la batalla del Ebro (COMEBE) o el Museo del Exilio (MUME), la apertura de fosas o un mapa en Catalunya con más de 500 por abrir, la recogida de muestras genéticas de familiares, un censo de familiares de desaparecidos con casi 6.000 inscritos o la anulación de más de 65.000 sentencias sumarísimas franquistas.

Una ley que tiene que servir para mejorar las carencias que todavía quedan por resolver pasados 80 años. Queda pendiente mucho trabajo, como es el caso de los niños robados, la reparación de los derechos a las personas privadas de libertad por razones políticas, una legislación eficaz sobre la simbología franquista, la coordinación entre organismos de las administraciones públicas en políticas de memoria o la creación de una comisión de la verdad. Pero por delante de cualquier precepto legal, hay el sentimiento y la memoria de las personas.

Es público y notorio que las políticas en materia de memoria democrática han llegado tarde y que son miles las personas que no han podido recibir la reparación en vida. Sin embargo, todavía estamos a tiempo con la priorización de la identificación de las personas desaparecidas como urgencia humanitaria, la coordinación en la estrategia entre organismos con la apertura de las fosas o incluir el concepto jurídico de desaparición forzada o involuntaria de las víctimas de entre el periodo 1936-1977. Es un derecho y un deber hacerlo.

Ahora tenemos una oportunidad histórica, no sólo de hacer una ley, sino de que sea la mejor

Remarcar la sensación generalizada dentro del ámbito de las entidades de memoria que las políticas no son participativas, poco transversales e incluso, en algunos casos, excluyentes. Sensación de poca coordinación del trabajo entre la sociedad civil y las políticas del Govern.

Ahora tenemos una oportunidad histórica, no sólo de hacer una ley, sino de que sea la mejor. Una ley que aporte transparencia en las actuaciones, lejos de cualquier monopolio y con los datos abiertos a los familiares que todavía buscan a sus desaparecidos. Datos abiertos con respecto a los trabajos en las fosas, así como la gestión de los restos humanos y los cruces genéticos. En definitiva, aprovechar todo lo que el siglo XXI nos presta, para no hacer una ley del siglo XX.

El éxito de las políticas de memoria democráticas radica también en la colaboración y la cooperación entre actores, desde la administración local, pasando por las entidades y la ciudadanía, hasta la experiencia y el conocimiento de los expertos. Si eso no se fomenta, el resultado será volver a cometer los errores del pasado.

Las políticas públicas de memoria tienen que ser un pilar transversal para recuperar la identidad de la Catalunya que resistió a la dictadura franquista. Unas políticas de país y un pilar democrático de lucha contra el fascismo y contra el revisionismo que están utilizando tanto la extrema derecha como determinados partidos políticos con el fin de confundir a la ciudadanía. Hace falta una política participativa y de refuerzo de los derechos humanos a fin de que esta memoria democrática sea permeable a la sociedad y apele a valores transversales y de generosidad.

Esperanzados, pues, de que la nueva ley de memoria historia de Catalunya pueda solucionar los problemas actuales y afrontar un futuro donde la memoria se convierta en símbolo permanente de la tolerancia, de la dignidad de los valores democráticos, del rechazo de los totalitarismos y del reconocimiento de todas las personas que han sufrido persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas o de conciencia.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/roger-heredia-memoria-columna-vertebral-vencer-fascismo_333843_102.html